Transparencia pide obligar por ley a cumplir sus resoluciones en Castilla y León

El comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, reclamó este lunes introducir en futuras reformas de las leyes de transparencia, estatal y autonómica, modificaciones para garantizar el “cumplimiento forzoso” de las resoluciones de estos órganos, como recordó ya han hecho algunas comunidades autónomas, como Navarra. Como dato, precisó que a mediados de este año, el 62 por ciento de las resoluciones estimatorias adoptadas en 2025 ya se habían ejecutado.

Quintana compareció este lunes ante la Comisión de Relaciones del Procurador del Común de las Cortes para presentar la memoria de actividades del Comisionado de la Transparencia relativa a 2025, informe que llegó al parlamento el pasado mes de julio. En su primera alocución de la legislatura ante los procuradores de este órgano parlamentario, hizo un repaso de la actividad en los diez años de funcionamiento de esta institución.

De esta forma, señaló que la falta de cumplimiento de las resoluciones adoptadas por los órganos de garantía de la transparencia no es un problema que afecte solo a su institución. A 30 de junio de este año, recordó que el 29 por ciento de las resoluciones adoptadas en 2025 por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de ámbito autonómico y local, estaban aún por cumplir pese al tiempo transcurrido.

Igualmente, resaltó el “destacable” bajo nivel de litigiosidad que generan sus resoluciones y, además, subrayó la confirmación en vía judicial de sus resoluciones cuando son impugnadas. De hecho, explicó que en 2025 se interpuso un recurso judicial y se dictó una sentencia confirmatoria.

Una década después de la creación de este órgano de garantía de la transparencia, Tomás Quintana, también procurador del Común, afirmó que los avances son “innegables”. No obstante, a pesar de la evolución “positiva”, consideró que todavía queda “camino por recorrer”, especialmente por las entidades locales de menor tamaño, algunas de las cuales -recordó- no son ajenas a la función legislativa de las Cortes.

Al respecto, precisó que el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa para gran parte de los 2.187 municipios de menos de 5.000 habitantes sigue siendo “muy limitado”. Por ello, incidió en el papel “fundamental” que deben desempeñar las diputaciones, pero también la Administración autonómica a través de ayudas económicas y otras vías de cooperación. También, aludió a la conveniencia de “ajustar normativamente” las obligaciones en materia de publicidad a la realidad de los pequeños municipios, informa Ical.

Publicidad activa "deficiente" en Somacyl

En relación con el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, Quintana indicó que sigue pendiente la actualización de algunos contenidos, el incremento de la “claridad” de la información mediante la incorporación de gráficos y cuadros fácilmente comprensibles o la publicación de la información de las organizaciones del tercer sector social. Sobre Somacyl, denunció que se mantienen “notables” deficiencias en lo referente a la publicidad activa.

Tomás Quintana, sin embargo, expuso que aún hay entidades locales como la Diputación de Burgos o los ayuntamientos de Zamora, Ponferrada, Segovia, y Palencia que manifiestan haber recibido en 2025 menos de diez peticiones de información. Además, en términos generales destacó que se publica más información, pero advirtió de que esto no siempre implica que se sea más transparente.

Finalmente, destacó que se han presentado ante la Comisión de Transparencia 1.432 reclamaciones en 2025, si bien 839 tenían el mismo objeto -bienestar animal- y se dirigieron a otros tantos ayuntamientos. Además, se formularon 497 resoluciones, cuando una década antes se adoptaron 66.

Respaldo de la oposición, el PP prefiere esperar

La oposición respaldó en las Cortes la propuesta del Comisionado de Transparencia para incorporar un régimen coercitivo que garantice el cumplimiento de sus resoluciones, mientras que el PP defendió esperar a una futura reforma estatal antes de modificar la ley autonómica. Durante la presentación de la memoria de 2025, Quintana argumentó que la existencia de mecanismos sancionadores, como ocurre en Navarra y la Comunidad Valenciana, favorece que las administraciones faciliten información de forma voluntaria, aunque apenas lleguen a utilizarse.

El PSOE y el Grupo Mixto apoyaron expresamente dotar al Comisionado de herramientas que permitan hacer ejecutar sus resoluciones. El portavoz socialista, Iñaki Gómez, defendió avanzar hacia sanciones coercitivas y reforzar la formación de los empleados públicos, mientras que la procuradora de UPL Rosa María Quintanilla reclamó también instrumentos sancionadores y más apoyo a las entidades locales.

Vox se mostró abierto a estudiar esta posibilidad en el marco de una futura ley de transparencia, al considerar que la legislatura ofrece una “ocasión extraordinaria” para mejorar el sistema. Por el contrario, el PP apostó por esperar a que el Estado apruebe una nueva normativa que contemple este tipo de medidas, recordando que el Consejo Consultivo ya advirtió sobre los límites de una regulación autonómica más exigente que la estatal.