Sólo el 10% del mercado de alquiler de Castilla y León cumple los precios de las ayudas de la Junta

Con el alquiler convertido en la única vía de acceso a una vivienda que se les presenta a buena parte de los ciudadanos, con precios ya de por sí desorbitados para unas condiciones desoladoras, no poder disponer de las ayudas dispuestas por la Junta de Castilla y León agrava el problema. Las subvenciones existen con su correspondiente serie de requisitos, pero uno de esos puntos basta para desmontar cualquier planteamiento de un futuro arrendamiento al limitarse las tarifas de alquiler a 500 y 550 euros mensuales, según las dos únicas áreas geográficas establecidas por el Ejecutivo autonómico. Topes irrisorios que sólo se cumplen en el 10% del mercado que se oferta en la Comunidad, con provincias que a menos de un mes de cerrarse la convocatoria de solicitudes no cuentan con viviendas disponibles dentro de los límites fijados.

La última convocatoria de ayudas al alquiler por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio incorpora novedades en los límites de renta subvencionables, con incrementos en las zonas rurales –donde el tope pasó de 450 a 500 euros–, y en función de las circunstancias personales de los solicitantes, como ser familia numerosa de categoría general o especial, o presentar algún tipo de discapacidad.

También se modifican los ámbitos municipales, reducidos de tres a dos, integrándose en el primero de ellos las nueve capitales de provincia, además de Ponferrada y los municipios limítrofes a cada una de ellas (Aguilar de Campoo, Aranda de Duero,Medina del Campo, Miranda de Ebro,Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Valverde de la Virgen, Sariegos, Villamuriel de Cerrato, Santa Marta de Tormes, Villamayor, Carbajosa de la Sagrada, Villares de la Reina, Palazuelos de Eresma, Real Sitio de San Ildefonso, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Cistérniga, Zaratán, Simancas, Cigales), cuya renta general se mantiene en los 550 euros de máximo.

Pero más allá de los cambios normativos, los actuales datos del mercado del alquiler en Castilla y León evidencian un problema estructural de oferta en aquellas viviendas que deben cumplir con un contrato de arrendamiento con tope en los 550 y 500 euros mensuales marcados por la Junta, de forma que sólo 163 viviendas del primer ámbito municipal son aptas para permitir la concesión de la subvención, según los datos consultados por este periódico a fecha del 9 de diciembre en los tres principales portales inmobiliarios del país (Idealista, Fotocasa y Milanuncios). De ellas, 26 corresponden a estudios que pueden incluir una mera cama. Del segundo ámbito municipal, al incluir el resto de municipios de la Comunidad, la cifra asciende a 410 opciones válidas, asumiendo que para obtener la subvención –en ambos casos– se debe cumplir con el criterio de que los ingresos del inquilino se encuentren por debajo del umbral exigido. El resto de 276 viviendas disponibles quedarían en el limbo, sin cumplir con las condiciones para acceder a la ayuda.

El reflejo más claro de esta desoladora realidad se da en Soria, donde el PSOE de Castilla y León fue muy crítico con la escasa adecuación de los límites de renta a la realidad del mercado, con sólo dos del medio centenar de pisos en alquiler aptos para las ayudas. Pero la situación se vuelve más grave aún si se actualizan los datos de los portales inmobiliarios, ahora con ninguna opción disponible en la capital soriana por menos de 550 euros. Y es que las 20 viviendas que se ofertan para arrendar con ese tope se concentran en Almazán, San Leonardo de Yagüe, Almaluez, Duruelo de la Sierra, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Navaleno, Gomara, y Golmayo, municipios que pertenecen al segundo ámbito municipal, por lo que su límite de renta se debe situar en los 500 euros mensuales, de forma que sólo 12 optan a la concesión.

Y lo mismo ocurre en Segovia, donde se encontraron el pasado 9 de diciembre hasta 32 anuncios con un máximo de 550 euros de alquiler al mes, pero sin encontrarse ninguno de ellos en la capital, Palazuelos de Eresma o el Real Sitio de San Ildefonso, que son los municipios de la primera zona geográfica acotada por la Junta.

