La construcción reclama 30.000 trabajadores en Castilla y León para aliviar la falta de vivienda

El sector de la construcción no tiene capacidad productiva suficiente para satisfacer la demanda privada actual, un déficit de trabajadores que impide acelerar el ritmo de construcción y paliar –al menos en parte– el gran problema social del acceso a la vivienda. El presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, advirtió ayer de que «no se hacen más obras porque falta personal», lo que genera un embudo en la producción que el sector no puede salvar con sus 69.000 ocupados actuales. Estima que faltan, al menos, otros 30.000 profesionales «cualificados». Un volumen que el sector «absorbería» de forma inmediata hasta rozar los cien mil empleos.

Junto a la escasez de mano de obra especializada, otro obstáculo determinante es la falta de suelo. Pascual consideró una urgencia «fabricar suelo» para poder edificar. Porque aunque existe terreno disponible, se trata en su mayoría de «suelo urbanizable», y el proceso administrativo para transformarlo en «suelo urbano» es «complicado» y lleva excesivo tiempo.

El portavoz de los contratistas reclamó voluntad para agilizar esos trámites o la vivienda seguirá siendo un «bien muy escaso», lo que compromete a su vez la competitividad de la región. «Los territorios que no ofrezcan vivienda no tendrán trabajadores», y sin mano de obra, será imposible atraer la industria, el comercio o los servicios que Castilla y León necesita para su desarrollo económico.

En cuanto a la licitación de obra pública, Pascual lamentó otro año de una «senda bajista» iniciada hace tres años. Castilla y León cerró 2025 con 2.184 millones de euros, lo que supone un retroceso del 7,7%. Este descenso es especialmente crítico en la Administración autonómica, cuya inversión se desplomó un 23,5% el pasado año (bajando de 726 a 556 millones) y solo cumplió con el 59% de lo que anunciado en inicio.

El dato, en su opinión, «se explica peor» siendo un ejercicio preelectoral, antesala de los comicios autonómicos celebrados en 2026, que suelen actuar como dinamizadores de la inversión pública.

Tampoco ayuda a levantar esas cifras la prolongada situación de interinidad del Gobierno autonómico en lo que va de año. Al desgranar los datos de licitación de obra pública entre enero y mayo, las cifras revelan que la inversión se han movido «muy poquito».

Pese a este «flojo arranque de año, Pascual mantiene la esperanza de que la Junta «se ponga las pilas» en el último semestre del año y acelere la licitación de los proyectos que ya están preparados para compensar el retraso acumulado.

Durante la rueda de prensa para presentar la memoria anual, celebrada minutos antes de que se anunciara el pacto de Gobierno entre PP y VOX para Castilla y León, el presidente de la Cámara de Contratistas anunció que solicitará una reunión inmediata con el nuevo presidente de la Junta para que el Ejecutivo revitalice la licitación pública como sustento del resto de la actividad económica. Para Pascual, la licitación pública es la «maquinaria de la fábrica» de Castilla y León, y sin una inversión mínima de 3.000 millones anuales, la competitividad del territorio y el acceso a la vivienda para los jóvenes seguirán comprometidos.

La previsión de los contratistas para este 2026 no corrige esa senda a la baja de la licitación. Estiman que la tramitación global de obra pública en Castilla y León vuelva a caer, hasta los 2.050 millones de euros. Esa cifra es la suma de los 1.000 millones estimados desde la Administración central, otros 500 de las entidades locales y 550 desde la autonómica (un ajuste realista que corrige los 1.404 millones contemplados en el último anteproyecto de presupuestos del Ejecutivo autonómico).

Para alcanzar esa estimación en la Administración autonómica, la Junta debería licitar cerca de 400 millones de euros en el segundo semestre, dado que entre enero y abril sólo ha iniciado los trámites para la adjudicación de 164 millones. En opinión de Enrique Pascual «aún hay tiempo» para que el inminente Ejecutivo de Castilla y León recupere el ritmo de inversión .

La Cámara mostró su preocupación por el creciente volumen de obras desiertas, que han escalado desde un razonable porcentaje del 1% hasta un 9,20% durante el primer cuatrimestre de 2026. Al respecto, lamentó que la falta de rentabilidad esté vaciando los concursos públicos ante precios fijados por la Administración «insuficientes» para cubrir costes y obtener un beneficio justo. El ejemplo más representativo es el de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, un proyecto de 40 millones de euros que quedó desierto porque el presupuesto no se ajustaba a la realidad del mercado.