El TSJ reclama 16 plazas nuevas para combatir la «sobrecarga estructural» en Castilla y León

La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), reclama la creación de 16 nuevas plazas judiciales en esta Comunidad. Así lo acordó en su última sesión, celebrada el 7 de septiembre en Burgos.

Su decisión se sostiene sobre las conclusiones de un informe de necesidades elaborado por la presidencia del alto tribunal el pasado 31 de agosto. Ese documento pone de manifiesto que, aun tras la implantación de las 19 plazas previstas en el Real Decreto 559/2026, persisten problemas de «sobrecarga estructural», elevada litigiosidad, pendencia y retrasos en los órdenes social, civil, mercantil y penal.

El informe examina criterios objetivos como el volumen de carga de trabajo, la pendencia acumulada, la demora estructural en la tramitación, la complejidad de los procedimientos, las exigencias de especialización jurisdiccional y las necesidades organizativas de cada partido judicial. En concreto, se detectaron niveles elevados de litigiosidad, acumulación de asuntos y retrasos en los órdenes social, civil, mercantil y penal, además de la urgencia de reforzar la respuesta en materia de violencia machista adaptándose a la especialización comarcalizada que contempla la Ley Orgánica 1/2025.

En sus conclusiones, el informe justifica la creación de 13 plazas judiciales. A ellas, la Comisión Permanente añade una plaza más a la lista: la segunda plaza de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Palencia, motivada por el alto número de ejecuciones que tramita.

Su propuesta final incluye (junto a esas 14 plazas), la creación también de dos plazas de Juez de Adscripción Territorial, destinadas a otorgar mayor flexibilidad organizativa al sistema.

Su petición queda así elevada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, instancias encargadas de concretar la programación y modificación de la planta judicial.

En el ámbito de la jurisdicción autonómica, la propuesta plantea incorporar la novena plaza de magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior, con sede en Valladolid.

Asimismo, respecto a las Audiencias Provinciales, se reclama la quinta plaza de la Sección Primera Civil de León (que constituiría la novena de las secciones civiles), la séptima plaza en la Sección Mixta de Salamanca, la octava en la Sección Penal de Valladolid (cuarta de la Sección Cuarta), la sexta en la Sección Primera Penal de Burgos y la séptima plaza en la Sección Tercera Penal de León.

En lo relativo a los Tribunales de Instancia, la propuesta aprobada incluye una segunda plaza para la Sección Mercantil de León y una tercera para su Sección Penal, mientras que en Salamanca se solicita una tercera plaza en la Sección Penal y una sección especializada y comarcalizada de Violencia sobre la Mujer, medida de especialización comarcalizada que se pide igualmente para Segovia.

La relación se completa con la creación de una segunda plaza en la Sección Penal de los Tribunales de Instancia de Zamora, Ávila y Palencia —esta última incluida esta semana por el elevado volumen de ejecuciones que tramita—, cerrando el paquete con la asignación de las dos plazas de Juez de Adscripción Territorial para Castilla y León.

Para la confección de este estudio técnico se analizaron y cruzaron los datos estadísticos oficiales, los informes sobre cargas de trabajo del CGPJ y las valoraciones cuantitativas y cualitativas remitidas por los Presidentes de las Audiencias Provinciales.

Reordenación en Soria

Al mismo tiempo, la Sala de Gobierno del TSJ respalda la nueva distribución de cometidos en la plaza número 3 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, solicitando al CGPJ la desestimación del recurso de alzada presentado por su titular, Fernando Páez Terrero. El acuerdo impugnado atribuye a la jueza de apoyo y presidenta del Tribunal de Instancia, María del Mar Lorenzo Calvo, el conocimiento exclusivo de los procedimientos de derecho de familia no vinculados a violencia de género.

Esta reorganización modifica el esquema de reparto anterior, en el cual la magistrada de refuerzo tramitaba la totalidad de las causas civiles ordinarias –exceptuando las de familia–, además de la mitad de las diligencias previas y todos los delitos leves. Con la nueva estructura, la jueza de apoyo abandona la materia penal y civil general para centrarse de forma intensiva en el área familiar. Por su parte, el magistrado titular conserva la instrucción penal, las actuaciones en materia de violencia sobre la mujer y las causas civiles de familia estrechamente ligadas a situaciones de violencia machista, garantizando la unidad de criterio y la especialización funcional.

El TSJCyL argumenta que la jurisdicción de familia exige una especial dedicación dada la alta litigiosidad, la frecuencia de vistas y la necesidad de adoptar medidas cautelares o provisionales urgentes. Asimismo, los datos estadísticos constatan una reducción del 37 % en la entrada civil global del partido judicial soriano, que ha descendido de 4.770 expedientes en 2025 a una previsión de 3.011 para 2026.

El informe señala también que esa plaza no soporta una carga desproporcionada en comparación con otros juzgados de la plantilla, habiendo registrado en 2025 un total de 741 asuntos civiles y 1.127 penales. Y que la efectiva entrada en funcionamiento de la quinta plaza del Tribunal de Instancia, prevista para julio del próximo año, permitirá reducir el volumen de trabajo.

Renovación en la Junta Electoral

El órgano de gobierno judicial acordó también esta semana la designación de los cuatro vocales magistrados que formarán parte de la Junta Electoral de Castilla y León para el inicio de la nueva legislatura. La elección se ha llevado a cabo entre los magistrados del alto tribunal autonómico, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley electoral. Los nuevos vocales son María Begoña González García, Jesús Carlos Galán Parada, María Encarnación Lucas Lucas y Agustín Picón Palacio.