El mapa de la depuración de Castilla y León se completará con plantas prefabricadas en mil pueblos

Castilla y León emprende el tramo pendiente del viaje para completar el dilatado mapa de la depuración, con la instalación de sistemas de limpieza de vertidos en localidades con menos de 500 habitantes equivalentes que aún carecen de métodos de tratamiento. Para conseguir que todos los núcleos de la autonomía evacúen sus aguas residuales a la red hídrica tras un proceso de saneamiento, la Junta ha optado sobre todo por plantas prefabricadas en los pequeños términos –al considerarlas «una solución eficiente y aceptable»–, acompañadas en algunos casos de sistemas de lagunaje «que tan buenos rendimientos presentan para núcleos de este tipo».

La inversión prevista para esta medida en el conjunto de la Comunidad se cifra en 125 millones de euros, según se acordó en los protocolos que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firmó en marzo de 2023 con los presidentes de las nueve diputaciones para llevar a cabo esta actuación que beneficiará a 250.000 habitantes de «más de un millar de localidades», explicaron entonces. En concreto, se estiman 1.300 actuaciones de este tipo.

Pero el compás al que avanza cada una de ellas es diferente. Hay tres ya en explotación –en Cisneros (Palencia), Ferreras de Abajo (Zamora) y La Matilla (Segovia)–, otras 37 en ejecución, 6 en licitación de las obras, 26 con el convenio y el proyecto aprobado, 11 con el convenio aprobado, 37 pendientes de convenio, 77 con el proyecto en redacción, 35 listas para convenio, 169 pendientes de contratación y 180 en estudio, según los datos facilitados por la Junta. La suma indica que hay 581 enclaves que, a uno u otro ritmo, van de avanzadilla en el camino.

Uno de los últimos pasos es el que se acaba de dar en Valladolid. Con el objetivo de redactar los proyectos de depuración en la provincia vallisoletana, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl, va a contratar a una empresa que se encargue de su desarrollo. En total prevé casi 250.000 euros de desembolso para estudiar cuál es la solución más adecuada en cada una de las 68 pequeñas localidades que todavía «no tienen vertido adecuado», según las confederaciones hidrográficas.

En el listado están incluidos: Adalia, Aguilar, Aldea, Amusquillo, Bahabón, Barcial, Barruelo, Bercero, Bobadilla, Brahojos, Bustillo, Villar del Río (Camporredondo), Castrejón, Castromembibre, Castroponce, Corrales, Cuenca, Curiel, Fontihoyuelo, Gallegos, Bustillo, Herrín, Salvador de Zapardiel (además de Honcalada), Lomoviejo, Montealegre, Moral, La Mudarra, Muriel, Olmos de Esgueva, Palazuelos, Pozuelo, Quintanilla de Arriba, Roales, Rodilana (Medina del Campo), Roturas, Saelices, San Cebrián, San Pablo, San Salvador, San Vicente del Palacio, Tamariz, Torre de Peñafiel, las tres Torrecillas (de la Abadesa, de la Orden y de la Torre), Torrescárcela, Trigueros, La Unión, Urueña, Valdenebro, Valdunquillo, Valverde, Vega de Ruiponce y de Valdetronco, Velascálvaro, Ventosa, Villacarralón, Villacid, Villalba de la Loma, Villamarciel (Tordesillas), Villamuriel, Villanueva de la Condesa y de los Caballeros, Villardefrades, Villasexmir, Villavieja del Cerro (Tordesillas) y La Zarza.

Cada uno de ellos tendrá que disponer de su propio proyecto, pero la mercantil que los redacte no partirá de cero, sino que contará con un abanico de alternativas de depuración que ha elaborado Somacyl a modo de catálogo «con el fin de homogeneizar la búsqueda de soluciones». Es decir, se tomarán como referencia las propuestas de la entidad pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y se adaptarán a cada caso particular en aras de «obtener la solución óptima para cada núcleo».

