Mil compradores de Castilla y León llevan el colapso del Plan MOVES III al Defensor del Pueblo
Las familias que se quedaron sin la ayuda presentan quejas también al Procurador del Común
La Junta rechaza cubrir la "presunta subvención" y señala al Gobierno central

Recarga de un vehículo eléctrico en una 'electrolinera'.
Compraron un coche eléctrico confiando en la ayuda del Plan MOVES III 2025 y se han quedado sin ella por falta de crédito. Los cientos de afectados –podrían llegar a mil– han trasladado la controversia al Defensor del Pueblo y el Procurador del Común, con la presentación de las primeras quejas. Para dar estructura a su defensa, los afectados se han integrado, además, en la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis), que hasta ahora les prestaba apoyo. Si a principios de noviembre presentaron recursos de reposición ante la Dirección General de Energía y Minas, ahora preparan acciones colectivas por vía administrativa y, en su caso, judicial. Y valoran también concentraciones, sin fecha decidida.
Exigen que la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica, a través del IDAE, aclaren quién aportará los fondos prometidos, por qué importe y en qué plazo. Piden, además, que se publique el estado real del crédito en la Comunidad: importes pagados, comprometidos y disponibles, y solicitudes pendientes.
A preguntas de los periodistas, ayer, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el consejero y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, no anunció que la Comunidad vaya a asumir el pago y trasladó la responsabilidad al Gobierno central. «Seguimos esperando», dijo, que las autonomías puedan disponer de esos fondos. Asegura que la Junta gestionó el programa «por delegación del Gobierno», con una normativa y unos fondos europeos fijados por el Ejecutivo central (recordó que las comunidades pidieron un modelo «más ágil», con deducción fiscal o ayuda a través de los concesionarios). Según dijo, Castilla y León dispuso de algo más de 20 millones de euros, que alcanzaron para las solicitudes presentadas hasta diciembre de 2025.
Carriedo recuerda que el ministro de Industria confirmó públicamente que llegarían cantidades adicionales y animó a seguir comprando, pero «a día de hoy la aportación no se ha producido».
Preguntado por la cifra de afectados, no la confirmó ni tampoco aportó otra.
Explicó el portavoz que la Junta solo examinará qué solicitudes cumplen los requisitos si dispone de créditos para resolver, explicó, y no se trata de hacerlo para una «supuesta subvención» si el Gobierno no cumple lo comprometido.
La versión de la Junta coincide con lo que los afectados dicen haber oído de ella: que no quedan fondos y que corresponde al IDAE aportarlos. Del historial del programa consta que el IDAE concedió el 17 de diciembre de 2025 los 7,7 millones que la comunidad había pedido doce días antes, y que la Junta reasignó en 2026 más de tres millones desde la línea de recarga a la de vehículos, explican los afectados en un comunicado.
El colapso de las subvenciones en Castilla y León amenaza con actuar como detonante de un problema a escala nacional. Ya a mediados de 2026, diversos análisis del sector de la automoción advirtieron de que al menos cinco comunidades autónomas –Castilla y León, Madrid, Andalucía, Navarra y Extremadura– se encontraban al límite de su capacidad presupuestaria para responder al volumen de solicitudes del MOVES III. En el caso de Navarra, estimaciones sectoriales contabilizaron a más de medio millar de adquirientes de vehículos eléctricos sin cobertura asignada tras haber efectuado sus compras entre octubre y diciembre de 2025.
Este precedente proyecta una sombra de desconfianza sobre la implantación del nuevo Programa Auto+ en 2026. Dotado con 350 millones de euros para la línea de particulares y abierto a solicitudes hasta el 31 de diciembre a las 14 horas, el plan replica el mismo mecanismo de adjudicación por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de fondos, lo que infunde el temor entre los compradores de que la falta de información transparente y de garantías financieras vuelva a dejar desprotegidos a los usuarios en la recta final del año.