UGT alerta de una campaña de incendios en Castilla y León “igual a hace un año”, sin personal, formación ni planificación

UGT Servicios Públicos Castilla y León alertó este martes de que la comunidad afronta la campaña estival de incendios forestales en una situación “idéntica” a la del pasado año, marcada por la falta de personal, la ausencia de formación específica, las carencias en prevención y la escasa planificación del operativo, pese a los graves incendios registrados en 2025.

El secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, aseguró que el sindicato vuelve a denunciar “exactamente los mismos problemas” que hace un año y lamentó que la Junta no haya aprovechado los últimos meses para reforzar el dispositivo. “Estamos como en el día de la marmota. Volvemos a dar la misma rueda de prensa, las mismas personas y denunciando las mismas cosas”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

Pérez Urueña recordó que el año pasado ya advirtieron de que la campaña comenzaba con efectivos insuficientes y con unas previsiones meteorológicas desfavorables, circunstancias que acabaron derivando en una temporada “catastrófica”, afirmó. “El tiempo nos dio la razón. Fue un año verdaderamente catastrófico”, señaló, al tiempo que recordó que incluso el propio presidente de la Junta reconoció entonces que el sistema había fracasado y que no había personal suficiente para afrontar los incendios.

El dirigente sindical criticó que, tras los incendios del pasado verano, “no ha valido nada” la experiencia acumulada ni las consecuencias sufridas por el operativo. “La Junta ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer. Son unos maestros en no hacer nada”, aseguró. Asimismo, denunció la ausencia de avances en cuestiones que el sindicato lleva años reclamando, como la mejora de accesos a puestos de vigilancia o el refuerzo de plantillas, y lamentó que algunas torres permanezcan sin cubrir por la dificultad para encontrar trabajadores dispuestos a desempeñar funciones en condiciones precarias.

Además, consideró que la situación institucional de Castilla y León dificulta cualquier interlocución efectiva para abordar las deficiencias del operativo. “No tenemos a quién dirigirnos. Cuando haya un interlocutor, pediremos una reunión para negociar nuestras propuestas, pero ahora mismo no hay nadie que pueda tomar decisiones”, afirmó.

Pérez Urueña advirtió también de que las condiciones meteorológicas actuales elevan el riesgo de una campaña especialmente complicada. “Todos los indicadores apuntan a que puede ser peor que la del año pasado. Se dan todas las circunstancias para que haya grandes incendios”, manifestó, aunque puntualizó que su evolución dependerá también de factores imprevisibles y de la capacidad de respuesta del dispositivo.

Por su parte, el responsable autonómico de Bomberos Forestales de UGT, Rodrigo Martín Rodríguez, detalló las principales carencias detectadas por el sindicato en el operativo de Palencia y del conjunto de la Comunidad. Según explicó, la campaña comienza en la provincia con seis puestos sin cubrir y cinco plazas vacantes entre los 28 vigilantes previstos, a lo que se suma la ausencia de unos 56 trabajadores vinculados a empresas privadas que han decidido no participar en las labores de extinción.

Martín Rodríguez atribuyó esta situación a la “falta de planificación” y a la inexistencia de bolsas de empleo específicas para el sector, lo que obliga a recurrir a trabajadores procedentes de listas de desempleo que, en muchos casos, carecen de experiencia y formación previa para desempeñar tareas de extinción. “No es una crítica a los trabajadores, sino a la Administración por permitir que personas sin experiencia lleguen al frente de llama con una formación insuficiente”, subrayó.

En este sentido, criticó que Castilla y León cuente con el Centro para la Defensa contra el Fuego, considerado un referente nacional en materia formativa, mientras que los integrantes del operativo reciben cursos de apenas entre diez y quince horas antes de incorporarse al servicio. También denunció la ausencia de programas específicos de formación en la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), pese a las propuestas trasladadas por el sindicato.

El responsable autonómico de Bomberos Forestales alertó asimismo de problemas persistentes en las comunicaciones durante las emergencias, con deficiencias de cobertura y dificultades en el funcionamiento de las emisoras, así como de la escasa ejecución de trabajos preventivos en los montes pese a la ampliación de las contrataciones a doce meses.

