El Consultivo plantea a las Cortes someterse al TARCCyL para “resolver sus conflictos en contratación”

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, planteó este lunes la posibilidad de que la institución que preside y las Cortes autonómicas exploren “un convenio de colaboración” con el objetivo de que el Parlamento regional se someta al arbitrio del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL) para “resolver sus conflictos en las contrataciones”.

Sánchez de Vega realizó esta propuesta durante su intervención inicial en la Comisión de la Presidencia, desde la singularidad del Parlamento autonómico como “única institución de Castilla y León no sujeta” al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales “porque tienen el suyo propio”.

No obstante, planteó la “posibilidad” de “explorar un convenio de colaboración” para que sea el TARCCyL “el que también resuelva los recursos en materia de contratación que se interpongan contra estas Cortes en su condición de órgano de contratación”, especialmente al recordar el “coste cero” que supone esta posibilidad.

Así, la propuesta de Sánchez De Vega vuelve a poner de manifiesto que las Cortes, a pesar de contar con instituciones propias y de aprobar las leyes que regulan diferentes órganos de Castilla y León, no tienen reparo en 'blindarse' bajo diferentes fórmulas para no someterse a ninguna de estas entidades. No en vano, el Parlamento autonómico no se deja fiscalizar por el Consejo de Cuentas ni tampoco puede ser denunciado, solo por él mismo, ante la Autoridad Anticorrupción que la Cámara creó.

Sánchez De Vega planteó al Parlamento la posibilidad de alcanzar ese convenio en declaraciones recogidas por Ical, durante la presentación hoy de la Memoria del Consejo Consultivo en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en las que el presidente de la institución defendió la “utilidad social” del órgano que preside que “no solo se mide en términos cuantitativos, sino en evitar que el ciudadano acabe yendo a los tribunales”.

Se trata de “una utilidad social interesante” por el uso que tanto las administraciones como los ciudadanos dan a un órgano en el que “confían” como “garante de legalidad y de derechos”, por su “independencia” y también porque ofrece “una justicia rápida y gratuita”. Una idea que se sustenta en el incremento, en un 40 por ciento, de los recursos contractuales resueltos por el TARCCyL, con “cada día más peso en la institución”.

Además, Sánchez de Vega también destacó el “alto nivel de exigencia técnico-jurídica” de los dictámenes y su aplicación “en torno a los plazos legalmente establecidos”, con una media de 17 días hábiles para la resolución desde que el expediente que recibe el Consultivo “está completo”.

Y es que, según refirió Sánchez de Vega, el objetivo de la institución propia es “contribuir a garantizar la legalidad y los derechos de los ciudadanos” desde una “configuración particular o compleja” en Castilla y León por estar integrado por dos órganos: el propio Consultivo, que emite dictámenes con carácter no vinculante, “es una opinión que a veces tiene una fortaleza mayor que las normas”, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, con carácter vinculante.

De este último órgano, de hecho, hizo Sánchez de Vega una defensa no solo normativa, sino en cifras, al referir que solo el cinco por ciento de las resoluciones del TARCCyL son recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y apenas el uno por ciento son estimadas, lo que refleja “la cantidad de litigiosidad que ha evitado y su utilidad social”.

Por ello, consideró “imprescindible” el trabajo tanto del Consultivo como del TARCCyL, porque aunque “no suele ocupar grandes titulares”, hace que la actuación de las administraciones públicas “se ajuste al Derecho” y sirve para “prevenir conflictos y reforzar la confianza institucional de la ciudadanía”, lo que “avala sobradamente su utilidad”.

Durante su intervención ante la Comisión de Presidencia de las Cortes, Sánchez de Vega cifró en 552 los dictámenes aprobados el pasado año por el Consejo Consultivo que preside, y en 263 los recursos contractuales resueltos por el Tribunal Administrativo, según recoge la Memoria de la institución propia de la Comunidad referente al año 2025.

Unos números que, según Sánchez de Vega, reflejan “la intensa actividad realizada” por el Consejo Consultivo y por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, y también el “auctoritas” de estas, dado que el parecer del primer órgano fue confirmado por las instituciones que realizaron su consulta en un porcentaje cercano al 94 por ciento y, respecto a la segunda, apenas hubo recursos contenciosos impuestos frente a las resoluciones del Tribunal.

Protagonismo de Sanidad

Antes de entrar en la división por materias dictaminadas por el Consejo Consultivo, en las que la mayoría se refirieron a asuntos de responsabilidad patrimonial, con un total de 425 (el 77 por ciento del total), Sánchez de Vega refirió que en el conjunto de dictámenes, el órgano propio de la Comunidad coincidió, en el 70 por ciento de los casos, con la propuesta de la administración consultante, mientras que en tres de cada diez, el Consultivo se apartó de la misma.

Mientras, por procedencia de las consultas, 370 llegaron al Consultivo de las administraciones locales, “el doble” que los 179 de la Administración autonómica, de los que la mayoría, 63, tuvieron que ver con la Consejería de Sanidad. Además, se suman tres de las universidades públicas.

Con estas resoluciones, “hemos cambiado el criterio de la administración”, planteó Sánchez de Vega, que afirmó que el 61 por ciento de los asuntos planteados supusieron una “observación sustantiva de legalidad” que recogió la Junta.

Se detuvo entonces Sánchez de Vega en algún dictamen “ejemplificativo” de la influencia del Consultivo, especialmente en el ámbito sanitario, porque supuso la resolución estimatoria de la reclamación del ciudadano y su indemnización, “en contra de la propuesta inicial” de la Junta, lo que refleja de nuevo “la utilidad” de este órgano propio de la Comunidad, a juicio de su presidente.

Las cuatro grandes, a la cabeza

Por provincias, el mayor número de dictámenes proceden de las cuatro provincias con las capitales más pobladas de la Comunidad. Así, de Valladolid se realizaron 113 dictámenes, por el centenar exacto de León, los 77 de Salamanca y los 70 de Burgos. Por encima del medio centenar se sitúa Zamora, con 58, seguida de Segovia (37), Ávila (35), Palencia (26) y Soria, con apenas nueve.

El número total de dictámenes ordenados por provincia, que asciende a 525, difiere del total porque solo se tienen en cuenta, para esta clasificación, los expedientes que proceden de una sola provincia, y existen otros 27 que no pueden provincializarse por tratarse de proyectos normativos de la Junta o por afectar a varias provincias o a toda la Comunidad.

Sánchez de Vega también refirió que de los 263 recursos resueltos por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, la mayor parte pertenecieron a contratos de servicios, con 153, el 58,18 por ciento, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación, con 117 casos, el 44,5 por ciento.

Las entidades del sector público local encabezan la distribución, atendiendo al órgano de contratación que dictó el objeto de recurso, con 150 recursos, el 57,04 por ciento del total, mientras que la Administración autonómica acumuló 98 recursos, el 37,26 por ciento del total. Finalmente, las universidades registran 15 recursos, el 5,7 por ciento restante. La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 1.398 millones de euros en litigio.

La Memoria hoy presentada, junto al resumen anual de la actividad realizada por el Consejo y por el Tribunal, también recoge, entre otros aspectos, los encuentros en los que la institución ha participado, el resumen de la doctrina emanada por ambos órganos, y el índice de los expedientes dictaminados y de los recursos resueltos.