Diario de Castilla y León

ECONOMÍA

Los empresarios exigen más deducciones fiscales en vivienda para revitalizar los pueblos de Castilla y León

Empresa Familiar y Vitartis presentan un documento que consta de 100 medidas con el objetivo de "dinamizar la actividad en el mundo rural"

Santiago Miguel e Isidoro Alanís presentan el documento ‘Medidas urgentes para incentivar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León’

Santiago Miguel e Isidoro Alanís presentan el documento ‘Medidas urgentes para incentivar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León’ical

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Valladolid

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Más de 100 medidas para "el drama de las empresas familiares". Así lo ha afirmado hoy el presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Isidoro Alanís, y el presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis), Santiago Miguel, acompañados del director de Empresa Familiar, Eduardo Estévez, en la presentación del documento ‘Medidas urgentes para incentivar la actividad empresarial en el mundo rural de Castilla y León’. 

Enfocadas en impulsar el mundo rural, ambas asociaciones, que albergan a las principales empresas de la Comunidad, han diseñado una hoja de ruta con soluciones de simplificación administrativa muy concretas y realistas. Las medidas se centran, entre otras, en la eliminación de cargas burocráticas, el impulso del desarrollo de polígonos industriales 'inteligentes', ampliación de las deducciones fiscales para la rehabilitación de viviendas y creación de declaraciones responsables de primera ocupación parciales. 

El documento se estructura en torno a nueve ejes y aborda la necesidad de mejorar la tramitación del planeamiento urbanístico para evitar excesiva complejidad procedimental y acumulación de trámites sectoriales que ralentizan de forma significativa la aprobación de los instrumentos de ordenación y la actividad empresarial. 

Alanís y Miguel también han recordado que este documento fue entregado la semana pasada al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y que han trasladado a todos los partidos con representación parlamentaria, con la petición de que "sean incluidas en sus programas electorales". "Comprobaremos entonces si los políticos de Castilla y León están a la altura. Si las medidas caen en saco roto, entonces no", afirmó Alanís. 

Ambos empresarios quisieron recordar también que el 45% de las industrias agroalimentarias se ubican en zonas rurales. "Concentran el 35% del empleo del sector y sin ellas será imposible que nuestros pueblos puedan sobrevivir".  Advirtieron además de la "situación dramática" que experimenta el mundo rural, "en una sociedad que no quiere saber nada de los pueblos, no se invierte, no se crean infraestructuras, es una realidad".

El presidente de Empresa Familiar, Isidoro Alanís, también precisó que el 98% de los municipios de Castilla y León tiene menos de 1.500 habitantes y exigió una "vuelta radical" en la tramitación de los planes urbanísticos de los pueblos. "Deberían desarrollarse, dijo, en un plazo máximo de dos años, cuando ahora, tardan hasta ocho", denunció. 

Alanís advirtió de que es esencial agilizar este proceso y "simplificar todas las tramitaciones necesarias" porque del mismo depende la generación de suelo industrial para la implantación y el crecimiento empresarial así como la capacidad de construcción de vivienda "tan necesaria para que los trabajadores puedan desarrollar su plan de vida", dijo. Puso el foco en el desarrollo de los polígonos industriales inteligentes, que quedaron "prácticamente paralizados" tras la crisis urbanística. 

El presidente de Vitartis, Santiago Miguel, también recordó la importancia de la industria agroalimentaria en el medio rural y lanzó un mensaje a favor de "acabar con las trabas urbanísticas y de vivienda", para que "tengan oportunidades para crecer". En materia de mejora fiscal, Miguel abogó por la bajada del IRPF , así como en determinados impuestos para la adquisición de vivienda o con la bonificación completa en las transmisiones de empresas familiares en municipios pequeños y en las tasas autonómicas relacionadas con la industria, energía, agroalimentación y explotaciones agrícolas y forestales.

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