Castilla y León avanza en la "definición" del contenido de la nueva ley de Concordia pactada por PP y VOX

La Junta de Castilla y León está "avanzando en la definición del contenido" de la ley de Concordia, ya que el pacto de gobierno suscrito por PP y VOX recoge que debe aprobarse antes de junio de 2027. Además, el próximo año mantendrá las actuaciones de investigación, localización y recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

Así lo trasladó este martes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento.

González Gago, que presentó unas cuentas de carácter "transversal", dotadas con 197,02 millones de euros, explicó que durante el próximo año se destinarán 245.000 euros a las acciones vinculadas con la Guerra Civil y la dictadura. De estos fondos, 105.000 euros financiarán proyectos de investigación en las universidades públicas de Castilla y León, y 140.000 euros apoyarán actuaciones de prospección, localización, exhumación e identificación de víctimas realizadas por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Además, el titular de la Presidencia explicó que se mantendrán las actuaciones de difusión de los valores democráticos y constitucionales, así como de la memoria de la Transición.

Igualmente, garantizó una política basada "en la convivencia y el reconocimiento de todas las víctimas". "Si hay un pasaje de nuestra historia común que no debemos borrar, ese es el terrorismo", dijo para comprometer un desarrollo reglamentario de la ley autonómica y la continuidad de actividades basadas en los principios de "memoria, dignidad, justicia y verdad".

Retorno

Por otra parte, el consejero aseguró que las políticas de retorno seguirán ocupando un "lugar central" en su departamento. "El derecho a regresar y trabajar en su propia tierra formará el eje central de la acción exterior de la Comunidad", dijo González Gago quien señaló que "muchas" de aquellas personas emigradas, así como sus hijos, valoran ahora la posibilidad de volver para desarrollar aquí su proyecto vital, profesional o familiar.

"El retorno representa mucho más que un movimiento de población; representa la recuperación de talento, experiencia, conocimiento y capital humano; representa también una oportunidad para afrontar algunos de los grandes desafíos de nuestro territorio, especialmente los relacionados con la evolución demográfica, la cohesión territorial y el relevo generacional", dijo.

Por ello, anunció que se reforzará el próximo año el programa ‘Pasaporte de Vuelta’, destinado a facilitar el regreso de castellanos y leoneses residentes en el extranjero o en otras comunidades, con una dotación inicial de 820.000 euros, casi un 60% más que en los últimos ejercicios. No obstante, si la demanda lo requiriera, y hubiera disponibilidad presupuestaria, la convocatoria podría ampliar su dotación inicial hasta un máximo del cien por cien adicional.

También, se incrementará hasta 500.000 euros el programa ‘Volver a Castilla y León’, orientado a fomentar el emprendimiento y la contratación laboral de quienes deciden regresar, lo que supone un incremento del 25%.

"Olvido" del Gobierno con la financiación local

Por otro lado, González Gago denunció el "olvido" del Gobierno con la financiación local y demandó su actualización, conjuntamente con el sistema de financiación autonómica, para incorporar criterios como "la despoblación, la dispersión, la movilidad", la cobertura de servicios locales o la protección del medio ambiente y el patrimonio.

Gago defendió que la actualización se lleve a cabo desde los principios de "justicia social, solidaridad y equidad" para avanzar hacia un sistema de reparto "más justo", basado en criterios "objetivos, transparentes y actualizados".

Igualmente, el consejero indicó que el próximo año el Plan de Cooperación Local alcanzará los 559 millones, "la cuantía más elevada de la historia de Castilla y León", y un 16,7% superior a la cifra recogida en el último presupuesto aprobado. Además, a esta cantidad se suman otros 9,4 millones para financiar competencias transferidas o delegadas, de modo que las entidades locales recibirán en conjunto 568 millones.

De esta cifra global, 123 millones corresponden a la Cooperación Económica Local General, mientras que 436 millones forman parte de la Cooperación Económica Local Sectorial, gestionada por las distintas consejerías, y coordinada desde Presidencia. Una de las principales novedades de 2027 será la creación de una garantía mínima para el Fondo de Participación en los Impuestos Propios

Así, este fondo, de carácter incondicionado, alcanzará en 2027 los 15,07 millones, cantidad que actuará además como garantía mínima para ejercicios futuros. Además, el Fondo de Cohesión Territorial, aumentará un 6,3%, hasta los 21,26 millones y, al incorporar también aportaciones de diputaciones y ayuntamientos, permitirá movilizar más de 42,5 millones.

Otro de los aspectos que destacó es la ayuda actual de hasta 3.000 euros para los gastos corrientes, que permiten mantener abierto el único bar, que sumará otros 3.000 euros para cubrir los gastos de Seguridad Social de su gestor, si el bar incorpora, además, una pequeña tienda o ultramarinos para ofrecer a sus vecinos productos básicos de alimentación o limpieza, entre otros.

Secretarios-interventores

Por otra parte, el consejero de la Presidencia reclamó al Gobierno un "mayor compromiso" con la "cobertura definitiva" de los puestos de secretarios-interventores, ya que denunció presentan una tasa de interinidad "excesivamente alta". Además, defendió que estos cuerpos mantengan su carácter nacional, "sin dividirlos" por comunidades, en función de intereses "meramente políticos", como garantía de su "profesionalidad, independencia y rigor".

González Gago explicó que el próximo año seguirán "perfeccionando y agilizando" las bolsas autonómicas para nombramientos interinos, al tiempo que reforzará la formación mediante la modificación de la normativa reguladora. Además, destacó que ya se ha dado respuesta a las necesidades "temporales" de cobertura de más de la mitad de los municipios de la Comunidad, por lo que aseguró en una herramienta "eficaz" para afrontar lo que consideró uno de los "principales" problemas de la administración local.

En concreto, González Gago detalló que en la primera edición de la bolsa de secretarios-interventores -desde septiembre de 2023 a junio de 2026-, se dio respuesta a las necesidades de cobertura temporal de estos puestos en 1.171 municipios de Castilla y León, más del 52% del total. En la segunda edición, avanzó que ya se han hecho 63 nuevos nombramientos, que han cubierto de forma interina las plazas en 129 municipios.

Asimismo, el titular de la Presidencia consideró que el Gobierno debería tomar medidas, ya que argumentó le corresponden planificar una oferta de empleo público "adecuada y suficiente", así como la convocatoria de los procesos selectivos de acceso. Finalmente, reivindicó la aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio, prometido por el Ejecutivo central.