La Fiscalía de Castilla y León investigará la gestión de la Junta en los incendios forestales del verano

La Fiscalía ha abierto diligencias sobre la gestión que realizó la Junta de Castilla y León en los incendios forestales de este verano ocurridos en las provincias de León y Zamora, según informó este jueves la asociación Bierzo Aire Limpio, autora de una de las denuncias que han llegado al Ministerio Público. Esta organización presentó una denuncia contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones al considerar que la actuación de la Junta pecó de inacción y deficiente actuación. Según estas mismas fuentes, se les acusa de delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos penales.

Según Bierzo Aire Limpio, "existen indicios fundados de que los responsables de la Junta de Castilla y León no adoptaron las medidas preventivas necesarias pese a disponer de los datos técnicos que permitían valorar el riesgo extremo de incendios, en un contexto de temperaturas récord y fuerte sequedad del terreno".

Asimismo, denuncian que la Junta de Castilla y León sólo había ejecutado alrededor del 48% del presupuesto destinado a la prevención de incendios forestales en agosto de 2025, mientras exige a los particulares mantener sus fincas desbrozadas antes del 1 de junio bajo pena de sanción, informa Ical. 

Esta baja ejecución presupuestaria, continúa la asociación en un comunicado, confirma que la Junta no realizó ni la mitad de las tareas preventivas en el monte público, ni siquiera antes del inicio de la época de Riesgo Alto, fijada por su propio Plan INFOCAL a partir del 12 de junio. "Esta omisión en las áreas más críticas demuestra una injusticia manifiesta, al desatender los lugares donde el peligro era más evidente", sostienen.

La organización señala que, tras catástrofes anteriores acaecidas en Castilla y León no se reforzó el operativo de incendios ni se aumentaron los recursos de prevención, vigilancia o personal. "Lejos de aprender de lo ocurrido, la Junta mantuvo un operativo infradotado y descoordinado, lo que constituye -a nuestro juicio- una inacción deliberada que agravó las consecuencias del desastre", añadió Bierzo Aire Limpio.

A esta falta de previsión se suma, según la denuncia, la ausencia de coordinación efectiva con los ayuntamientos y los servicios estatales de emergencias, "lo que habría dificultado una respuesta rápida y eficaz en las horas críticas".

Bierzo Aire Limpio destaca que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía "es un primer paso imprescindible para depurar responsabilidades políticas y penales" y celebra que el Ministerio Público haya atendido la necesidad de investigar los hechos.

La Fiscalía pide información

La Fiscalía de Castilla y León ha solicitado a la Consejería de la Presidencia información sobre las directrices y órdenes que se dictaron relacionadas con los graves incendios forestales registrados este verano en la Comunidad, a la vez que también ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente información sobre sus actuaciones para intentar controlar la catástrofe.

Según explicó a Ical el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, también se ha solicitado información al Servicio de Protección de la Naturalaza (Seperona), para conocer las investigaciones que está realizando esta unidad policial de la Guardia Civil respecto a la autoría de los incendios, así como si hay personas detenidas.

Mena también indicó que la Fiscalía de Castilla y León cuenta ahora con un plazo de seis meses para decidir si archiva la denuncia o, si por el contrario, acuerda remitirla a un juzgado para continuar con la investigación. De todas formas, matizó que confía en la colaboración rápida de todas las partes y no tener que agotar el plazo de seis meses para tomar una decisión.

Por último, explicó que cuando una denuncia vía penal llega a la Fiscalía existen tres posibilidades: archivarla al no considerar que existe ningún delito; remitirla al juzgado como querella cuando el delito es claro o, en tercer lugar y como ha ocurrido en este caso, iniciar una investigación para comprobar si en los hechos denunciados pueden existir delitos.

La respuesta de Quiñones

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que la Junta "ha actuado con absoluta diligencia" y que el Ejecutivo autonómico está "siempre a disposición" de los órganos que visan las decisiones y los comportamientos administrativos, ya sean judiciales o de otro tipo, como las propias Cortes. "Daremos todas las explicaciones necesarias", remarcó en declaraciones recogidas por Ical.

A ese respecto, Suárez-Quiñones afirmó, en la presentación del cabeza de cartel de ‘Músicos en la Naturaleza 2026’, estar tranquilo, dado que en el año 2022 hubo varias acciones este tipo, pero todas se archivaron, por lo que incidió que así es el "juego del Estado derecho", donde existe una "libertad para que las personas puedan presentar denuncias y de hacer llegar a los órganos correspondientes lo que crean que tengan que hacer llegar", aunque incidió que el mensaje de la Consejería y la Junta "siempre es el mismo".