La elección para cada núcleo entre los once diseños elaborados dependerá de varios factores, entre ellos la población equivalente estimada, con tres rangos que van desde los núcleos con menos de 50 habitantes, los que tienen entre 50 y 249 y los que tienen más de 250 pero no superan los 500. También deberá analizarse la población estacional que tiene el municipio, la cabaña ganadera, la actividad industrial o si existen usos terciarios (hostelería, residencias u oficinas, por ejemplo).

A partir de toda esa información recopilada, la empresa que se contrate realizará una propuesta individual para cada uno de los 68 pueblos de Valladolid, con un margen de cinco meses para que todos los proyectos estén terminados. Teniendo en cuenta que la tramitación aún está en fase de presentación de ofertas y el procedimiento tiene que resolverse, parece razonable pensar que hasta finales de primavera o principios de verano del próximo año los expedientes no estarán listos para el siguiente paso, que son las obras de ejecución.

Puesto que en cada localidad se optará por el sistema que mejor se adapte a sus necesidades (y a sus características topográficas), la inversión dependerá de la solución elegida. Siempre teniendo en cuenta que «se han priorizado dentro de las opciones posibles las que puedan realizarse mediante equipos prefabricados compactos», con la incorporación en algunos casos de otros sistemas de «bajo mantenimiento», como los lagunajes, que consisten en la construcción de pequeñas balsas o humedales.

Las alternativas de depuración más ‘sencillas’, pensadas para poblaciones que no rebasen los 50 habitantes, oscilan entre los 68.500 y los 81.150 euros de inversión (IVA incluido), dependiendo de la capacidad en metros cúbicos del tanque Himhoff que se instale.

Por otra parte, las opciones planteadas por Somacyl para aquellas localidades que están en una horquilla de entre 50 y 249 habitantes equivalentes son cuatro y el coste oscilaría entre los 131.000 y los casi 190.000 euros. Las más complejas incluyen un pozo de bombeo y una balsa para el tratamiento de agua.

Por último, las cinco alternativas para las localidades que tengan entre 250 y 500 habitantes equivalentes suponen una inversión que oscila entre los 156.500 euros de la propuesta más económica a los 253.200 euros de la más costosa. En este caso, se plantea una «balsa de humedal artificial de flujo [...] por los buenos rendimientos que se obtienen y el bajo costo de operación».

A todos ellos «habrá que añadirse una arqueta de medición para aforar el caudal y un pozo previo al vertido, o pozo de control, donde se podrán recoger muestras del efluente depurado», indica la memoria.

En cualquier caso, el 40% de la inversión necesaria para la construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales lo sufragará la Junta, otro 40% correrá a cargo de la Diputación de cada provincia y el 20% restante lo asumirán los ayuntamientos con fondos municipales, según se acordó en los convenios de marzo de 2023. En la práctica, supone que los consistorios beneficiarios tendrán que ‘sacar de hucha’ como máximo 50.000 euros –si se instalan las propuestas de referencia de Somacyl– para cumplir con la normativa que obliga al tratamiento de las aguas residuales antes de llegar a la red hídrica.

Más allá del desembolso asociado a la instalación de la depuradora, la administración autonómica tendrá que tener en cuenta también el coste de las expropiaciones de los terrenos que necesite para ubicación de las plantas. La localización habrá de definirse en los proyectos que elabore la empresa en vías de contratación.

Una vez arranquen estas obras, el plazo estimado para su ejecución son seis meses, con el objetivo de que en 2028 no haya en Castilla y León ningún núcleo sin depuradora, según expresó la Junta cuando firmó los convenios con las diputaciones provinciales para implementar los sistemas de tratamiento en pequeñas localidades que ahora se empiezan a tramitar.

Sin embargo, según los datos facilitados por fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, si se calcula que son necesarias 1.300 actuaciones en el mapa autonómico referidas a localidades con menos de 500 habitantes equivalentes y hay 581 en proceso, significan que hay más de 700 en lista de espera.