Amilivia resalta que la ciberseguridad es una «inversión necesaria» para los ayuntamientos de Castilla y León

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, resaltó este lunes que los gastos en ciberseguridad deben considerarse “inversiones necesarias” para el funcionamiento de cualquier administración pública y, además de resaltar que el trabajo de fiscalización y las recomendaciones por parte de la entidad que preside están posibilitando avances en seguridad informática, reconoció que los ayuntamientos de la Comunidad tienen “mucho margen de mejora” en esta materia.

Amilivia presentó en la tarde de este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes varios informes relativos al análisis de seguridad informática de los ayuntamientos de Segovia, Soria y Zamora, así como de las localidades leonesas de La Bañeza, Villaquilambre y Astorga.

Con respecto al Ayuntamiento segoviano, indicó que alcanza un índice de cumplimiento global del 56%, aunque es necesario que el Consistorio continúe avanzando en la adaptación de los sistemas de información y en la implementación de las medidas definidas en el nuevo Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Además, remarcó la constancia de la voluntad y trabajo del ayuntamiento en la “mejora y desarrollo de un ámbito tan específico y complejo como es la seguridad informática”.

En cuanto al informe sobre la capital soriana, la situación es similar, “trabajando en una dirección efectiva de su política de seguridad informática, pero con carencias muy importantes en tal sentido en el ámbito de una adecuada relación de puestos de trabajo”. Alcanzaba un índice de cumplimiento global del 61 por ciento, es decir, también inferior al 80%, que es expresión de un proceso “bien definido y estandarizado”.

Respecto al consistorio de la capital zamorana, el ámbito temporal de la fiscalización alcanzó a la situación que tenía en 2025. En este caso, el Ayuntamiento no realiza todas las acciones necesarias para una dirección efectiva de la política de seguridad informática, especialmente en el ámbito de impulso de la cobertura de plazas, así como del nombramiento de los principales responsables de la gestión y seguridad informática”. Al finalizar la auditoría, según precisó Amilivia, alcanzaba un índice de cumplimiento global del 45%. Es decir, no se disponía de un ambiente estable para la prestación del servicio requerido, careciendo de un plan de adecuación a la normativa para la implantación progresiva de los requisitos del ENS y de una política de seguridad formalmente aprobada. El Consejo efectuó 10 recomendaciones para orientar su proceso de mejora en esta materia.

La Bañeza

En el caso de La Bañeza, el informe concluye que “el Ayuntamiento sigue careciendo de una estrategia de tecnologías de la información”, sin contar con una gobernanza adecuada para “afrontar con garantías el proceso de dotar a sus sistemas de información de un nivel de seguridad suficiente”.

Por otra parte, destacó que el Ayuntamiento sigue contando con apoyo específico en materia de administración electrónica, nóminas, padrón y gestión presupuestaria a través de la Diputación de León, pero apunta que en el periodo transcurrido no ha adoptado un “compromiso firme con la seguridad informática, especialmente relevante en lo referido a la falta de aprobación de la política de seguridad como paso fundamental para iniciar el proceso de adaptación al ENS, a pesar de encontrarse muy avanzada en la anterior revisión”.

En este sentido, dado el tiempo transcurrido y las novedades normativas, “el borrador existente debe ser objeto de revisión en profundidad”. La entidad continúa en una situación “muy vulnerable” frente a riesgos informáticos, con índice de cumplimiento global del 18 por ciento en 2024.

Con relación a la auditoría de seguimiento de Villaquilambre, este ayuntamiento sigue careciendo de una estrategia de tecnologías de la información y no ha iniciado el proceso de adecuación al ENS. En cuanto a la evolución de los controles básicos de ciberseguridad, el índice de cumplimiento global pasó del 39 por ciento en 2021 al 45 por ciento en 2024.

Por último, sobre el Ayuntamiento de Astorga indicó que los avances se limitan a la elaboración de una política de seguridad, “que se encontraba en tramitación durante la elaboración de la auditoría y que ya ha sido aprobada”. Primer paso positivo, que ahora debe traducirse en acciones concretas y, sobre todo, en un plan para dirigir de forma continuada la mejora de la ciberseguridad, en particular, con la adecuación al ENS”. Globalmente, la evolución desde 2021 a 2024 pasó del 18 al 20 por ciento en índice de cumplimiento.

Reformas normativas

Por otro lado, Amilivia aseguró que la entidad que dirige ha multiplicado por siete la capacidad de fiscalización que anteriormente tenía en la Comunidad el Tribunal de Cuentas, a la vez que planteó una serie de reformas normativas que permitan reforzar su autonomía orgánica y funcional.

Amilivia, antes de presentar seis informes sobre el estado de la ciberseguridad en las entidades locales de la Comunidad, recordó la “anomalía” de que Castilla y León sea la única Comunidad donde su órgano de control externo no tiene la potestad de aprobar su plan anual de fiscalizaciones, y consideró “consustancial a nuestra independencia funcional la suficiencia presupuestaria, más aun teniendo en cuenta la adscripción orgánica a esta institución de la Autoridad Independiente en materia de corrupción, creada hace dos años y que, actualmente, está siendo sostenida con cargo a remanentes, sin perjuicio de que esperamos sea contemplada en los próximos presupuestos”.

En lo que ha sido su primera comparecencia en este inicio del periodo de sesiones tras un paréntesis de nueve meses como consecuencia de todo el proceso de convocatoria electoral y puesta en marcha de la duodécima legislatura, explicó que el Consejo de Cuentas acumula en la actualidad 61 informes en diferentes fases de tramitación y que, de ellos, 18 se encuentran ya aprobados y pendientes de comparecencia.

Con todo ello, Amilivia apuntó que en lo que va de año se han aprobado nueve fiscalizaciones y la previsión es terminar otros 16 trabajos antes de finalizar 2026, hasta sumar un total de 25 informes en el ejercicio. Entre ellos, los siete correspondientes a la contabilidad electoral que se concluirán próximamente.

En el inicio de su intervención, reconoció que a pesar de seguir en funciones desde 2023 la institución de control externo continúa trabajando “con absoluta normalidad”. Subrayó al respecto que, al Consejo de Cuentas, “dependiente de las Cortes, no solo desde el punto de vista presupuestario y en los términos de la Ley 4/2013, sino especialmente respecto ante quien rinden el trabajo de control, le corresponde, de acuerdo con el artículo 90 del Estatuto de Autonomía, la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la comunidad autónoma y demás entes públicos de Castilla y León”.

Como balance general del trabajo realizado para la mejora de la gestión de los recursos públicos mediante sus tres tipos de fiscalización (auditorías de cumplimiento, legalidad o regularidad; financieras y operativas, de rendimiento o gestión), precisó que en los 328 informes aprobados en toda la serie histórica del Consejo se han realizado ya un total de 2.700 recomendaciones.

Durante el presente mandato del Consejo de Cuentas, Amilivia ha comparecido ante este Comisión en 74 ocasiones, el 58% sobre el total de 128 comparecencias registradas en la serie histórica de esta Institución. Asimismo, ha presentado 157 informes, lo que representa la mitad de los 328 aprobados por esta Institución desde sus inicios.