Carriedo matiza ahora que se pedirán pruebas de edad de menas a la Fiscalía "si existen dudas" y desvela que ya se hacía

Embrollo en Castilla y León en lo relativo a las pruebas de verificación de edad de los menas. El propio portavoz de la Junta, el 'popular' Carlos Fernández Carriedo, señaló este jueves que desde el Ejecutivo autonómico pedirán los análisis "si existen dudas", algo que por otro lado y como confirmó, ya se venía haciendo en la Comunidad pero, eso sí, a través de la Fiscalía.

Las declaraciones de Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sirvieron, precisamente, para incluir a la Fiscalía en la ecuación, ya que la Junta por sí misma no tiene ninguna competencia para realizar estas pruebas. Una cuestión que había generado dudas al hilo de las declaraciones del vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (VOX), y quien este mismo lunes comprometió la verificación de edad a los menas sin ni siquiera apuntar que deben solicitarse al Ministerio Fiscal.

Hace tan solo cuatro días, en declaraciones a Ical, Pollán anunciaba que como Extremadura y Aragón, Castilla y León pondría en marcha mecanismos para verificación de la edad de los "supuestos menores". Este mismo jueves, sin embargo, y coincidiendo con las declaraciones de Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, matizó sus declaraciones aclarando que la Junta "no puede" hacer esas pruebas "pero sí puede instar a la Fiscalía" para que las lleve a cabo.

“He dicho que vamos a trabajar en ello pero, siempre, dentro de lo que la Ley marca. Y la ley determina que esos supuestos menores que, en el momento en que llegan a Castilla y León, están bajo la tutela de la Junta, a través de la Fiscalía, impulsar que se realicen esas pruebas”, insistió el vicepresidente primero de la Junta.

“Yo creo que es algo que marca la ley. Lógicamente yo no soy quién ni el Gobierno de la Junta de Castilla León, para hacer esas pruebas, pero sí para instar, fundamentadamente, a la Fiscalía para que las pueda realizar”, repitió desde Zamora.

Así las cosas, Pollán ha tenido que precisar su anuncio en una cuestión tan polémica como está siendo la inmigración, señalando ahora sí que debe ser la Fiscalía la que realice las pruebas de edad a los menas ya que la Junta no tiene competencias para ello. Pruebas que, además, el Ejecutivo autonómico ya había venido solicitando en alguna ocasión cuando surgían dudas sobre la edad.

Fue de nuevo Carriedo quien, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves y preguntado al respecto confirmó que el protocolo para realizar pruebas que determinen la edad de los menores extranjeros está en la Comunidad "establecido y regulado", y que por lo tanto se ha venido haciendo "en numerosas ocasiones". "Si existía duda sobre la edad de un menor inmigrante se podía solicitar a la Fiscalía", señaló en un intervalo de tiempo mínimo con la aclaración de Pollán, aunque el portavoz no pudo precisar en cuantas ocasiones se han llevado a cabo las pruebas.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico consideró que estas pruebas sirven para "garantizar la transparencia y que se sepa a ciencia cierta cuál es la edad de los menores", puesto que no es lo mismo el abordaje de cada una en el régimen de protección. Insistió Carriedo, por tanto, en que las pruebas suponen un elemento de transparencia y de seguridad jurídica ya que "identificar que es menor también identifica la administración sobre la cuál recae la responsabilidad".

Argumentó también Carriedo que las pruebas son relevantes también de cara a los mayores de 18 años, ya que "cuando una persona supera esa edad tiene la posibilidad de no estar tutelado y en un régimen de movimientos que no corresponden a esa tutela", al tiempo que garantizó que "los menores que están en el sistema de protección seguirán seguirán en él como hasta ahora hasta la mayoría de edad".

No obstante, el portavoz de la Junta también señaló que "hay que pensar el mejor tratamiento de las personas menores", a lo que agregó que "el mejor sitio donde pueden estar es con su familia". Por ello, defendió que se compruebe si los menas tienen familia en España para ponerlos bajo su custodia ya que "el sistema de protección de las instituciones es para cuando no se puede garantizar que estén en condiciones adecuadas con sus familias".

Finalmente, Fernández Carriedo aclaró que las pruebas se deben solicitar al Ministerio Público porque "la Junta de Castilla y León es competente en el ámbito de los servicios sociales y en lo que respecta a los menores migrantes no acompañados, no en inmigración que es una competencia nacional".