Diario de Castilla y León

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA 2027

Pollán fusiona los bonos Concilia e Infantil: una familia, una solicitud y una única ayuda

El consejero de Desregulación pide "paciencia" a PSOE y Soria Ya para reducir cargas administrativas porque "lleva mucho tiempo"

El vicepresidente primero recorta un 58% la cooperación al desarrollo

Carlos Pollán comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamento

Carlos Pollán comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 en lo relativo a su departamentoICAL

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Diario de Castilla y León | El Mundo
Valladolid

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La Junta de Castilla y León unificará el próximo año el Bono Concilia y el Bono Infantil en una única ayuda bajo la premisa de que cada familia pueda tenga que presentar una sola solicitud. Además, se elevarán los umbrales de renta para ampliar su cobertura y conseguir que lleguen a un mayor número de hogares de la Comunidad.

Así lo anunció el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 en lo referente a su departamento, que gestionará 457,6 millones de euros, lo que supone un 13,39% más que en 2024.

En ese sentido, Pollán hizo hincapié en que los estos cambios previstos harán que el apoyo a las familias con hijos pase el próximo ejercicio de 31 a 51 millones. También destacó los 20 millones previstos para el Bono Nacimiento, que recordó ya ha implantado el pago único, o los 5,3 millones del Programa Conciliamos, como recoge Ical.

Asimismo, el consejero avanzó que durante 2027 el objetivo será completar la implantación de la Red Mediacyl en todo el territorio de Castilla y León y avanzar especialmente en el acercamiento de estos servicios al medio rural. Para ello, los convenios destinados a extender esta atención contarán con una dotación de un millón.

En definitiva, Carlos Pollán destacó que su departamento ha previsto 73,5 millones para desarrollar el próximo año una política familiar «más amplia, más sencilla y más cercana» y que las acompañe desde el nacimiento de sus hijos, que las ayuda a conciliar, que reduzca el esfuerzo económico asociado a la crianza o que facilita servicios en los pueblos. A su juicio, deja de ser «únicamente una declaración de intenciones» para convertirse en una «prioridad» presupuestaria.

Por otra parte, el vicepresidente aseguró que el «deseo mayoritario» continúa siendo formar familias «más grandes» y advirtió la existencia de una «brecha evidente» entre los hijos que las familias desean tener y los que finalmente pueden tener. «No se trata de decir a las familias cuántos hijos deben tener, sino de conseguir que quien quiera tener hijos no tenga que renunciar a ello por falta de recursos, por dificultades laborales o porque resulte imposible compatibilizar familia y empleo», argumentó.

En materia de cooperación al desarrollo, Pollán anunció un recorte del 58% en el presupuesto de 2027 y aseveró que «ningún euro» público financiará a entidades que participen en la promoción de la inmigración irregular, según recoge Europa Press.

El vicepresidente primero de la Junta encuadró estas medidas dentro de un eje de actuación orientado al «control a la inmigración» mediante el principio de «prioridad nacional». En concreto, la partida de cooperación al desarrollo bajará de 6,6 a 2,7 millones de euros en el próximo ejercicio para cubrir únicamente «compromisos ya adquiridos». Según expuso Pollán, los casi cuatro millones de euros de diferencia servirán para reforzar las ayudas a la conciliación de las familias castellanas y leonesas. Asimismo, la cooperación que permanezca priorizará a los países que colaboren con la administración autonómica en el «retorno de los menores extranjeros no acompañados con sus familias».

En materia regulatoria, Pollán reiteró que el acceso a los fondos autonómicos se articulará bajo el «principio de prioridad nacional». «Lo concretaremos, dentro de la legalidad vigente, con un periodo mínimo reforzado de arraigo y empadronamiento, y vinculando el acceso a la trayectoria de cotización y permanencia», detalló. En el ámbito del bienestar social, el consejero ha confirmado un incremento del 56% en los programas desarrollados con el Tercer Sector, dotados con 13,6 millones de euros. No obstante, ha advertido de que la Administración autonómica introducirá modificaciones en las bases reguladoras para asegurar que las ayudas vayan dirigidas de forma exclusiva a personas vulnerables en «situación regular en España».

Dejó claro, una vez más, la intención de «explorar todas las opciones» previstas en la Ley de Extranjería para proceder a la repatriación de los menores extranjeros no acompañados, hasta el límite de las atribuciones de la Comunidad. A juicio de Pollán, el «interés superior del menor» reside en permanecer en su lugar de origen junto a sus familias.

Sobre desregulación, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, pidió «paciencia» con el avance de estas políticas, una tarea que señaló lleva «mucho tiempo» intentando poner en marcha la Administración, ante las críticas desde el Grupo Socialista y Soria YA que no vieron cambios en esta materia, más allá del aumento de los altos cargos de este nuevo departamento de la Junta.