El consejero dejó claro que el Gobierno autonómico "ha actuado con absoluta diligencia" después de un año 2022 en el que se tomaron unas decisiones "muy potentes" en el cambio de estructura e inversión y con acuerdo con sindicatos y con patronal. Todo ello dio lugar a un operativo que "funcionó muy bien" en 2023, 2024 y en todo el 2025, salvo en esas "tres semanas fatídicas" con circunstancias "desconocidas", detalló.

"En definitiva, trataremos de explicar que la actuación de la Junta y los medios ha sido correcta y adecuada y lo que ha habido son circunstancias absolutamente imprevisibles". No obstante, añadió que, pese a que haya pasado poco tiempo, se han tomado medidas para "aumentar la capacidad y tratar de enfrentarnos a ellas", aseveró a Ical.

El PSOE pide la dimisión de Mañueco y Quiñones

El secretario general del Partido Socialista de León y diputado en el Congreso, Javier Alfonso Cendón, exigió este jueves la dimisión "inmediata" de Alfonso Fernández Mañueco y de Juan Carlos Suárez-Quiñones tras confirmarse que la Fiscalía ha abierto diligencias por su gestión en los incendios que asolaron Castilla y León, en "la mayor tragedia medioambiental de la historia de la Comunidad, con más de 150.000 hectáreas arrasadas, de las que más de 100.000 correspondieron solo a la provincia leonesa".

"Nuestra tierra ardía mientras ellos recortaban medios, se escondían tras la propaganda y despreciaban a quienes pedían ayuda. La justicia actúa y no porque sí, sino porque hubo abandono, negligencia y soberbia", señaló Cendón, para quien "Castilla y León no puede seguir gobernada por quienes dejaron arder nuestra tierra".

El dirigente socialista recordó que, en pleno avance del fuego, mientras los vecinos de León "luchaban por salvar sus casas", el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "se marchó a comer al Ventorro de Gijón", y cuando se le reprochó su ausencia, "respondió con arrogancia" que tenía "la mala costumbre de comer". "No fue un desliz, fue la muestra de su desinterés y su desprecio por la gente y no hay excusas ni justificaciones posibles", añadió.

Cendón también puso de relieve que, antes de los incendios, el Partido Popular sostenía que "mantener los operativos de extinción todo el año era un despilfarro y un absurdo", lo que ya dejaba "clara" su "nula sensibilidad y previsión ante la emergencia climática" en una "política de abandono y desprecio por lo público" que "tuvo consecuencias devastadoras".

A pesar de ello, el socialista lamentó que el PP "no solo no aprendió nada, sino que después del desastre despidieron a más del 30% del operativo", debido a que "premian la incompetencia y castigan a quienes arriesgan su vida por defender los montes" en una gestión de “recortar, improvisar y mentir”, informa Ical.

Por todo ello, el secretario general del PSOE de León exigió la asunción de responsabilidades "políticas y morales" por una gestión que calificó de "vergonzosa, letal y devastadora para Castilla y León".

"Mañueco y Suárez-Quiñones se creen la administración, como si esta tierra fuera su cortijo", criticó Cendón, convencido de que la Comunidad "merece respeto, inversión y responsabilidad, no un Gobierno de propaganda que dejó que el fuego lo consumiera todo". En esta línea, afirmó que ninguno de los dos "pueden seguir ni un minuto más al frente de un Gobierno que ha demostrado desprecio por la vida, por el medio ambiente y por la ciudadanía a la que debía proteger".

Frente a ello, Javier Alfonso Cendón destacó "el compromiso y la respuesta inmediata" del Gobierno de España, que "movilizó todos los recursos del Estado durante la tragedia, enviando medios terrestres y aéreos de todo el país", mientras que posteriormente impulsó en Ponferrada la Cumbre Nacional por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, "para reforzar la prevención, mejorar la coordinación y evitar que algo así vuelva a repetirse".

"El contraste es evidente: mientras el Gobierno de España actuaba con responsabilidad, el PP ni siquiera compareció y no asistió a la Cumbre de Ponferrada. Ese es su compromiso con esta tierra: ninguno. Solo están para la confrontación y el ruido, nunca para arrimar el hombro", finalizó el secretario general del PSOE de León.

