Las Cortes de Castilla y León se blindan ante la autoridad anticorrupción creada por ellas mismas

La coherencia y la ejemplaridad no son cualidades que se puedan atribuir en muchos casos a las Cortes de Castilla y León, órgano legislativo de la Comunidad. Encargado de aprobar leyes y de crear sus propios organismos e instituciones, el Parlamento autonómico es después reacio a someterse al control de estos últimos. Porque al igual que no se ha sometido a una fiscalización del Consejo de Cuentas desde su creación hace ahora 24 años, también disfruta de una situación privilegiada de blindaje o autoprotección frente a la Autoridad Independiente en materia de Corrupción (AICCYL), creada por las propias Cortes en 2024 bajo la presidencia de Carlos Pollán.

Resulta especialmente llamativo que las Cortes, donde se congrega la representación política de todos los ciudadanos de Castilla y León, no estén en igualdad de condiciones que el resto de administraciones e instituciones públicas en una cuestión tan sensible como es la corrupción. En todo caso, lo verdaderamente sorprendente es que incluso cuando el Parlamento autonómico creó un organismo específico para combatir esta corrupción, se guardó un as en la manga para contar con una posición privilegiada y que no cualquiera pudiera denunciar al Legislativo ante alguna sospecha de actividad irregular.

El propio titular de la AICCYL, Luis Gracia, es quien explica en declaraciones a este periódico que el funcionamiento del organismo cuenta con excepciones cuando se trata de las Cortes de Castilla y León, que lo crearon pero que no se someten a él en las mismas condiciones que el resto de instituciones. Porque mientras que cualquier ciudadano puede denunciar a cualquier administración o institución de Castilla y León, también del ámbito privado, cuando sospecha que existen indicios de corrupción, las Cortes solo pueden denunciarse a sí mismas.

Es más, ni siquiera eso, puesto que solo la Mesa del Parlamento, un órgano político compuesto por miembros de los grupos parlamentarios, tiene capacidad para dirigirse a la AICCYL si considera que existen indicios de que se está llevando a cabo alguna cuestión ilegal. De esta forma, ni los funcionarios ni cualquier otro trabajador de la Cámara, y por supuesto ningún ciudadano anónimo, tienen potestad para poner el foco sobre actividades cuestionables en el caso de que se produzcan.

Dicho de otro modo, las Cortes de Castilla y León solo pueden ser denunciadas ante la autoridad anticorrupción que ellas mismas crearon por sí mismas, lo que vendría a ser similar a que si un ciudadano que comete un delito solo puede ser investigado si él mismo lo reconoce ante las autoridades. Y en el caso del Parlamento, como consecuencia de esta fórmula, la Mesa debe tener conocimiento de lo que sucede para poder denunciarlo, algo que no pasa siempre tal y como pusieron de manifiesto las sentencias judiciales que el letrado mayor ocultó y que desconocía incluso miembros del órgano director del Parlamento autonómico.

Por lo tanto, las Cortes se encuentran en una situación excepcional y, lo que es aún más sorprendente, ante un organismo que creó el propio Parlamento y que se anunció por todo lo alto como el encargado de combatir la corrupción en Castilla y León.

Pero eso no es todo, puesto que los privilegios de las Cortes en materia de corrupción van aún más allá. En el supuesto caso de que la Mesa acudiera a la AICCYL para denunciar un caso susceptible de considerarse corrupción y el organismo, tras la correspondiente investigación, confirma tal supuesto, el Parlamento autonómico tampoco podría ser sancionado frente al resto de administraciones e instituciones que sí están sometidas a los procedimientos disciplinarios del organismo.

Esta es una particularidad de la Cámara autonómica que señala, de nuevo, el titular de la AICCYL. «En el procedimiento disciplinario sancionador tampoco entran las Cortes», asegura.

Por lo tanto, y dado que su situación ante la AICCYL es diferente a la del resto de instituciones, ¿existe alguna herramienta para prevenir y combatir la corrupción en las Cortes de Castilla y León? Pues lo cierto es que sí, o al menos debería haberlo, puesto que tal y como explica Luis Gracia «las Cortes deberían tener su canal interno de denuncias» ya que así lo establece la directiva de la Unión Europea para todas las administraciones y para las empresas de más de 50 trabajadores.

