Castilla y León suma 558 muertes en el trabajo en la última década

Detrás de cada cifra hay un nombre, una jornada que no terminó y una familia rota. Salvo en grandes tragedias colectivas, la muerte en el puesto de trabajo no suele abrir telediarios. Tampoco centra el debate público, ni sirve de arma arrojadiza en la refriega política como sí sucede con otras lacras. Funciona más bien como un goteo constante y silencioso. Esa suma incesante ha dejado 558 trabajadores fallecidos entre 2015 y 2025 en Castilla y León, según los datos del Ministerio de Trabajo. Sólo en lo que llevamos de año, entre enero y agosto, han perdido la vida otros 29.

La inmensa mayoría (467 personas) murieron en la última década en su propio puesto de trabajo, mientras que 91 fallecieron en los desplazamientos al ir o volver del empleo (in itinere). La evolución revela un estancamiento: mientras el conjunto de España ha logrado reducir su tasa de mortalidad más de un 20%, Castilla y León avanza a la mitad de velocidad, con una rebaja que apenas roza el 12% en estos diez años.

Ni siquiera el cambio de criterio estadístico introducido en 2016 –cuando el Ministerio empezó a computar los fallecimientos ocurridos hasta 365 días después del accidente– altera la conclusión de fondo. La brecha con el resto del país se ensancha: la tasa de mortalidad en esta Comunidad durante la jornada se sitúa en 3,98 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, frente a los 2,94 de la media española. Es decir, hoy un trabajador en Castilla y León tiene un 35% más de probabilidades de sufrir un accidente mortal que la media española, lo que consolida a esta autonomía como la quinta con mayor índice de mortalidad laboral.

Para los sindicatos, esta distancia no responde al azar ni a la imprudencia individual. Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO Castilla y León, señala como causa raíz «la falta de cultura preventiva de las empresas en nuestra Comunidad». El portavoz sindical detalla que el 41% de los accidentes en jornada se concentran en pequeñas plantillas de hasta 10 trabajadores, un ámbito donde con frecuencia «no hay delegado de prevención, por lo tanto, no hay ojos que vigilen ni voces que denuncien los incumplimientos». En estas pymes, advierte Fraile, la prevención suele quedar convertida en «un trámite obligatorio, unos papeles que se guardan en el cajón por si viene la Inspección de Trabajo para evitar una sanción». Y expone un dato desalentador:el 36% de los fallecidos ni siquiera tenía evaluado el riesgo de su puesto de trabajo.

Suscribe esa visión Alberto Miguel, vicesecretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Castilla y León, al subrayar que «detrás de las cifras hay personas, pero también incumplimientos empresariales». Incide en que la siniestralidad no responde a la mala suerte, sino a un problema estructural de cumplimiento normativo: «Mientras la prevención siga siendo vista como un trámite burocrático y como un gasto en lugar de como una inversión real, seguiremos lamentando muertes que podrían evitarse».

A este déficit de gestión se suma una combinación de factores propios del territorio: una población laboral cada vez más envejecida, una acusada dispersión geográfica de los centros de trabajo y el mayor peso relativo del sector agrario en el conjunto nacional, con un peso relevate en la siniestralidad.

Los datos del Ministerio revelan que el 40% de los accidentes se producen durante el primer año en el puesto de trabajo. Lejos de responder a casualidades, esta concentración evidencia el impacto directo de la precariedad, la alta rotación, la temporalidad y la prisa por producir sin ofrecer al recién incorporado la formación ni el acompañamiento preventivo necesario.

La evolución del índice de incidencia mortal en jornada (sin contar los desplazamientos) en la Comunidad refleja una trayectoria irregular. Alcanzó su techo histórico en 2020, coincidiendo con el primer año de la crisis sanitaria: a pesar del parón económico, ese año perdieron la vida 71 personas en su puesto de trabajo, disparando la tasa autonómica hasta los 8,10 fallecidos por 100.000 empleados (una cifra que duplicó con holgura la media española de 3,50). Fraile atribuye este trágico repunte a la conjunción de los decesos causados directamente por el covid-19 en los puestos pero también a una «relajación generalizada en las medidas de seguridad» provocada por la urgencia de la crisis.

Aunque la curva se ha moderado en los años posteriores, la etapa postpandemia ha sacado a la luz cambios en la tipología del riesgo: los fallecimientos por causas no traumáticas (infartos, derrames cerebrales e ictus) han aumentado cerca de un 20%. Para Fraile, este fenómeno responde de forma directa a la falta de evaluaciones de riesgos psicosociales, el incremento del estrés laboral, la ausencia de desconexión digital efectiva y el envejecimiento de una población activa cuyos puestos de trabajo no se adaptan a las condiciones físicas requeridas por la edad. «No es lo mismo cargar sacos de 50 kilos con 20 años que con 60 años», ilustra.