PSOE y VOX

Mientras, los grupos parlamentario de Partido Socialista y Vox en las Cortes respetaron el trabajo de la justicia. La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, se mostró “muy respetuosa” con la justicia y el trámite procesal, después de que la Fiscalía, de oficio, ha abierto sus diligencias y tendrá su “recorrido judicial”. En todo caso, calificó, según recogió la Agencia Ical, como “absolutamente impresentable” que el señor Quiñones siga siendo, a día de hoy, consejero de Medio Ambiente. “La responsabilidad política se tuvo que dar desde el minuto uno. La Comunidad Valencia tiene a Carlos Mazón y nosotros, aquí, a Suárez-Quiñones y a Mañueco”, aseveró.

Por su parte, David Hierro, de Vox, aseguró que, al final, su formación tenía razón cuando decía que había que investigar en los tribunales y no a través de comisiones parlamentarias, que acaban en “nada”. A su juicio, una situación “tan grave”, como la vivida este verano en la Comunidad con los incendios, con fallecidos, tiene que investigarse en los juzgados y la responsabilidad debe ser penal. “La responsabilidad política la determinan los ciudadanos en las urnas”, sentenció.

Pablo Fernández, de Unidas Podemos, consideró que puede haber responsabilidad penal de Suárez-Quiñones y Fernández Mañueco por llevar a cabo una gestión “homicida” al “desmantelar y precarizar” el operativo de prevención y extinción de incendios en la Comunidad, que ha llevado a una “catástrofe” con más de 180.000 hectáreas arrasadas y cuatro fallecidos. En este sentido, recordó que dos de los muertos eran voluntarios por que trataban de apagar las llamas cerca de su pueblos ante la ausencia de medios y recursos de la Junta.

Además, se refirió a la “estrategia” del Partido Popular y Mañueco, que siguen manteniendo a Suárez-Quiñones como consejero, “sabiendo que es un cadáver político y está absolutamente calcinado”, por que aún mantiene “muchos” contactos con la judicatura de Castilla y León. “Es el único motivo por que no se le ha cesado para que, por ejemplo, la Fiscalía archive las causas penales que se puedan abrir contra ellos, aprovechando los contactos e hilos que todavía tiene en la justicia y así para proteger al Partido Popular y que ambos no sean condenados penalmente”, precisó a Ical.

Por último, el procurador Francisco Igea también apostó por que la justicia haga su trabajo pero confesó que desconocía que podía haber un conflicto de intereses entre Suárez-Quiñones y la empresa donde trabaja su hijo. A su juicio, la muerte de los dos voluntarios que participaron en las tareas de extinción de los incendios merece ser esclarecida, por que “cuando uno da instrucciones, hay que hacerse responsable de esas decisiones. Hay que aclararlo por que, primero, hubo dos versiones contradictorias del consejero y, luego, el presidente de la Junta le desmintió”.

Además, Igea cargó contra la Comisión de Ética Pública, tras no haber entrado a dilucidar la responsabilidad del consejero de Medio Ambiente en la gestión de los incendios forestales. Hasta el punto que reclamó la disolución de este órgano y la reforma de la Ley de Altos Cargos al demostrar su “incapacidad” a lo largo de la actual legislatura. “Hemos llegado a establecer que si no hay responsabilidad penal no hay responsabilidad ética pero en política hay cosas que no son punibles penalmente pero son políticamente y éticamente rechazables. Esta comisión ha dejado sentado que no se manifiesta hasta que no lo haga la Fiscalía. Entonces, no la necesitamos”, subrayó Igea. En este sentido, lamentó que la comisión tampoco reprobó, desde el punto de vista ético, al entonces vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, cuando insultó a los inmigrantes a las puertas de los centros de acogida.

De la Rosa

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, auguró a Mañueco, y a su gobierno “el mismo camino que el del señor Mazón” y recordó al máximo responsable autonómico que “gobernar es tomar decisiones y asumir consecuencias”.

De la Rosa, en declaraciones recogidas por Ical, lamentó que “ni Mañueco ni Suárez-Quiñones tomaron decisiones ni han asumido la responsabilidad ante la mayor tragedia ocurrida en nuestra Comunidad”.

El secretario de Organización socialista en Castilla y León también criticó que Partido Popular y Vox “han impedido que en las Cortes haya una comisión de investigación sobre lo ocurrido”. “¿Qué tienen que ocultar?”, se preguntó, señalando que la apertura de diligencias previas de la Fiscalía supone que Mañueco y Suárez-Quiñones vayan a ser investigados “ya no en sede parlamentaria, sino judicial”.

“Ya veremos en qué queda todo esto”, apuntó a continuación De la Rosa, que manifestó, en todo caso, que el presidente de la Junta “tenía una responsabilidad política que asumir y no lo hizo, y ya veremos hasta qué punto tiene también una responsabilidad desde el punto de vista penal”.