El CES critica la rebaja «sin efecto redistributivo» del IRPF en la ley de acompañamiento del presupuesto de Castilla y León

El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL) cuestiona la nueva rebaja “sin efecto redistributivo” del tipo mínimo de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que la Junta prevé reducir del nueve al 8,75% en 2027. Además, pide aplicar a todas las deducciones fiscales, como la nueva prevista para el fomento del deporte, el criterio del límite de renta.

Este jueves, la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León aprobó el informe previo sobre el anteproyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, en el que hace diferentes observaciones, principalmente sobre las novedades fiscales que contiene la norma que acompañará a los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027. El texto será remitido ahora por la Junta al Consejo Consultivo para que emita un dictamen antes de aprobarse por el Consejo de Gobierno.

En ese sentido, el CES, que reconoce “disenso” en su seno sobre la política tributaria, reclama a la Junta que acompañe sus decisiones de una “justificación económica y social” y de una evaluación posterior sobre sus efectos que tenga en cuenta la suficiencia de los ingresos, la progresividad o la capacidad redistributiva, más allá del ahorro fiscal para los castellanos y leoneses.

De hecho, sostiene que la “ampliación” del catálogo de rebajas y la introducción de nuevas figuras hace “aún más necesaria” una evaluación conjunta. Por ello, propone publicar anualmente información sobre las personas beneficiarias, el coste recaudatorio, su distribución por tramos de renta o territorio y el grado de aprovechamiento, sobre todo por los contribuyentes con menor cuota tributaria.

A pesar de que el CES reconoce que existen diferentes posiciones sobre las novedades previstas por la Junta para 2027, advierte de que la rebaja del tipo mínimo del IRPF pactada por los socios de gobierno, que supondrá 13 millones de euros menos al año de recaudación, “tiene el mismo efecto para todos los contribuyentes”, con independencia de su nivel renta.

Deporte, carné de conducir y vivienda

Igualmente, sobre la deducción para el fomento de la práctica del deporte y actividades saludables, la de mayor coste estimado (25 millones), que tiene un límite de 150 euros por contribuyente, considera que debería diseñarse atendiendo a su progresividad y capacidad real para alcanzar a los hogares con menor capacidad económica. “Al configurarse sin un límite específico de renta y exigir la realización previa del gasto, su aprovechamiento puede ser desigual entre las personas contribuyentes”, advierte el Consejo Económico y Social.

También recomienda que las nuevas ayudas para la obtención del carné de conducir deberían concretar en sus bases reguladoras los colectivos destinatarios y los requisitos de acceso. Además, demanda que la dotación presupuestaria sea suficiente para atender a las solicitudes que cumplan los requisitos y que se evalúen los resultados en términos de empleabilidad, seguridad vial y fijación de población.

En relación con la nueva Cuenta Ahorro Vivienda Joven, el Consejo observa que su aprovechamiento exige disponer de capacidad previa de ahorro, por lo que propone complementar esta medida con políticas que ayuden también a quienes no pueden acumular fondos para afrontar la compra, reforzando la oferta de vivienda pública y protegida permanente y el alquiler asequible.

Cambios en “normas de cabecera”

Por otra parte, el CES incide de nuevo en que esta ley de acompañamiento de los presupuestos debe circunscribirse a cuestiones de naturaleza tributaria y financiera, por lo que no ve adecuado modificar a través de 13 artículos “normas de cabecera” de la Comunidad, como las referidas al urbanismo, la vivienda, el juego o la prevención ambiental.

Además, aprovecha para advertir que la creación de la tasa en materia de atención social para personas dependientes (grado II y III), tras las sentencias del Tribunal Supremo, merecería una tramitación específica, acordada con los agentes del diálogo social. De la misma forma plantea una norma específica para la financiación de los entes locales.

Finalmente, el Consejo Económico y Social reivindica la participación institucional de los agentes sociales y económicos más representativos en los órganos colegiados urbanísticos, ambientales o de los centros residenciales.