Tanto CCOO como UGT señalan que al escenario actual se suma la epidemia invisible de la salud mental. No computa en la estadística de siniestralidad laboral porque se tramitan como bajas bajas comunes sin considerar su vinculación con el ámbito del trabajo. Alberto Miguel alerta de que solo en Castilla y León se registraron en 2025 más de 23.000 procesos de baja por Incapacidad Temporal (IT) relacionados con trastornos mentales. «La salud mental sigue siendo la gran invisible de la prevención; el sistema mira hacia otro lado cuando toca reconocer el origen laboral del estrés o la ansiedad», denuncia Miguel, reclamando que se combata la precariedad y se incluya el daño psicológico en el cuadro oficial de enfermedades profesionales.

Por sectores

Al analizar la siniestralidad por actividades económicas en 2025, el riesgo se distribuye con especial dureza en los sectores productivos estratégicos. El empleador sector servicios es el que concentra el mayor número de fallecidos (21 en total: 16 en jornada y 5 in itinere), con un elevado peso del transporte y la logística. Le sigue la industria, que contabilizó 13 decesos (9 en jornada laboral y 4 in itinere), vinculados al manejo de maquinaria pesada y procesos térmicos o mecánicos. Por su parte, la construcción sumó 8 fallecidos en jornada y otros 4 en desplazamientos, manteniéndose como una de las actividades con mayor riesgo relativo por caídas en altura, sepultamientos y atrapamientos. El sector agrario, que registró 6 fallecidos en jornada y 1 in itinere en 2025, evidencia una de las desproporciones más acusadas de la siniestralidad regional. Alberto Miguel explica que, aunque el campo solo aglutina el 7,3% de los accidentes totales con baja en la Comunidad, acumula el 12,2% de los accidentes mortales. Un saldo trágico motivado por los frecuentes vuelcos de tractor, el uso de maquinaria pesada y las jornadas de trabajo en solitario.

Asimetría por sexo

Al profundizar en el perfil demográfico, el análisis por sexo refleja una marcada asimetría entre hombres y mujeres. Los varones concentran cerca del 70% de los accidentes que causan baja en jornada y la abrumadora mayoría de las muertes laborales, al representar la mayor parte de la mano de obra en los sectores con mayor riesgo físico como la construcción, la industria, el transporte o el campo. Sin embargo, los sindicatos advierten de que la siniestralidad femenina constituye la «gran invisible» del sistema: aunque las mujeres presentan una tasa de mortalidad mucho menor en jornada, sufren la mayoría de los accidentes en los desplazamientos in itinere y aglutinan la mayor parte de las enfermedades profesionales, principalmente trastornos musculoesqueléticos derivados de tareas repetitivas, el sector cuidados y la exposición a riesgos psicosociales.

Tanto CCOO como UGT coinciden en denunciar el carácter androcéntrico de la prevención tradicional, donde los valores de referencia no están adaptados a la fisonomía femenina, a lo que se suma el impacto de la «doble presencia», que obliga a muchas trabajadoras a compaginar jornadas laborales precarizadas con la carga no compartida de los cuidados familiares y domésticos.

El factor de la nacionalidad pone de relieve la elevada vulnerabilidad de la población trabajadora extranjera en la Comunidad. Con una presencia creciente en actividades intensivas en esfuerzo físico y peligrosidad —como las campañas agrícolas, las obras de construcción o la industria manufacturera—, desde UGT Alberto Miguel enfatiza que las cifras no responden a una cuestión de origen, sino a una estricta «exposición al riesgo». La concentración de trabajadores inmigrantes en los empleos más precarizados y la falta de formación preventiva incrementan la probabilidad de sufrir percances graves.

Asimetría

Se cumplen justo ahora tres décadas de la entrada en vigor de la promulgación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, un marco normativo que se enfrenta a una necesidad de reforma. La ley fue concebida para un tejido productivo industrial y analógico muy distinto de la actual realidad laboral, caracterizada por la digitalización, la hiperconectividad, el control algorítmico y la emergencia climática. El intento de actualizar la legislación en la mesa del Diálogo Social con el Gobierno central se encuentra encallado tras la salida de la patronal empresarial de las negociaciones y ahora, con la convocatoria electoral, han quedado en el tintero medidas cruciales para regular de forma los riesgos psicosociales, imponer evaluaciones de género obligatorias, hacer frente a las condiciones meteorológicas extremas y meter en cintura a los servicios de prevención ajenos.

Ante este bloqueo, CCOO y UGT coinciden en que el reto prioritario pasa por adecuar la protección a las patologías emergentes que destruyen la salud de las plantillas: actualizar el cuadro de enfermedades profesionales para incluir los trastornos de salud mental y las patologías cardiovasculares, equiparar el riesgo psicológico al físico y adaptar ergonómicamente los puestos al envejecimiento de los trabajadores. Asimismo, reclaman erradicar la «prevención de papel» en las pymes mediante la figura del delegado territorial de prevención y un refuerzo efectivo de la Inspección de Trabajo. Una urgencia que el responsable de CCOO, Fernando Fraile, sintetiza tajantemente al evaluar estas tres décadas de norma: «La prevención no es una opción, es una obligación de las empresas y un derecho de los trabajadores; cuando una empresa incumple la ley, quien paga el precio son los trabajadores, y en muchos casos, con la muerte».