Ventanilla única, prioridad nacional y fin a la cita previa: Vox empieza a aplicar la desregulación en Castilla y León

Los vicepresidentes de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura (Manuel Gavira, Alejandro Nolasco, Carlos Pollán y Óscar Fernández, respectivamente) han acordado establecer una hoja de ruta común para aplicar el programa nacional de desregulación de Vox en cada una de sus regiones, con el objetivo de para trabas burocráticas, poner la Administración al servicio del ciudadano y reforzar el principio de prioridad nacional.

Así lo acordaron tras mantener una reunión de trabajo con el diputado nacional, José María Figaredo, y la secretaria general adjunta, Montse Lluís, en la sede nacional de Vox en Madrid, en la cual se puso sobre la mesa el compromiso de mantener una interlocución directa y permanente con la dirección nacional del partido para garantizar que la desregulación avance en la misma dirección en toda España.

Entre las medidas pactadas, con algunos casos donde están ya en marcha, figuran la eliminación de la cita previa en todas las administraciones gobernadas por Vox, la implantación efectiva del principio de prioridad nacional en las políticas regionales y en la percepción de ayudas y el desarrollo de una vía rápida administrativa sustentada en tres instrumentos: la ventanilla única, el silencio administrativo positivo y el uso del dato único para la Administración.

Cada comunidad autónoma pondrá en marcha, además, un Buzón de Desregulación: un canal permanente y abierto para que ciudadanos, autónomos y empresas propongan la eliminación de las trabas burocráticas que sufren cada día. “Son los españoles de a pie quienes mejor conocen el infierno burocrático al que le ha venido sometiendo la Administración y Vox se compromete a escucharles activamente”, recalcan en un comunicado difundido por Ical.

En ese sentido, apuntan que “todas las medidas responderán a problemas reales detectados sobre el terreno y su grado de cumplimiento será medido con objetivos concretos”. "Vox no plantea la desregulación como un simple anuncio, sino como un compromiso que podrán verificar y notar en su día a día los españoles”, añaden.

“Los gobiernos autonómicos de Vox actúan con una misma idea y enmarcados en un mismo proyecto nacional: allí donde la formación gobierna se aplica su plan de desregulación, un plan donde la Administración deja de ser un problema y se pone de manera prioritaria a quienes viven y trabajan por el futuro de España”, completan.

Por su parte, el PSOE de Castilla y León calificó este lunes como “disparate” las primeras medidas del plan de desregulación de Vox.

“Nos preocupa”, manifestó la portavoz socialista en la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de las Cortes de Castilla y León, Carmen Iglesias, que aseguró que las medidas responden a la “prisa” de Vox por “vender a su electorado algún logro”.

Iglesias justificó el calificativo de “disparate” que le dio a estas medidas por no haber realizado el Gobierno autonómico antes otra serie de actuaciones como la reordenación de la plantilla encargada de estas cuestiones o el desarrollo normativo de los cambios procedimentales necesarios para llevar a cabo estas medidas, informa Ical.

Además, la portavoz socialista del área de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales también criticó al vicepresidente primero autonómico y consejero de la materia, Carlos Pollán, por suspender con carácter urgente las ayudas públicas a las ONG que favorezcan la migración irregular tras la crisis migratoria en Ceuta.

“Es una orden que ha salido de Madrid y que Pollán se ha apresurado a cumplirla sin rechistar”, lamentó Iglesias, que dirigió una batería de preguntas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para saber si “va a permitir este atropello político y jurídico” al tercer sector dado que “un expediente de concesión de ayudas no se puede suspender sin causa legal”.

En ese sentido, la procuradora socialista recordó que el pacto entre PP y Vox que sustenta el gobierno autonómico “no es una causa legal para suspender ningún procedimiento” y pidió por ello que se haga público el informe jurídico que avale esta medida y la relación tanto de las ONG como de las cantidades que han quedado suspendidas.

Para Iglesias, la manera de actuar de Pollán ha sido arbitraria, “como en el Ayuntamiento de Burgos”, y supone “una amenaza al tercer sector” y una falacia dado que “acusar a una ONG de favorecer la migración irregular por atender migrantes es como decir que un hospital fomenta los accidentes de tráfico porque atiende a gente herida o a los bomberos de fomentar los incendios porque acuden a extinguirlos”.

Finalmente, la procuradora socialista fue especialmente crítica con la “retórica fascista” de la que acusó al secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, por pedir la activación del Ejército para “cazar” a los migrantes que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta.

“Es algo que debería escandalizar a cualquier partido político comprometido con la Constitución y la convivencia”, sentenció Carmen Iglesias, que preguntó a continuación al PP y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “si comparten este discurso, si lo toleran o si van a hacer como si no pasase nada porque necesitan a Vox para seguir gobernando”.