Asesinato de Isabel Carrasco: Triana Martínez logra su primer permiso de la cárcel tras 27 rechazos
La condenada a 20 años por el crimen de la presidenta de la Diputación saldrá tres días de la prisión de Asturias, donde cumple condena junto a su madre Montserrat González

Triana Martínez y su madre Montserrat González, en una imagen de archivo durante el juicio.
Primer permiso, después de 27 denegaciones. Triana Martínez, condenada a 20 años de cárcel por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, en 2014 obtiene por primera vez la validación de un permiso penitenciario por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria, tras años de negativas y controversia sobre su progresión penitenciaria, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y recoge Europa Press. La condenada por el crimen de la presidenta de la Diputación saldrá tres días de la prisión de Asturias, el tercero centro penitenciario por el que pasa ya tras los de León y Valladolid, donde cumple condena junto a su madre Montserrat González.
Triana Martínez era condenada a 20 años de prisión como cooperadora necesaria en el asesinato de Isabel Carrasco, ocurrido el 12 de mayo de 2014 en León. La víctima era entonces presidenta de la Diputación Provincial y líder del PP en la provincia y la ejecutora del crimen, tal y como reflejaba la posterior sentencia, había sido su madre en la pasarela sobre el Bernesga que une el paseo de la Condesa con la avenida Salamanca en la capital leonesa.
Según los hechos probados, el crimen había sido planificado por Triana y su madre, Montserrat González, y la policía local Raquel Gago, que también era condenada a 14 años y que ya se se encuentra en libertad con un dispositivo telemático, como represalia tras el despido de Triana Martínez en la Diputación, acentuando así la motivación de venganza.
Desde 2019, cuando Triana cumplía la cuarta parte de su condena, había solicitado reiteradamente permisos de salida ordinarios: hasta 27 solicitudes eran denegadas sucesivamente por el juzgado. La Fiscalía se oponía en casi todos los casos, argumentando gravedad del delito y persistencia de riesgos penitenciarios.