Vía libre a los decretos contra incendios: actuaciones en terrenos privados y operativo público en tres años

La Junta de Castilla y León aprobó este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, los decretos ley relativos a las medidas preventivas en materia de incendios y para hacer público el operativo de lucha contra el fuego. Los dos textos, comprometidos tras los brutales incendios que tuvieron lugar en la Comunidad el pasado mes de agosto, llegan también ligados al proyecto de presupuestos para 2026, que incluye varias líneas dirigidas a cumplir con la nueva normativa.

En primer lugar, este jueves el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales, una norma que responde a la necesidad de reforzar la seguridad de la población y la protección del patrimonio natural ante la creciente virulencia de los incendios registrados en los últimos años que han alcanzado una intensidad crítica en el mes de agosto pasado.

El Decreto Ley articula un marco integral de actuación en tres ámbitos esenciales de la lucha contra los incendios, prevención, extinción y restauración, e introduce modificaciones en diversas leyes autonómicas y normas reglamentarias para dotar de mayor eficacia a las actuaciones públicas y privadas en esta materia. En este sentido la norma introduce importantes modificaciones en las leyes de Montes, Patrimonio Natural, Urbanismo y Carreteras de Castilla y León, así como en diversos decretos reglamentarios, con el fin de agilizar los procedimientos administrativos, reforzar la acción preventiva, mejorar la coordinación institucional y adaptar el marco legal a las necesidades actuales del territorio.

Este decreto y el relativo a la conversión a totalmente público del dispositivo de lucha contra los incendios fue presentado en rueda de prensa por los consejeros de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que acompañaron al portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Fue González Gago quien avanzó que las dos normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), lo cual podría producirse este viernes o "a lo más tardar el lunes". No obstante, Carriedo apuntó que antes de un mes y para que no decaiga debe producirse la convalidación en las Cortes, algo que confía se producirá por parte del resto de grupos parlamentarios "si impera el interés general".

El Decreto de medidas contra incendios comienza con la declaración de interés general de toda actuación en el territorio para garantizar la seguridad de la población ante incendios, que legitima para la imposición de obligaciones, limitaciones y procedimientos. Añade a los deberes normativos ya existentes de los propietarios de terrenos y bienes inmuebles urbanos y no urbanos, la perspectiva preventiva de incendios. Además, habilita a las Administraciones competentes para la acción preventiva en terrenos privados y regula los procedimientos, incluyendo un procedimiento de emergencia, y prioriza las ayudas públicas que se convoquen en el ámbito de la prevención.

En el marco de incrementar la protección de las personas en los núcleos urbanos, la norma tiene importantes novedades, como son la integración de la prevención de incendios en la planificación y la normativa urbanística, tanto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León como el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

El Decreto regula las ordenanzas municipales específicas en materia de prevención de incendios y seguridad de personas y poblaciones y refuerza y fomenta los Planes de Protección Civil de ámbito local por emergencia de incendios forestales.

Una parte fundamental de la reforma es clarificar el régimen de la normativa estatal de protección civil ante incendios forestales sobre la seguridad en la franja llamada en la norma estatal de interfaz urbano-forestal, que el Decreto-ley denomina anillos de seguridad como terminología más clara. Estos anillos se definen como la franja de terreno donde la combinación de infraestructuras viarias y de prevención de incendios, junto con medidas de control de la vegetación y de protección de las edificaciones, suponen un elemento de defensa frente a la entrada hacia el interior del núcleo urbano de incendios provenientes del exterior. Se prevén normas que posibilitan y facilitan la acción de las Administraciones públicas, cada una en sus competencias, para hacer efectivo que esos anillos estén en las condiciones necesarias para el fin de protección al que están destinados, confiriéndose instrumentos jurídicos para imponer las actuaciones que sean precisa a dicho fin en terrenos privados.

En cuanto al Decreto relativo al operativo de incendios, transforma el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla y León, que pasará a ser público entre 2026 y 2028 salvo en servicios de alta especialización como medios aéreos y maquinaria pesada. Además, reconoce la figura de bombero forestal y transforma los actuales contratos fijos discontinuos en empleos a jornada completa y con continuidad a lo largo de todo el año.

Para ello, la Consejería de la Presidencia modificará, antes de que termine 2025, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) tanto de funcionarios como de personal laboral, cuyo incremento de coste ya se contempla en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad aprobado por la Junta.

Como resultado de esta modificación, los empleados públicos del dispositivo no solo actuarán en tareas de extinción, sino también en prevención activa, mantenimiento de infraestructuras contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos, y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios.

El decreto ley recoge, según Gago, “gran parte de las reivindicaciones históricas del colectivo”, entre ellas la actuación del dispositivo “todo el año”, una circunstancia que según el consejero Suárez-Quiñones, ya se producía pero con una “distinta dimensión” y que ahora alcanza “esa dimensión total e integral” por la conversión del personal fijo discontinuo en continuo “a tiempo completo todo el año”. Además, esta circunstancia va a permitir, según Gago, que los miembros del operativo puedan participar ante “cualquier situación de emergencia” en la Comunidad.

Por otro lado, también se convierte el dispositivo en plenamente público con un horizonte temporal de tres años, hasta 2028, salvo en determinados servicios, como los medios aéreos y la maquinaria especializada, que seguirá desarrollando el sector privado. De esta forma, durante los tres próximos años el dispositivo que desarrolla su actividad en la prevención y extinción de incendios dejará de estar en manos de empresas privadas, para ser gestionado directamente por el sector público.

Otra de las novedades que presenta el decreto ley aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno es el reconocimiento de la calificación profesional de bombero forestal, de tal forma que aquellos empleados públicos que se dedican a la extinción, vigilancia, detección y recuperación del medio natural pasarán a tener esta designación profesional.

Como explicó González Gago durante la rueda de prensa, estas medidas serán de aplicación inmediata mediante su incorporación a la RPT de personal laboral y funcionario, con el compromiso de la Junta de que las relaciones de puestos de trabajo estén modificadas “antes del 31 de diciembre de 2025”. Todo ello con el objetivo de que el operativo esté “perfectamente estructurado en la primavera de 2026”.

Gago también aseveró que el decreto ley, pese a su tramitación urgente “por causa de extraordinaria necesidad”, cumple con los informes mínimos de los servicios jurídicos, del Consejo de la Función Pública y de la Dirección General de Presupuestos, que cifra en torno a 20 millones el impacto presupuestario de las medidas anunciadas.

Así, por un lado, la medida de extender el dispositivo a todo el año tiene un coste aproximado, según especificó Gago en declaraciones recogidas por Ical, de 12,5 millones de euros, a los que se debe sumar el impacto del complemento específico por el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, de tres millones de euros, y el de la reclasificación de los agentes forestales al grupo B, tasado en el mismo valor.