Diario de Castilla y León

PRESUPUESTOS 2026

Los programas de formación y cualificación profesional suman partidas que alcanzan los 152 millones

El presupuesto de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo alcanza los 478,5 millones, un 5% más

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.ICAL

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La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, compareció esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para exponer el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 de su departamento, que contempla una inversión de 152 millones de euros en programas de formación y cualificación profesional.

El proyecto, según resaltó en declaraciones recogidas por Ical, se configura como el “más ambicioso de la historia” con el objetivo de seguir dando pasos para traducir el buen momento económico de Castilla y León en bienestar, oportunidades y desarrollo profesional para todas las personas y territorios de la Comunidad.

El presupuesto, que asciende a 478,5 millones de euros, con un incremento del 5,1% respecto al ejercicio anterior, busca, según explicó García, fortalecer alianzas con todo el tejido productivo y asociativo para seguir avanzando en la creación de empleo de calidad.

La consejera recordó que los presupuestos parten de un escenario laboral que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en Castilla y León, alcanzando cifras históricas de ocupación, número de afiliados a la seguridad social y reducción de desempleo. En este sentido, en los últimos meses, Castilla y León ha superado con creces el hito histórico del millón de afiliados, con un incremento de más 55.000 afiliados desde octubre de 2022 y un descenso del desempleo cercano a los 21.000 trabajadores. La tasa de paro es 1,77% inferior a la media del país, y el desempleo femenino se ha reducido en más del 10,5% solo en el último año.

Los programas destinados a promover directamente la creación de empleo a través de las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro constituyen una parte esencial del presupuesto. En este sentido, la consejera explicó que se destinan casi 60 millones de euros a los programas de empleo local, 6,5 millones a los programas de fomento del empleo con las entidades sin ánimo lucro, y cerca de 40 millones a los programas mixtos de empleo y formación que también se desarrollan con estas entidades. “Estos más de 106 millones de euros se traducirán en la creación de cerca de 10.000 empleos en el conjunto de la Comunidad”, aseveró.

En cuanto a la fomento del empleo, la propuesta de la Consejería recoge también cerca de 21 millones de euros para favorecer la estabilidad y el empleo de calidad, apoyando las contrataciones indefinidas, la transformación de contratos temporales en indefinidos, la ampliación de contratos a jornada completa y los contratos destinados a favorecer la conciliación.

Productividad

Además, destacó que el eje de la formación, dotado con 152 millones de euros, se concibe como fórmula de mejora de la empleabilidad en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional; pero, también, como palanca para mejorar la productividad y la modernización de las empresas de Castilla y León.

En este sentido, indicó que se ha realizado un esfuerzo por vincular las acciones formativas a las necesidades reales de las empresas, priorizando modelos ajustados al tejido productivo, incluyendo formación específica en el seno de las empresas, y formación alineada con las nuevas tecnologías y los sectores estratégicos de la Comunidad.

Al mismo tiempo, indicó que también se busca avanzar en la transformación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León como punto de encuentro de referencia entre la oferta y la demanda laboral de la Comunidad. En este sentido, se contempla una dotación económica de cerca 18 millones de euros para potenciar y mejorar la labor de intermediación laboral, además de una mayor colaboración con los agentes que operan en el ámbito de la orientación y la inserción laboral.

Entre las medidas programadas se incluye la progresiva implantación de un sistema inteligente de intermediación y orientación laboral basado en tecnologías inteligentes para mejorar el ajuste entre ofertas y demandas de empleo, nuevos servicios a través de la Oficina Virtual con un apartado específico para empresas, la consolidación de nuevos formatos de intermediación laboral como las entrevistas de trabajo exprés, y una estrecha colaboración con otras entidades y colectivos.

Un “esfuerzo histórico” en favor de los autónomos

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, destacó esta tarde que el proyecto de presupuesto de su departamento para 2026 realiza un “esfuerzo histórico” en favor de los trabajadores autónomos, con una inversión de casi 48 millones de euros para paliar las cargas tributarias que vienen soportando, fomentar el emprendimiento y contribuir al mantenimiento y desarrollo de la actividad de los pequeños negocios.

En su intervención ante las Cortes, Leticia García recordó que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor número de autónomos por cada 1.000 habitantes en edad de trabajar, lo que convierte a este colectivo en uno de los principales pilares de la economía de la Comunidad, generando empleo y prestando un amplio abanico de servicios esenciales para las personas, especialmente en el ámbito rural.

Para compensar esa carga se crea el Bono Cuota Autónomos, con un presupuesto de 30 millones de euros. Esta ayuda directa, a fondo perdido, permitirá apoyar a todos los trabajadores autónomos que tienen la condición de persona física y que representan en torno a 100.000 autónomos en Castilla y León.

Además, adelantó que se refuerza el programa Tarifa Cero Segunda Oportunidad que, con una dotación inicial de 1,6 millones, permitirá devolver íntegramente la cuota que hayan abonado al Estado durante los primeros 18 meses de alta en la seguridad social. De este modo, la Junta de Castilla y León pretende contrarrestar también el “encarecimiento de la tarifa plana estatal” y apoyar a los nuevos emprendedores durante la etapa inicial de su actividad.

