La Junta prevé recurrir los decretos de vivienda: "Invaden competencias y perjudican los intereses de Castilla y León"

Castilla y León recurrirá los nuevos decretos de vivienda planteados por el Gobierno de España, aún pendientes de aprobación. Así de rotundo se mostró el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ante las propuestas planteadas tras la convulsa situación generada tras el desahucio de Maricarmen en Madrid.

Esos recursos, en caso de ser formalmente realizados, llegarán por una "invasión de las competencias autonómicas", según consideró el también consejero de Economía y Hacienda, así como por "perjudicar los intereses" de Castilla y León. Al respecto de esa decisión, Carriedo justificó que el Gobierno central haya actuado con una "exclusión total" de la opinión y participación de las comunidades a la hora de elaborar esta legislación, sin convocar reuniones ni entablar negociaciones previas.

Asimismo, Carriedo explicó que el rechazo a los dos textos también se justifica a la contraposición con los O objetivos planteados por la Junta de Castilla y León. Al respecto, nombró que de salir adelante los decretos de vivienda se reduciría la oferta existente en el mercado inmobiliario al generar "menos confianza" en los propietarios, lo que produciría una desmotivación para alquilar. 

Por otro lado, el segundo aspecto con el que no se mostró de acuerdo es con la "inseguridad y desconfianza jurídica" que estaría provocando en la ciudadanía.

"Por tanto, nosotros siempre le hemos pedido al Gobierno que actúe en dos ejes, que es aumentar la oferta de la vivienda para bajar los precios y dar estabilidad y seguridad jurídica para que los pequeños propietarios pongan en el mercado sus viviendas en forma de alquiler y con eso aumentar esa oferta. Nada de eso se hace, sino todo lo contrario, y, por tanto, creemos que lo que va a haber es un efecto absolutamente distinto del que inicialmente se anuncia que se pretende", consideró Carriedo.

Lobo estima que los decretos de vivienda beneficiarían a 250.000 personas en la Comunidad

Por parte del secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, se calculó que la entrada en vigor de los dos reales decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno beneficiaría a 250.000 personas en Castilla y León que están a punto de finalizar sus contratos de arrendamiento, y exigió a los grupos parlamentarios que los convaliden mañana en el Congreso.

Óscar Lobo expuso a Ical que mañana es “un día importante para miles de personas en Castilla y León” con unas normativas que no son “algo abstracto” sino que permitirían prórrogas inmediatas a los contratos de alquiler evitando la “especulación en el precio” y que “se tripliquen las rentas”.

Lobo remarcó que en Castilla y León los alquileres están creciendo por encima de la media nacional y esa prórroga inmediata implicaría una limitación de su encarecimiento al dos por ciento anual, “un alivio para los trabajadores y los pensionistas”.

El dirigente de UGT recordó también que en la Comunidad se cobra por debajo de la media, y con crecimientos de las rentas sin control, todas esas personas se verían abocadas a un “golpe muy duro a sus bolsillos”. Asimismo, defendió que los reales decretos frenarán los desahucios.

Unas normativas que constituyen, dijo, un paso importante para proteger a muchas familias y trabajadores” y “frenar la especulación y borrar del imaginario colectivos desahucios como el de Maricarmen”.

Eso si, consideró que “solo es un primer paso”, y “hay que seguir exigiendo mejoras del acceso a una vivienda”, por lo que piden a los diputados de la Comunidad que “defiendan los intereses de la mayoría de esta tierra para que nos hagan la vida más fácil”. “La vivienda se está convirtiendo en un bien de lujo, y no algo básico, y no entiendo que la derecha ni quiera resolver los problemas de la gente, por lo que apelamos a su responsabilidad y sensatez”, dijo.

En este sentido, también apuntó al Gobierno regional, y exigió que se siente con los sindicatos en la mesa del Diálogo Social, donde se pactan las ayudas al alquiler, para conseguir poner límite al aumento desorbitado de precios. “Hay instrumentos”, dijo, para apuntar a la ley estatal que permite topar los alquileres. “Podemos buscar soluciones que beneficien a los pequeños propietarios pero hay que poner límite a los fondos buitres y a la especulación, la Junta no puede estar de observadora debe implicarse con medidas inmediatas”, sentenció.

UGT remitió un comunicado en el que defiende los dos reales decretos y señala como necesarias estas medidas para “frenar la especulación, reforzar la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y dar estabilidad a quienes viven de alquiler”.

Asimismo, el sindicato exige también a la Junta que “asuma su responsabilidad”, amplíe el parque público de alquiler asequible y garantice alternativas habitacionales para las personas vulnerables en los términos previstos por la normativa. El sindicato considera que la protección inmediata debe acompañarse de políticas sostenidas que faciliten el acceso a la vivienda en nuestra comunidad: “La vivienda es un derecho. Nadie debería enriquecerse a costa de que una familia pierda su hogar”.

“Lo que ganamos trabajando no puede desaparecer pagando un techo. Defender la vivienda es defender los salarios, las pensiones y el derecho a construir un futuro en nuestra tierra”, según manifiestan desde el sindicato. De llevarse a efecto, defiende la organización, “esta prórroga proporcionará seguridad, estabilidad y futuro a cerca de 250.000 personas que residen en esos hogares en los que finaliza el contrato de alquiler”.

La central sindical subraya que el encarecimiento de la vivienda “agrava la desventaja salarial de la Comunidad”. Según los datos del INE de finales de agosto, los precios del alquiler y suministros del hogar aumentaron un ocho por ciento interanual en Castilla y León, casi dos puntos por encima de la media nacional. Y los salarios en esta comunidad son más bajos: el salario medio bruto anual se situó en 26.177,28 euros en Castilla y León, 3.362,98 euros por debajo de la media española, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2024 del INE.

Por otra parte, desde el sindicato se destaca que la ralentización extraordinaria de la subida de alquileres, gracias a estos decretos, “puede amortiguar el tremendo impacto de la inflación”. El decreto establece, en ausencia de un nuevo pacto entre las partes, un límite del dos por ciento para las revisiones hasta el 31 de diciembre de 2027, además de algunos supuestos sin incremento. Esta medida es distinta de la prórroga de los contratos.

Así, como ejemplo, actualizar un alquiler de 700 euros al dos por ciento, en lugar del 4,9 por ciento del IPC adelantado de septiembre, supone pagar 243,60 euros menos durante los doce meses siguientes. Aunque el ahorro efectivo, en cada caso, dependerá del contrato y del índice que le corresponda, y será inferior cuando ya esté en vigor un límite más bajo que el IPC.

Cabe recordar que en 2025 se practicaron 875 lanzamientos judiciales en Castilla y León, 646 de ellos derivados de procedimientos de arrendamiento, según los datos del CGPJ. Esta estadística comprende distintos tipos de inmuebles. Por otra parte, la información registral oficial sitúa en el 39,1 por ciento las compraventas de vivienda sin hipoteca en 2025. UGT advierte de la brecha que se genera entre quienes pueden comprar sin financiación hipotecaria y quienes no consiguen reunir una entrada.

“Nuestros jóvenes tienen derecho a quedarse y nuestros mayores, a vivir tranquilos. Los diputados de Castilla y León deben votar mañana en el congreso de los diputados pensando en las personas que necesitan estabilidad para organizar su vida”, añaden.