La fiscal archiva la segunda denuncia contra Mañueco y Quiñones por los incendios del verano

Nueva victoria legal de la Junta de Castilla y León en la gestión de los incendios. La Fiscalía de la Comunidad Autónoma archiva una denuncia, y ya van dos, que pretendía atribuir responsabilidades penales a altos cargos de la Junta de Castilla y León por las decisiones tomadas en el operativo de los incendios del pasado verano. El Ministerio Público archiva la diligencias de investigación «por estimar que los hechos denunciados no permiten el ejercicio de la acción penal». Pero antes de llegar a esa conclusión, el decreto de archivo se extiende a lo largo de 21 páginas respaldando una por una todas las principales decisiones tomadas por la Administración autonómica en la gestión de la catástrofe.

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León determina en su decreto, fechado el pasado 27 de febrero (16 días antes de los comicios, el mismo día que se inició la campaña electoral) que no existen indicios de responsabilidad penal en la gestión de los tres políticos denunciados: el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja. El Ministerio Público responde así a la denuncia interpuesta por la asociación Plataforma Bierzo Aire Limpio, que los acusaba de prevaricación por omisión y homicidio imprudente, vinculando la supuesta falta de prevención e inversión con la muerte de cuatro personas y la calcinación de más de 108.000 hectáreas. 

El decreto subraya que el operativo de extinción de incendios (denominado 'Infocal'), «actuó conforme a los protocolos en un escenario de condiciones meteorológicas extremas y fuera de capacidad de extinción», descartando que la tragedia fuera consecuencia de una inacción deliberada. El informe técnico destaca que la provincia de León fue priorizada con la mayor parte de los medios aéreos y el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), concluyendo que los daños sufridos, incluso en parajes de alto valor patrimonial como Las Médulas, se debieron a la virulencia del fuego y no a una dejación de funciones punible, ya que «la responsabilidad penal no puede derivarse automáticamente del cargo político ante desastres de tal magnitud climática».

Excepcionalidad

El decreto de archivo, firmado por la fiscal delegada autonómica de Medio Ambiente, Urbanismo e Incendios, Purificación Sobrino, fecha en el 12 de septiembre la fecha del inicio de las diligencias de investigación, tras la ampliación de la denuncia inicial a Santonja por «su posible responsabilidad en la infracción del mantenimiento y protección del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO».

El documento señala que el análisis de los índices IGR y SIT «evidencia la excepcionalidad de agosto, siendo 33 los incendios que fueron clasificados como IGR 2 (riesgo grave para personas/bienes/infraestructuras críticas, que requiere medios extraordinarios) y en cuanto a las SIT (Situaciones Operativas) el sistema permaneció en SIT 2 durante 23 días en el citado mes».

Apunta también que el Operativo Infocal «funcionó conforme a los procedimientos establecidos. Se activaron y escalaron correctamente los niveles de gravedad (IGR y SIT), se movilizaron los medios propios y se solicitaron de forma temprana y sostenida los refuerzos externos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Unidad Militar de Emergencias (UME). El refuerzo externo, fue sostenido en agosto, especialmente por parte de medios aéreos del Miteco y helicópteros externos y las activaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME)».

Además, valora que no haber declarado el nivel 3 de alerta, extremo muy criticado por los partidos de la oposición, fue correcto: «La eventual declaración de una Situación Operativa 3 (emergencias de interés nacional, declaradas por la persona titular del Ministerio del Interior de acuerdo con la ley), no resultaba necesaria para la incorporación de más medios al operativo de extinción al haber sido cursadas previamente las correspondientes solicitudes al Gobierno de España, y estaban siendo atendidas por éste, incluidos los del ejército, no UME, que fueron solicitados por la Junta de Castilla y León».

También niega que hubiera negligencia con la provincia de León ni sus parajes de interés especial. Así, «la provincia de León concentró el 21% del total de incendios de Castilla y León en el periodo junio-octubre de 2025. En agosto, concentró el 25,8% de todos los incendios por rayos de la comunidad (17 sucesos). La mayoría de los incendios requirieron varios días de trabajo hasta su extinción. La simultaneidad, media diaria de incendios se multiplicó por más de cuatro en agosto con respecto a julio, la máxima se dio con un total de 24 incendios activos a la vez. En agosto, el 19,5% de los incendios en León alcanzaron el IGR Nivel 2 (máxima gravedad)».

Y como consecuencia, «la asignación de recursos fue prioritaria hacia León. En agosto concentró cerca del 48,3% de todos los medios aéreos que operaron en Castilla y León y el 59,1% de las activaciones de la UME. León fue el principal receptor de refuerzos externos, más de la mitad (56%) de los medios aéreos que operaron en León en agosto provenían del Miteco y otras comunidades autónomas, así como Portugal»

La Fiscalía no lo comunicó hasta pasadas las elecciones

Se trata del segundo decreto de Fiscalía favorable a la actuación de la Junta en los incendios que se dictó antes de las elecciones pero que no se desveló hasta después de celebradas. El archivo de la denuncia por la gestión de los incendios del pasado verano en la Comunidad, se produjo el pasado 27 de febrero, el mismo día que se inició la campaña electoral, fue firmado por Purificación Sobrino el día 4 de marzo, once días antes de las elecciones, pero no se envió hasta el 20 de marzo, cinco días después de los comicios autonómicos.

De esta forma, aunque en medio de la campaña electoral la gestión de los incendios ya había recibido respaldo de la justicia, los partidos de la oposición pudieron seguir utilizándola como argumento electoral contra su contrincante, el Partido Popular, el mismo que gestionó la violenta oleada de fuegos vivida el pasado verano a lo largo y ancho de la Comunidad y que recibe ahora un visto bueno claro y contundente de Fiscalía punto por punto.