García también se refirió al programa Relevacyl, dotado con 3,2 millones de euros, que pretende evitar el cierre por jubilación de aquellos negocios viables, fomentando su traspaso a otro emprendedor que opte por el autoempleo. Una medida especialmente, que según explicó, es necesaria ante el alto porcentaje de autónomos mayores de 55 años de Castilla y León.

Paralelamente, desde el Servicio Público de Empleo, se mantiene la apuesta por el impulso al emprendimiento, con los incrementos presupuestarios y el refuerzo de los incentivos que se aplicaron este año en los programas de Fomento del Autoempleo, Autoempleo Jóvenes Egresados, y emprendimiento en los municipios de Transición Justa de León y Palencia, así como la línea de apoyo a la contratación del primer trabajador. Estos programas suponen en su conjunto una inversión de 10 millones de euros.

Economía social

Por otra parte, Leticia García apuntó que el proyecto de presupuestos mantiene el compromiso con el modelo de economía social, que busca la “excelencia del mercado laboral” mediante la incorporación de todo el talento disponible, incluyendo a las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Las partidas económicas de la Dirección General de Economía Social y Autónomos para este fin superan los 38 millones de euros y permitirán apoyar unos 7.000 empleos, destinados, fundamentalmente, a personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión.

Estos 7.000 empleos apoyados a través de las entidades de la economía social se suman a los casi 10.000 puestos de trabajo que se impulsan a través de los programas de empleo local y entidades sin ánimo de lucro. Lo que se traduce en una inversión superior a los 140 millones de euros para el mantenimiento y la creación de en torno a 17.000 puestos de trabajo para las personas de Castilla y León durante el año 2026.

La consejera también explicó que se mantiene el apoyo a las sociedades cooperativas y a las sociedades laborales, reconociendo su contribución al desarrollo económico y a la lucha contra la despoblación en las zonas rurales, con una partida de dos millones de euros para apoyar la incorporación indefinida de socios y la realización de inversiones.

El apoyo al comercio se incrementa un 15%

El proyecto de presupuestos de la Consejería de Comercio, Industria y Empleo de la Junta contempla una inversión destinada al apoyo del comercio de más de 21 millones de euros, un 15% más, según anunció esta tarde Leticia García, durante su comparecencia en las Cortes para presentar las cuentas de su departamento.

La consejera explicó que el comercio local es un sector estratégico por su peso económico y su función social, que está inmerso en un proceso de transformación derivado, fundamentalmente, de los nuevos hábitos de consumo. Por este motivo, una parte importante de esta partida se destina a la modernización y digitalización, incluyendo las líneas de ayuda para la implantación de programas informáticos como el de facturación verificada (VeriFactu).

Los incentivos al consumo de proximidad, el apoyo a los mercados de abastos, y los programas de promoción y reactivación comercial constituyen, junto al Cheque Comercio Rural, las líneas estratégicas de apoyo al comercio de proximidad en estos presupuestos, que mantienen las partidas para el apoyo y la promoción del sector artesano y de la moda de Castilla y León, indicó García.

La consejera remarcó que desde la Junta se defiende un modelo de comercio que “cuida a las personas, que genera confianza y que crea comunidad. Un modelo que queremos proteger frente a los múltiples desafíos a los que se enfrenta el sector: la digitalización acelerada, la competencia desleal y la presión de las grandes plataformas, así como los profundos cambios en los hábitos de consumo y la necesidad de relevo generacional, a las que añadir imposiciones normativas y fiscales del Gobierno de la nación, que lejos de facilitar la actividad comercial, la lastran con una creciente carga fiscal y social”.

Dentro de las competencias de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, los presupuestos del próximo año tienen como objetivo el apoyo al desarrollo tecnológico de las pymes industriales y el aprovechamiento del potencial del sector en la cohesión territorial de la Comunidad. En este sentido, la consejera explicó que se consolidan y amplían los planes estratégicos de desarrollo industrial, con siete programas territoriales de fomento en vigor, y el Programa Territorial de Fomento de Segovia que quedará aprobado este año bajo el impulso y la coordinación de la Consejería.

Además, se mantendrán los proyectos de Industria 4.0, modernización de maquinaria y ciberseguridad industrial, concebidos para impulsar el desarrollo tecnológico de las empresas industriales de la Castilla y León, especialmente de las más pequeñas, con más dificultades para incorporar a sus procesos productivos tecnologías avanzadas, tan necesarias para mejorar la productividad y poder competir en un mundo globalizado.

Seguridad y salud laboral

Por otra parte, la Consejería destina 32,5 millones de euros para mejorar la seguridad, la salud laboral y las relaciones laborales de los trabajadores y las empresas de la Comunidad. Esta dotación económica supone un incremento de casi el 30% respecto al presupuesto asignado en 2025, lo que refleja una apuesta decidida por mejorar las condiciones laborales y fortalecer la cultura preventiva.

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales se destinan más de 13,7 millones en ayudas para que las empresas puedan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mediante la renovación de equipos de trabajo, el acondicionamiento de los espacios, la retirada de amianto o el desarrollo de acciones para fomentar el bienestar laboral.

Por otra parte, los programas de relaciones laborales cuentan con una partida de 8,6 millones de euros. Destacan las ayudas para el mantenimiento del empleo y para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Asimismo, se dota de crédito suficiente la participación institucional de los miembros del Diálogo Social, con 3,9 millones de euros.

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