Según explicó, las labores de prevención en las zonas de interfaz urbano-forestal, consideradas fundamentales para proteger los núcleos de población, siguen sin desarrollarse de forma adecuada por la falta de coordinación entre administraciones. “Los pueblos siguen expuestos y con riesgo”, señaló.

Martín Rodríguez quiso diferenciar las críticas sindicales de la labor desarrollada por los profesionales del operativo en la provincia. “Reconocemos el esfuerzo y compromiso de los técnicos y trabajadores que intentan sacar adelante el dispositivo con recursos limitados. Nuestra crítica va dirigida a las decisiones políticas, a la falta de inversión y de voluntad política”, apuntó.

Asimismo, denunció el incumplimiento de varios aspectos recogidos en la Ley de Bomberos Forestales, en vigor desde 2024 y de aplicación obligatoria desde noviembre de 2025. Entre ellos citó la falta de formación específica, la ausencia de reconocimiento de enfermedades profesionales, la inexistencia de una segunda actividad para trabajadores con largas trayectorias profesionales y la falta de avances en materia de jubilación anticipada mediante coeficientes reductores.

“Seguimos sin que la Junta reconozca plenamente a los bomberos forestales y sin que se mejoren unas condiciones laborales marcadas por la peligrosidad, la penosidad y la exposición permanente al humo y sustancias tóxicas”, afirmó.

Por su parte, el vicesecretario del Sector Autonómico de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Carlos Arenas Vázquez, incidió en que el sindicato vuelve a lanzar el mismo aviso que hace un año ante una situación que considera incluso más preocupante por el estado de la masa forestal tras las abundantes lluvias registradas durante los últimos meses.

Arenas recordó que en 2024 ardieron más de 220.000 hectáreas en Castilla y León, de las que más de 8.000 correspondieron a la provincia de Palencia, y defendió que los incendios “se apagan en invierno” mediante trabajos de prevención, limpieza y gestión forestal que, a su juicio, no se han desarrollado con la intensidad necesaria.

También reprochó a la Junta el incumplimiento de diversos acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social tras los grandes incendios de 2022, entre ellos la ampliación de plantillas, la formación de los trabajadores para realizar labores silvícolas durante todo el año o la mejora de los sistemas de comunicación.

Finalmente, criticó la situación de las empresas privadas que participan en el operativo de incendios, a las que acusó de negarse a aportar efectivos mientras no se resuelvan determinadas exigencias derivadas de actuaciones de la Inspección de Trabajo relacionadas con los equipos de protección individual, una circunstancia que, según aseguró, reduce aún más la capacidad operativa del dispositivo forestal de Castilla y León.

Por su parte, el sindicato CCOO convocará movilizaciones de los trabajadores de lucha contra los incendios de la Junta los días 10 y 11 de junio, antes de la declaración de peligro alto de incendios el día 12, ante el “caos” organizativo del operativo: “La otra opción es rezar”, indicó el responsable de Medio Ambiente de FSC CCOO Castilla y León, José Ramón Jiménez.

El dirigente sindical, junto al coordinador del sector autonómico de CCOO, Juan Carlos Hernández, ofrecieron este martes una rueda de prensa, recogida por Ical, en la que arremetieron contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones y su director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, ante un operativo “completamente obsoleto”, sin los medios prometidos y con un marco jurídico “de hace 25 años” que “no permitirá afrontar con ciertas garantías los incendios de sexta generación”, como recoge Ical.

El sindicato celebrará asambleas previas de los diferentes colectivos que integran el operativo y convocará concentraciones frente a las delegaciones territoriales de la Junta en todas las provincias menos Valladolid, el día 10 de junio, para movilizarse frente a la sede de la consejería en la capital del Pisuerga en la jornada siguiente. “Antes que rezar nos movilizamos para denunciar esta situación de desamparo de los trabajadores”, dijo.

