Castilla y León calcula 59,6 millones en ayudas al alquiler para aumentar los beneficiarios

Castilla y León prevé destinar "más de 55 millones de euros" para sufragar las ayudas al alquiler a "todos los solicitantes" que cumplan con los requisitos de la convocatoria correspondiente con el ejercicio 2025, que este mismo martes se publicará de forma oficial en el Bocyl, según ha anunciado este lunes el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones. En concreto, su departamento calcula que el presupuesto rozará este año los 59,6 millones de euros, lo que implicaría un aumento por encima del 21% respecto a los 48,9 millones de 2024. Del montante total, la Junta asumirá 39,7 millones.

"No sabemos la cifra con exactitud porque depende del número de peticiones que haya, pero estimamos un incremento de beneficiarios y un aumento presupuestario", ha expresado el consejero en la presentación de este paquete de ayudas destinado a "apoyar económicamente" a quienes pagan una renta y no llegan a unos umbrales o están en algún supuesto de vulnerabilidad. 

Tomando como referencia el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), podrán percibir la ayuda quienes cobren entre 4.200 y 25.200 euros, salvo familias numerosas, víctimas del terrorismo y familias con discapacidad.

La ayuda consiste, en términos generales, en el pago del 50% de la cuota del arrendamiento, aunque puede llegar al 75% en situaciones de vulnerabilidad sobrevenida y se sitúa en una horquilla de entre el 60% y el 75% en el caso de los jóvenes que no hayan cumplido los 36 años, dependiendo de si residen en medio urbano o rural. 

En total, estiman que entre el 1 de diciembre de este año y el 30 de enero de 2026 -que es cuando estará abierto el plazo de presentación de solicitudes- recibirán en torno a las 35.500 peticiones y la ayuda finalmente llegará a los 23.500 receptores que cumplan las condiciones. Si alcanza esa referencia prevista, habría un incremento del 12% respecto a las ayudas de 2024, cuando la cifra fue de 21.006 personas. 

Una de las razones por las que el consejero de Vivienda vaticinó una subida de beneficiarios de la ayuda al alquiler en Castilla y León en las cuotas del presente ejercicio es que en esta ocasión se elimina uno de los tres ámbitos (o tramos) en los que se dividía hasta ahora el mapa autonómico y que, en términos generales, correspondía con aquellas localidades de menos de 20.000 habitantes, aunque había varias excepciones.

A partir de este año sólo se distinguirán dos ámbitos municipales y no tres. El primero, englobaba a las capitales de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid pero a partir de ahora también formarán parte de este grupo Aguilar de Campoo, Aranda de Duero, Arroyo de la Encomienda, Ávila, Carbajosa de la Sagrada, La Cistérniga, Laguna de Duero, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Real Sitio de San Ildefonso, San Andrés del Rabanedo, Santa Marta de Tormes, Soria y Zamora. 

Para las que estén en este grupo el precio máximo mensual de la vivienda general será de 550 euros o con un límite de 200 euros si se trataba de una habitación. Para familias numerosas el tope será de 700 euros (100 más que en años anteriores) y para familias numerosas de categoría especial, discapacitados o personas con vulnerabilidad sobrevenida, 800 euros (100 euros más también en este caso). 

En  segundo ámbito estarán incluidos el resto de municipios de la Comunidad y, en estos casos, se determina un máximo de 500 euros de alquiler mensual para una vivienda y de 175 euros para una habitación. Para familias numerosas la referencia en estos enclaves será de 600 euros al mes y para familia numerosa especial, discapacitados y en situación de vulnerabilidad sobrevenida, de 700 euros. 

Aunque se trate de unos umbrales que no se han actualizado desde el año 2022, el consejero Suárez-Quiñones consideró, a preguntas de los periodistas, que "sí hay mercado" para estos límites y sí llegan a los jóvenes, pues calculó que el 30% de las resoluciones son para personas que no han cumplido los 36 años. Además, desde su departamento aclararon que sólo se tiene en cuenta el precio que se paga por la vivienda, pero en caso de que dentro de la cuota haya trastero o garaje, hay que presentar un desglose. 

La convocatoria que este mismo martes se anuncia de forma oficial en el boletín autonómico arrancará con 27,5 millones de euros de dotación inicial, ocho más que los 19,5 millones consignados en 2024, pero el consejero de Vivienda insistió en varias ocasiones en que la partida se aumentará hasta cubrir todas las solicitudes, con esos 59,6 millones estimados en total.

«Somos la única comunidad autónoma no foral que no tiene límite», ensalzó Suárez-Quiñones en referencia a que aumentarán el presupuesto «para llegar a todos». Por eso la Junta de Castilla y León, además de 27,5 millones iniciales, contempla «una cuantía adicional máxima de 32 millones» procedentes de las arcas autonómicas.

En este sentido, en la presentación resaltaron que la Comunidad lleva cuatro convocatorias pagando a todas las personas que cumplen con los requisitos.

La subida presupuestada por las administraciones públicas también tendrá efecto en el bolsillo de los perceptores pues, según la previsión del departamento, en 2025 la subvención media se situará en 2.500 euros por persona, frente a los 2.196 euros de 2024. Es decir, pronostican que la cuantía se eleve casi un 14%.

Eso sí, para percibirla tienen que cumplir varios requisitos, además de los relacionados con los ingresos. Están excluidos quienes tengan deudas con Hacienda o la Seguridad Social, quienes hayan tenido una revocación de ayudas incluidas en los planes de vivienda, quienes tengan alguna vivienda en propiedad, los que tengan grado de parentesco de primer o segundo grado con los arrendadores, o quienes sean socios de los propietarios.

Ayudas a personas vulnerables

Para las personas vulnerables, en vez de ayudas directas, hay una «partida especial y separada de las ordinarias» dotada con algo más de dos millones de euros que se aprobará en Consejo de Gobierno para que Cruz Roja, Cáritas, Intras, Fundación Personas y Juntos por una Sonrisa «proporcionen un lugar residencial» a quienes identifiquen que se encuentran en esta situación.

Ayudas a la accesibilidad

Más allá de las subvenciones al alquiler, Juan Carlos Suárez-Quiñones también avanzó que este martes se publica en el Bocyl la convocatoria de ayudas a mejora de la accesibilidad en las viviendas, tanto las unifamiliares como las situadas en un bloque. En este caso la consignación económica será de 2.083.536 euros, de los cuales el 25% se reservará a las ubicadas en el medio rural.

Gracias a esta línea la Junta subvenciona el 50% de las obras destinadas a instalación de rampas, ascensores o mejoras en el interior de una casa, con un límite de 6.000 euros para viviendas unifamiliares, 6.000 por vivienda si son obras impulsadas por una comunidad de propietarios y 3.000 euros si es para una vivienda concreta dentro de un edificio.