El ejemplo soriano y segoviano no sirven a la Dirección General de Vivienda, que respalda su adaptación al mercado al haber realizado un incremento en los límites de renta de las diferentes categorías por encima de la evolución anual o trimestral de los alquileres, situada en el 5,4% de variación interanual en noviembre con la referencia de Fotocasa. Al respecto, a raíz de la última legislación, los límites de renta máxima mensuales para los hogares de 500 euros sí que atienden a la afirmación de María Pardo, presidenta del órgano gubernamental a nivel regional, con un aumento del 11% frente a los 450 euros anteriores. No obstante, donde se halla el grueso de las demandas para acceder a una vivienda, que son en las capitales de provincia, la variación es inexistente, manteniéndose el tope en los 550 euros, que con las cifras sobre la mesa resulta casi una utopía encontrar un piso a ese precio. Y si los hay, sus condiciones dejan mucho que desear, con pocos metros cuadrados o ausencia de ascensores.

A falta de variaciones en el tope de 550 euros, que debería haber aumentado a 600 euros, como mínimo, en base a la evolución al alza del precio alquiler, la acción emprendida por la Dirección General de Vivienda ha sido la de añadir al primer ámbito municipal más pueblos, especialmente aquellos con una población superior a 5.000 habitantes. Suficiente o no, los datos recopilados muestran que en ese grupo la dominancia es clara a favor de las capitales provinciales, salvo en León, donde es más repartida la oferta al existir apartamentos disponibles en Sariegos (1), San Andrés Rabanedo (4) y Valverde de la Virgen (4); y en Valladolid, con elecciones posibles en Cigales (4), Laguna (3) y Medina del Campo (2). En el resto de territorios, la corta lista de municipios elegidos por la Junta provoca que en los portales inmobiliarias aparezcan viviendas casi únicamente en la capital: en Salamanca, 5 de 57 se ubican en otros municipios, como son Villamayor y Santa Marta de Tormes; en Burgos, 4 –en Aranda de Duero– de 11; en Palencia, de 14 sólo un piso, en Aguilar de Campoo; mientras que en Zamora todas se concentran en el entorno de la ciudad.

«Hemos conseguido poner las bases para que la oferta no tenga miedo, se pongan viviendas en alquiler y haya gente con capacidad para pagarlas. Subir los límites más tiene el inconveniente de que si pagamos el 50% a todo el mundo, pues necesitaríamos más dinero, eso desde luego», justifica Pardo, que asegura que ello provocaría que los propietarios suban los alquileres al tener una renta garantizada de pago de los inquilinos si reciben la subvención. Es decir, se suben los umbrales, pero no lo suficiente por si los propietarios se aprovechan, mientras los posibles inquilinos quedan con menos opciones asequibles ya que los más baratos son escasos, lo que limita su acceso efectivo a la ayuda.

Es más, desde la Dirección General de Vivienda se apoyan en los datos de beneficiarios del año pasado para asegurar que ese tipo de contratos dentro de los límites generales surgirán antes del próximo 30 de enero, que es cuando finaliza el plazo para solicitar las subvenciones. «A lo mejor no hay contratos ahora de cero, pero desde luego contratos de esas cuantías los hay porque Soria, igual que el resto de provincias de la comunidad autónoma, se ha visto beneficiada el año pasado», explica María Pardo, que recuerda que sólo en 2024 hubo 21.006 que se beneficiaron de estas ayudas, con una subvención media de 2.500 euros. Y el objetivo es llegar a un mayor número en el próximo año, un aspecto que sólo parece viable a través de las familias numerosas o de personas con discapacidad, que pueden acceder a la subvención si la renta oscila entre 600 y 800 euros según los ámbitos municipales, franja donde más se concentra el mercado de Castilla y León.

Con este contexto, Pardo traslada que en la próxima convocatoria de ayudas al alquiler se revisarán los criterios para mejorar los supuestos. «Le vamos a dar una vuelta a los topes de los alquileres», concluye, pero defendiendo que la progresión realizada «no ha sido para abajo, sino que ha sido un incremento porcentual no solamente en solicitudes, sino en concesiones». Tal vez entonces se produzca una verdadera adaptación al mercado.