Economía
El transporte de Castilla y León teme un sobrecoste de 11.500 euros por camión con el fin de las ayudas
La patronal calcula un encarecimiento de hasta 24 céntimos por litro y pide medidas al Gobierno central y la Junta

Un camión reposta en una gasolinera.
La Federación Regional de Asociaciones de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal) alerta del impacto que podría tener en el sector la desaparición de las ayudas al combustible y reclama tanto al Gobierno como a la Junta de Castilla y León medidas urgentes para evitar una nueva escalada de costes.
La organización advierte de que, si el Ejecutivo central no aprueba antes del 30 de septiembre un nuevo paquete de apoyo, el precio del gasóleo podría encarecerse hasta 24 céntimos por litro a partir del 1 de octubre.
Según sus cálculos, un camión que consuma unos 4.000 litros de combustible al mes tendría que asumir un sobrecoste de 960 euros mensuales, lo que supondría más de 11.500 euros al año por vehículo.
La patronal considera que este incremento comprometería la rentabilidad de numerosas empresas y autónomos del transporte por carretera, especialmente en una comunidad como Castilla y León, marcada por su extensión territorial y la dispersión de población. Además, advierte de que el aumento de los costes acabaría repercutiendo en toda la cadena logística y de suministro.
Fetracal reclama al Gobierno central que adopte medidas antes de octubre para aportar estabilidad al sector y facilitar la planificación de la actividad económica en un contexto marcado por la incertidumbre energética.
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La federación dirige también sus demandas a la Junta de Castilla y León. Aunque reconoce que la fiscalidad sobre los carburantes depende principalmente del Estado, considera insuficiente la respuesta autonómica y solicita la creación de una línea específica de ayudas directas para apoyar a las empresas de transporte de mercancías por carretera.
A juicio de la organización, el transporte es un sector esencial para garantizar el abastecimiento y la actividad económica en el medio rural, por lo que reclama una mayor implicación de las administraciones ante el actual contexto de costes energéticos al alza.