Patata caliente

Juan Carlos Hernández recordó que han pedido la dimisión de Suárez-Quiñones y Arranz “decenas de veces” por su “incapacidad manifiesta para gestionar incendios” y expuso su deseo de que el consejero que se haga cargo de esta materia tras el acuerdo de gobierno PP-Vox, que se suscribirá en breve, les convoque “de urgencia, de forma inmediata” en “pleno inicio” de la campaña alta de incendios, que “va a ser complicada”.

Una materia que debe ser una “gran prioridad” para el próximo gobierno, dijo, para exponer: “No me gustaría estar en el pellejo de quien asuma la responsabilidad, es una patata caliente, pero hay que agarrar el toro por los cuernos y tomar decisiones”. Así, trasladó que la primera debería ser “cesar al director general que lleva 20 años y tiene una responsabilidad directa en la desorganizaciones del operativo que ha costado vidas, muchísimas hectáreas y puebles con sustos y más que sustos y sigue ahí”. Al respecto, apeló a que “el que llegue, que tome esa decisión primero y después todas las demás, desde la aplicación de la ley de bomberos forestales a dotar de suficientes efectivos a las plantillas”.

Cambios estructurales

José Ramón Jiménez exigió “cambios estructurales” en el operativo, en el que reina un “caos absoluto”, dijo, y está en una situación “mucho peor que el año pasado” y cargó contra la falta de capacidad de la consejería para reaccionar a situaciones como la actual, con temperaturas ya extremas, sin declarar el peligro alto de incendios, algo que debería haber hecho “hace más de diez días”. En este sentido, aseguró que el operativo provincial está al 30 por ciento, aunque el consejero “venderá” grandes cifras cuando lo presente durante los próximos días, pero “su credibilidad es nula”, defendió, con decisiones “contraproducentes” y “cuestionables”.

La situación, a su juicio, es “muy parecida” a la que se produjo en Zamora en 2022, con medios “escasísimos” y “con la misma desorganización que el año pasado”. “La situación es terrible”, resumió. Denunció que el operativo es el miso que el año pasado y que en 2022 en la provincia zamorana, con un incremento “ridículo” y la misma organización, “el peor operativo de España con diferencia”, sentenció. Asimismo, aseguró que se arrastra el “caos” del verano pasado, ya que se adeudan vacaciones y horas extras y todavía no se sabe quién va a estar de guardia. Agregó que el pasado 22 de mayo, la dirección general emitió una nota informativa de riesgo extremo “sin instrucción operativa ni medios” que solo decía “hay que miedo tenemos”, para declarar más tarde solo peligro medio, “pasa salir en los medios”.

En este contexto, Juan Carlos Hernández advirtió de que la campaña de incendios que viene va a ser “complicada por la cantidad de combustible que hay en los montes y las altas temperaturas” y sentenció que “las perspectivas son muy negativas, de mucho peligro ya en la actualidad, y estamos en situación de riesgo medio”.

Colectivo “en pide e guerra”

Hernández, quien animó a todos los compañeros que trabajan en el operativo a que secunden las movilizaciones y expuso que han invitado al resto de sindicato a que participen de forma conjunta, Al respecto, denunció que todos los colectivos del operativo “están en pie de guerra” desde celadores, pasando por ingenieros, agentes medio ambientales, conductores de motobombas, peones de montes y de extinción, vigilantes de incendios, personal técnico y de los centros provinciales y autonómico de mando.

En este sentido, recordó la movilización de los celadores de hace unos días, y criticó que desde el 15 de mayo deberían estar los calendarios de guardias, “y estamos a 2 de junio” sin que se hayan publicado. Recordó asimismo, la querella que mantiene el sindicato contra la Junta por el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de las consejerías de Medio Ambiente y de Presidencia, que “sigue viva y nos refuerza más en nuestros argumentos”.

Jiménez agregó que el último colectivo “cabreado” son los 300 ingenieros de la sede dela consejería, porque sigue sin aplicarse la ley de bomberos forestales, cuando “son los primeros responsables de extinguir los fuegos”, junto a los agentes medio ambientales. Así, lamentó que la Junta mantiene un “marco jurídico casi del siglo pasado”, con el que “es imposible afrontar los peligros a los que se enfrenta el operativo”.