Sin embargo, más allá de lo que establece la normativa de la UE y que es común para todas las instituciones y empresas que se encuentran en su territorio, no cabe duda de que las Cortes prefirieron dotarse de un régimen especial en lo que se refiere a la autoridad anticorrupción que ellas mismas crearon hace unos años y ante la que solo pueden denunciarse a sí mismas, impidiendo que cualquier otro ciudadano anónimo pueda hacerlo y como sí disponen para el resto de administraciones.

Se limita, de esta forma, la capacidad de actuación de la AICCYL, que por otro lado tiene bien definido su protocolo de actuación, tal y como explica Gracia, y que se pone en marcha en el momento en el que la autoridad recibe una denuncia que puede ser o no anónima.

A partir de esa denuncia se activa una fase de verificación en la que la autoridad anticorrupción evalúa si la denuncia tiene una base o visos de poder ser real. En caso afirmativo, se dirige a la entidad denunciada para solicitar información y documentación para tratar de identificar si, efectivamente, se había venido realizando alguna actividad ilegal.

Durante el proceso, la AICCYL ofrece a las empresas o instituciones denunciadas la posibilidad de comparecer ante ella e incluso ponen a su disposición asesoramiento jurídico, al mismo tiempo que, en el caso de que la denuncia sea cierta, lo ponen en manos del órgano competente. En caso contrario, sin embargo, se puede proceder a la inadmisión de la denuncia o bien a su archivo con una serie de recomendaciones a la entidad denunciada.

A todo este proceso, sin embargo, permanecen ajenas las Cortes de Castilla y León, pues que ya en ese primer paso para dar inicio al proceso se desmarcan del resto de instituciones y se dotan a sí mismas de una condición especial para que nadie, y solo su máximo órgano, tenga la capacidad de denunciar un posible caso de corrupción.

Es por ello que resulta muy difícil que el Parlamento autonómico se vaya a poner bajo la lupa de la autoridad anticorrupción a la que, eso sí, empuja al resto de administraciones ofreciendo esa posibilidad de denuncia anónima. Posibilidad que, por otra parte, supone un gran paso en materia de transparencia a pesar de que la Cámara no parezca estar dispuesto a darlo. Al fin y al cabo, la relación entre las Cortes de Castilla y León y la transparencia acumula ya varios años de altibajos.

Y todo esto sucede, además, desde que la AICCYL se constituyera en 2024 en las propias Cortes autonómicas bajo la presidencia de Carlos Pollán, de VOX. Sin embargo, desde entonces y a pesar de la anomalía que protagoniza el parlamento ningún partido se ha pronunciado al respecto. Todos ellos, tanto los que forman parte del gobierno como de la oposición han guardado estos años silencio a este respecto.

Ni siquiera se recuerdan críticas o advertencias en este sentido al que fuera procurador por Valladolid la pasada legislatura, Francisco Igea, quien en varias ocasiones se mostró beligerante en defensa de la transparencia pero que nada dijo sobre el blindaje del que disfrutan las Cortes frente a su propia autoridad anticorrupción en una situación privilegiada frente al resto de instituciones.

No sorprende demasiado, en todo caso, este silencio por parte de los partidos políticos, a quienes parece no preocupar demasiado que las Cortes de las que forman parte y de las que cobran sus procuradores puedan someterse al escrutinio de una autoridad anticorrupción. Ya en otras ocasiones los grupos han permanecido ajenos a la realidad en casos como este, hasta que finalmente alguien decidió dar la voz de alarma.

Sea como sea, lo cierto es que en esta nueva legislatura en la que la Presidencia de la Cámara recae en el ‘popular’ Francisco Vázquez sí que se aprecia un esfuerzo en busca de esa transparencia. Sigue siendo largo el camino que el Parlamento de Castilla y León debe recorrer en este sentido, pues son ya varios los tropezones que se le han podido atribuir en la materia. Falta por saber, no obstante, si el propósito de enmienda es tal y si finalmente habrá un salto importante en lo relativo a la transparencia.

Además, y al contrario de lo que ocurre con respecto a otras cuestiones, lo que tiene que ver con la AICCYL va un paso más allá. No se trata solo de transparencia, un derecho con el que deben contar los ciudadanos para conocer el funcionamiento de las instituciones que, como en este caso, les representan; sino que además es una herramienta para poder fiscalizar y poder actuar si existe sospecha de ilegalidad ante una institución como las Cortes y que cada año gestiona un presupuesto de 30 millones de euros.