El CES desmonta los discursos xenófobos y reivindica la inmigración para la supervivencia de Castilla y León

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León publicó este miércoles una exhaustiva radiografía de la migración en la Comunidad, un estudio trascendental no sólo por su gran calado técnico sino porque, apoyándose en datos y contexto, contrarresta los mensajes xenófobos que obstaculizan la integración de los nuevos vecinos. El informe redefine el papel de la población extranjera en la Comunidad y lo reivindica como un salvavidas para el futuro.

Lejos de ser un fenómeno transitorio, el estudio posiciona a la inmigración como el mayor «soporte demográfico de un territorio en regresión estructural». Es el «principal motor para mitigar el declive poblacional» en esta España vacía y vaciada.

Esta investigación, coordinada por expertos de distintas especialidades de las cuatro universidades públicas, advierte que Castilla y León se enfrenta a retos estructurales complejos que solo están siendo amortiguados por la llegada de nuevos pobladores. Por eso propone abrir las puertas a los nuevos vecinos y facilitar su llegada con una integración plena, dadas las desventajas a las que se enfrentan, como mayor precariedad laboral, doble discriminación femenina y fuertes obstáculos para acceder una vivienda.

El primer y más evidente desafío de esta tierra es el demográfico. Mientras España acumula un crecimiento sostenido de la población, Castilla y León se desangra. Esta dinámica ha sido devastadora en provincias como Zamora, Palencia y León, que arrojan saldos negativos alarmantes (hasta el 18% en Zamora). El índice de envejecimiento es aquí de 243 ancianos por cada 100 jóvenes, frente a los 154 de media nacional. Un indicador que en provincias como Zamora llega a extremos críticos, con 363 ancianos por cada 100 jóvenes

En este desolador panorama la inmigración se ha vuelto «decisiva para impulsar el relevo generacional», subraya el informe del CES. Reivindica la «vital» contribución extranjera: a pesar de representar el 11,6% de la población en edad de trabajar en 2020, su peso ha crecido rápidamente hasta alcanzar el 17,2% en octubre de 2025.

Crucial es su impacto en la natalidad: casi una cuarta parte de los nacidos en 2023 son de madres de origen extranjero, lo que significa que, aunque representan el 11,6% de la población total, aportan proporcionalmente el doble de nacimientos.

La gran mayoría de los municipios de Castilla y León (2.061 de los 2.248) tiene registrado algún residente nacido fuera de España, lo que supone el 92% del total.

Económicamente, la investigación coincide en que la llegada de trabajadores extranjeros «no solo es muy positiva, sino que además es absolutamente necesaria» para las empresas regionales. Los inmigrantes son definidos como el «elemento más dinámico» del mercado laboral, concentrándose en sectores que de otro modo tendrían serias dificultades para cubrir vacantes.

El informe identifica algunos «nichos laborales» donde la población extranjera está fuertemente sobrerrepresentada, como hostelería, construcción, agricultura, transporte y servicio doméstico o de cuidados.

Ese dinamismo choca con una «clara desventaja estructural» en el mercado laboral. El CES denuncia que la tasa de paro de la población inmigrante llega a duplicar la de los nativos. Y soportan una brecha salarial acusada y persistente: el salario medio anual de un extranjero es de 15.624 euros, frente a los 24.476 euros de los nacidos en España, según los datos del INE de 2024.

La diferencia es especialmente acusada entre las mujeres, quienes sufren una «confluencia de desventajas y el riesgo de discriminación por su doble condición», trabajando en su mayoría en sectores precarizados de cuidados y limpieza».

Otro dato llamativo es la sobrecualificación: el 17,6% de los inmigrantes en la región posee estudios superiores, pero la burocracia impide que este talento llegue a desempeñarse en un puesto de trabajo. El informe alerta sobre los niveles de subempleo, especialmente entre los trabajadores no comunitarios, donde el riesgo de precariedad es tres veces superior al de los autóctonos.

El informe destaca el fracaso de los instrumentos de gestión de flujos migratorios actuales, que no responden a las necesidades de las empresas.

Entre las medidas propuestas destaca la creación de un plan específico que atienda el «trabajo de temporada agrícola», un sector que genera gran riqueza en la Comunidad. Asimismo, pide más esfuerzos administrativos para agilizar la homologación de títulos extranjeros, ya que un 17,6% de los inmigrantes posee estudios superiores que no se aprovechan plenamente por barreras burocráticas, desperdiciando un capital humano que la región necesita incorporar su sistema productivo.

La vivienda emerge como otro gran obstáculo para su integración real. El 20,2% vive en una habitación alquilada, una situación transitoria que a menudo se cronifica por la falta de recursos. Los principales problemas detectados son el tamaño reducido de los alojamientos y el alto coste de las fianzas y rentas. Además, el CES denuncia niveles de discriminación en el acceso: se denegó el alquiler al 86,7% de personas de otras nacionalidades.

El documento del CES se presenta muy crítico con la gestión de la Junta de Castilla y León y se muestra tajante al demandar una «nueva planificación estratégica» de cohesión social e inclusión laboral, dado que el último plan vigente finalizó en 2022, el mismo año en el que PP y VOX pactaron su Gobierno al comenzar la anterior legislatura.

El informe urge así a la Junta de Castilla y León a cumplir la Ley 3/2013 y aprobar una nueva planificación estratégica plurianual y que, además, cuente con «dotación presupuestaria suficiente» y garantice una atención estable frente a las «intervenciones puntuales».

Además, pide mejorar la eficiencia administrativa con una coordinación real entre los servicios de empleo, los sociales y oficinas de extranjería para lograr la «agilización de trámites». Recomienda también reflexionar sobre la necesidad de «reducir la irregularidad» –un debate encendido en las últimas semanas en España con la regularización administrativa recién abierta–, con el objetivo de combatir la economía sumergida y garantizar los derechos laborales.

Ente las acciones concretas que también propone el CES a las administraciones públicas se encuentras facilitar el empadronamiento. Solicita a los ayuntamientos que adapten sus ordenanzas para no obstaculizar este trámite, que llave de acceso al «escudo de protección social» y a servicios básicos como educación o sanidad.

También recomienda una remodelación profunda de los requisitos para la Renta Garantizada de Ciudadanía, eliminando la barrera de un año de residencia mínima para familias en situación de urgencia vital, para abrir esa prestación a los nuevos vecinos.

El mapa de la inmigración en Castilla y León ha cambiado de perfil. Tras años de predominio de ciudadanos búlgaros y rumanos, hoy el grupo más numeroso lo forman los colombianos seguidos de marroquíes y venezolanos. 

El informe subraya que estos nuevos castellanos y leoneses no ven su estancia como algo temporal: el 92% de los encuestados planea quedarse a vivir en la Comunidad y un 46,3% ya está tramitando la llegada de sus familias.

El sentimiento de pertenencia es híbrido pero positivo: el 35,3% ya se siente tan español o más que de su país de origen. Sin embargo, persisten sombras como la escucha frecuente de comentarios xenófobos, reportados por el 11% de los inmigrantes de forma diaria, según indica el informe, que incluye un trabajo de campo, con una encuesta propia a 520 inmigrantes entre septiembre y octubre de 2025 para captar «la voz de los inmigrantes».

Como conclusión, el CES reivindica la inmigración como un salvavidas para el futuro. Es una «garantía de supervivencia» para una región envejecida. Por eso no limita la integración a un mero un proceso administrativo, sino que debe afrontarse como una «apuesta firme por la cohesión social» que requiere la implicación de toda la sociedad y una Administración que deje de actuar de forma reactiva para liderar una estrategia de convivencia a largo plazo.