El apagón digital en los pueblos pone en riesgo vidas ante incendios, alerta el Procurador del Común

La falta de conexión a internet y telefonía móvil en el medio rural ha dejado de ser un problema de comodidad para convertirse en una amenaza directa a la seguridad de las personas. Así lo expresa el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, en tres contundentes resoluciones publicadas esta semana y dirigidas a la Junta y a las diputaciones de León y Ávila, a raíz de dos quejas contra el aislamiento tecnológico que sufren ambas provincias.

El defensor del pueblo autonómico se ha pronunciado en anteriores ocasiones contra la marginación de los pueblos sin una conexión decente pero ahora eleva el tono y –con el recuerdo aún humeante de los incendios registrados el pasado verano– califica la conectividad digital como un «recurso vital», al mismo nivel que otros suministros básicos como el agua, la electricidad o las carreteras.

Recuerda Quintana que estar desconectado en un pueblo no solo frena el desarrollo personal, económico, comercial o laboral de los vecinos, sino que puede tener consecuencias trágicas en caso de emergencia. Fundamenta su preocupación en las catástrofes vividas el pasado mes de agosto cuando una excepcional ola de incendios forestales puso en jaque durante días a miles de vecinos de la Comunidad. Las telecomunicaciones se revelaron entonces como una «necesidad estratégica» para fortalecer la capacidad de reacción y protección ciudadana.

La falta de señal limita, por ejemplo, la capacidad de los vecinos para llamar al 112: es imposible dar una alerta temprana sobre el origen de un foco de incendio, lo contribuye a la propagación del fuego sin control antes de que lleguen los equipos de extinción.

La ausencia de señal impide también enviar un Es-alert para confinar a la población o evacuar zonas de riesgo, como sucedió en agosto con el lanzamiento de SMS durante los incendios forestales en la provincia de León. Además, los propios servicios de emergencia verían obstaculizada su coordinación logística al no poder usar herramientas digitales de geolocalización, mapas dinámicos o drones para atender una catástrofe llegado el caso, así como solicitar refuerzos como ambulancias o maquinaria pesada desde el terreno. En este contexto –apostilla– esa incomunicación genera desinformación y angustia, impidiendo que los vecinos comprueben el estado de sus allegados, lo que puede derivar en decisiones improvisadas y peligrosas.

Más allá de las emergencias, el Procurador subraya que quienes carecen de estos medios integran un nuevo colectivo de «marginalidad y exclusión».

Las resoluciones emitidas esta semana nacen de dos quejas. Una de ellas llega de Medinilla (Ávila), un municipio de la comarca del Alto Tormes que, pese a estar rodeado en un radio de cuatro kilómetros por los cables de fibra óptica, la cobertura desaparece al poner un pie en el casco urbano. La otra procede de Villamizar, una pedanía de Tierra de Campos en León, sin cobertura porque hace años su alcalde pedáneo rechazó la instalación de antenas por considerarlas perjudiciales para la salud.

La competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones y en la extensión de las redes de telefonía móvil e internet recae en el Gobierno central, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La administración estatal es la única responsable de los despliegues de infraestructuras, como los realizados bajo los programas Único con financiación de fondos europeos. De hecho, el Ejecutivo central, dentro de la Agenda España Digital 2026, se comprometió a garantizar una conectividad adecuada para toda la población y eliminar la brecha digital, fijando como objetivo que el 100% de los ciudadanos disponga de una cobertura de 100 Mbps para el año 2025, cosa que está lejos de ocurrir en Castilla y León.

«Mientras persista la brecha digital y algunas personas carezcan de conexión a internet, es imposible hablar de un derecho efectivo a utilizar la administración electrónica», señala Quintana en su resolución, subrayando que la Ley General de Telecomunicaciones considera estos servicios como «imprescindibles» para el desarrollo económico y la creación de empleo en el medio rural.

A pesar de esa competencia estatal, el Procurador del Común revisa el margen de maniobra dentro de la propia autonomía para acelerar la solución del problema. Y pide a las Administración autonómica y a las diputaciones que medien y que reconozcan que la conexión digital no es un privilegio ni se limita al uso cotidiano de servicios, sino que «representa un recurso de vital importancia» en situaciones de emergencia y catástrofes.

En concreto, emplaza a la Junta de Castilla y León le insta a fortalecer la Mesa de las Telecomunicaciones y la Digitalización dotándola de los medios necesarios para impulsar la modernización tecnológica y facilitar el acceso a nuevas tecnologías en toda la Comunidad. Recomienda también a la Consejería que realice un exhaustivo control del cumplimiento de los planes de extensión de banda ancha y telefonía fija y móvil, reivindicando ante el Gobierno de España que cumpla de manera efectiva con los objetivos y compromisos de conectividad adquiridos.

También emplaza a la Junta a flexibilizar los trámites burocráticos, facilitando la concesión de permisos y autorizaciones de su competencia para acelerar el despliegue de la fibra óptica en el medio rural.

En respuesta a estas resoluciones, la Junta de Castilla y León acepta los argumentos de Quintana y subraya la creación en abril de 2025 de la Oficina de Apoyo a la Digitalización para dotar de más recursos a la Mesa de las Telecomunicaciones y agilizar los trámites administrativos. Preguntada por este periódico, la Consejería recuerda que ha elaborado un mapa de coberturas detallado que identifica las carencias reales del territorio para presionar al Gobierno de España y exigir que se cumplan los objetivos de banda ancha en plazos razonables. Asimismo, recuerda que está participando en planes estatales como '5G Redes muy rurales' para garantizar que las inversiones lleguen a las zonas con mayor brecha digital de la Comunidad. 

A las diputaciones de León y Ávila les recuerda Quintana su deber legal de colaborar con los municipios de menos de 20.000 habitantes para garantizar la administración electrónica, algo que resulta «imposible» sin una buena conexión a internet. Y le exige promover las actuaciones necesarias para solucionar los problemas de cobertura en el municipio afectado y en el resto de zonas de la provincia que lo requieran.