El vicepresidente animó a los grupos parlamentarios a facilitar sus propuestos sobre desregulación ya que recordó de los más e 3.000 procedimientos administrativos, ya serebajaron a 1.800 aquellos «inoperantes», que figuran en las bases de datos y no se utilizan, informa Ical.

Pollán dejó claro, además, que la Junta trabaja ya en la elaboración del anteproyecto de una ley específica de desregulación, simplificación y gobierno del dato. Además, avanzó otra norma de mercado único que validará los procedimientos de autorización de otras comunidades.

La socialista María del Carmen Iglesias censuró las cuentas de la «desprotección» de este departamento por asumir estas políticas como una «carga» a pesar de que en Castilla y León unas 500.000 personas están en riesgo pobreza o exclusión social, casi una de cada cuatro.

Por su parte, procurador de Soria YA Ángel Ceña consideró a los dirigentes de Vox unos «aprovechados» que han llegado a la administración para «exprimir las ubres» del presupuesto, a su juicio «lo demás son cuento o relato». Así afeó que aumenten los altos cargos mientras su objetivo era desregular y pidió buscar un «equilibrio» entre este objetivo y la opción de «vivir la vida loca». «Nadie sabe lo que han hecho, ni lo que van a hacer», agregó al tiempo que afeó que no hubiera fondos para el equilibrio territorial.

El PSOE denuncia "recortes brutales" en ayudas sociales

Iglesias, además, también aseguró que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 contiene "recortes brutales" en ayudas sociales y achacó al Partido Popular y a Vox que consideren a los colectivos vulnerables como una "carga".

En la Comisión de Economía y Hacienda posterior a la comparecencia de Carlos Pollán, la representante socialista afirmó que el incremento presupuestario global de la Junta responde a las aportaciones del Gobierno de España y detalló que en la Consejería de Ayudas Sociales la Renta Garantizada de Ciudadanía pierde 9,2 millones de euros, la cooperación al desarrollo cae un 59% -casi tres millones menos- y la inversión se reduce en más de siete millones.

Asimismo, la parlamentaria del PSOE preguntó a Pollán por la ausencia de explicaciones sobre la "prioridad nacional" que, como el vicepresidente detalló, inspira el pacto de gobierno, en el proyecto de cuentas y denunció el gasto de casi 700.000 euros en sueldos para la Dirección General de Desregulación, además del incremento de dos a cuatro altos cargos en el departamento.

Respecto a los menores no acompañados, reprochó que la Junta no presupueste partidas de gasto pese a recibir "casi dos millones y medio de euros del Estado".

Por parte del Grupo Parlamentario Soria Ya, el procurador Ángel Ceña cuestionó la utilidad de la Consejería tras más de cuatro meses de actividad y calificó de "burocracia de lujo" la estructura del departamento, que cuenta con una Dirección de Coordinación Institucional con rango de Viceconsejería -dotada con más de 103.000 euros anuales- y una Dirección de Estudios con rango de Secretaría General, con un coste conjunto de 207.000 euros.

Ceña criticó que la provincia de Soria no reciba "ni un euro" de inversión territorializada dentro de los cuatro millones previstos en inversiones reales sobre un presupuesto global de más de 450 millones.

Igualmente, pidió explicaciones por el descenso de un 31,25% en la Renta Garantizada de Ciudadanía para el ejercicio 2027 respecto al anteproyecto del año anterior.

Por su parte, el procurador del Grupo Parlamentario Vox José Antonio Palomo Martín valoró que las políticas de apoyo a las familias y protección de la infancia superen los 182 millones de euros, con un incremento cercano al 30%, y resaltó la dotación del Bono Nacimiento, el Bono Concilia y el Bono Infantil para aliviar las dificultades del medio rural.

En materia de infancia, Palomo Martín destacó la asignación de más de 109 millones de euros, con una subida del 24%, y valoró la tramitación de las futuras Ley de Desregulación y Simplificación y Ley de Mercado Único para atajar la burocracia que afecta a autónomos, agricultores y empresas, con la petición de reducir plazos y aplicar el silencio administrativo positivo.

Finalmente, la procuradora del Grupo Parlamentario Popular Elena Bollo defendió que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad alcanza los 16.472 millones de euros, con un aumento del 13,11% respecto a 2024, fruto del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox.

Bollo resaltó que la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales gestionará 457,6 millones de euros, con un aumento del 13%, donde la partida para servicios sociales básicos e inclusión social crece un 54% hasta los 63,3 millones de euros.

Asimismo, la representante del PP ha remarcado la dotación de 20 millones para el Bono Nacimiento, 31 millones entre el Bono Concilia y el Bono Infantil, y 47 millones de euros destinados a juventud y mujer.

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