El TSJ de Castilla y León admite el caos en el escándalo de las pulseras antimaltrato: "No sabemos cuántos casos hay"

Los fallos de las pulseras antimaltrato ocupan grandes titulares y mucho espacio en todos los medios del país. Un escándalo que golpea a una parte vulnerable de la población como son las mujeres víctimas de la violencia de género y del que ya alertaron los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Castilla y León. Un aviso, una alerta que viene a evidenciar el caos del escándalo de las pulseras antimaltrato. Caso que reconoce el propio Tribunal Superior de Castilla y León al afirmar que sí se han remitido fallos desde la Comunidad, para a renglón seguido reconocer que desconocen cuántos y que tendrían que revisar «procedimiento por procedimiento» para saberlo. Un movimiento que desde su gabinete de prensa ya adelantan que no se va a realizar. «No sabemos cuántos casos hay», afirman a este periódico desde el gabinete del Alto Tribunal de Castilla y León.

Una alerta de la que se desconocen muchas cosas. Desde el TSJCyL se reconoce que no saben los datos concretos, las mujeres que han estado desprotegidas, ni en el grado ni la provincia. Una alarma que se desató después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su memoria anual de problemas en los datos en las pulseras por un travase de información entre las empresas adjudicatarias del Sistema Cometa, el programa que se ocupa del seguimiento de este control telemático para algunas mujeres víctimas de violencia de género.

Desde el Alto Tribunal se circunscribe esta alerta de fallos en un documento nacional que suscribieron todas las audiencias provinciales de España el pasado mes de marzo. Hace medio año. En el punto tres se solicitó en primer lugar, «la ampliación urgente de la plantilla de técnicos del centro Cometa», el centro de gestión que se ocupa del seguimiento de estos dispositivos. A mayores, y aquí viene lo importante, también añadieron: «Teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por las localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones, a fin de evitar la desprotección de las víctimas».

Así lo acordaron las audiencias provinciales de toda España hace seis meses y ya por entonces alertaron al Ministerio de los «fallos técnicos por localizaciones erróneas» o por «manipulaciones de los investigados». En esa línea, exigían una revisión para «evitar la desprotección de las víctimas», una situación de vulnerabilidad para las mujeres que han sufrido violencia de género que la propia Ana Redondo, en plena polémica, ha negado que hubiera fallos.

El TSJCyL se adscribe a este documento de conclusiones de las XIIIjornadas de presidentes de audiencias para justificar que desde Castilla y León sí se avisó de estas incidencias, pero sin concretar cuántas o en qué grado afectó a las mujeres: «No tenemos datos concretos y los Juzgados tendrían que meterse en cada procedimiento para ver los motivo de archivo total o temporal. No tenemos esa estadística resgistrada».

Una información que no concreta las mujeres afectadas en un asunto tan serio como es la violencia machista. Desde el gabinete de prensa de la Audiencia vallisoletana se sostiene que el uso de las pulseras en Valladolid «es residual» y que «apenas se utiliza» este método. A mayores indica que para conocer estos datos, que no tienen, deberían ir «juzgado por juzgado» para saber las mujeres que no han estado protegidas o las veces que ha fallado este sistema de control telemático.

De la misma manera, desde el TSJCyL se afirma que no tienen los datos de mujeres afectadas ni el grado ni las provincias y que tendría que revisar «procedimiento por procedimiento» y apunta que es la Fiscalía la que debería transmitir los datos al ser la primera en avisar de este escándalo nacional. Un caos en el sistema judicial en el que casualmente trabaja el marido de la ministra de Igualdad como juez en la Audiencia Provincial Civil-Penal Única de Palencia.

El TSJ de Castilla y León también remite otros dos documentos para ratificar que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer autonómicos alertaron e informaron a Igualdad de estos errores en los sistemas de protección. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remitió el 9 de julio una encuesta entre los titulares de los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer que alertaba de «carencias muy extendidas» e «importantes diferencias» entre los territorios.

Esta encuesta fue realizada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y se detectaron «la existencia de carencias muy extendidas así como de importantes diferencias territoriales». El propio Observatorio apuntó que al conocer el funcionamiento de los recursos, puede «impulsar la adopción de medidas orientadas a remover los obstáculos que eventualmente puedan entorpecer la labor de los juzgados, y garantizar así un óptima respuesta institucional a las víctimas de violencia de género».

En esta encuesta también se preguntó por las pulseras telemáticas y obtuvieron una puntuación media de un 2,2 (sobre cinco puntos) entre los jueces titulares de órganos judiciales encuestados. Es decir, no llega al aprobado. La comunidad autónoma donde obtuvieron la mejor nota fue el País Vasco con un 2,9; en la otra cara de la moneda se encontraron Andalucía y la Comunidad Valenciana con un 1,7.

Las quejas más frecuentes de los dispositivos de control telemáticos, según el CGPJ, versan sobre la demora en la instalación de los dispositivos que en el 39% de los casos tardan entre tres y cinco horas. En el 30% de las ocasiones el tiempo de instalación supera las cinco horas. A mayores el 69% de los jueces que fueron encuestados no estaban contentos con el procedimiento de comunicación y resolución de incidencias con estas pulseras antimaltrato.

El último documento que remite el Alto Tribunal es la carta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género a la delega del Gobierno contra la Violencia de Género. En su escrito, de este lunes, la vocal del CGPJ Esther Erice recuerda que la instalación de estos dispositivos de protección a las mujeres «es una de las medidas de protección de las víctimas que los órganos judiciales pueden acordar» y que las incidencias que puede haber «deben comunicarse al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial». En esa línea señala que las incidencias que puedan llegar al Observatorio «son trasladadas a los organismo competentes» para «garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas».

En esta misiva dirigida a Carmen Martínez, se añadieron dos informes del presidente de la Audiencia Provincial de Granada en los que se alertaba «de diversas incidencias» de las que se dieron cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Dos casos granadinos de los que se alertó en enero y febrero, también un tercer caso en Galicia del que se dio traslado en febrero.

Desde la Junta de Castilla y León se calificó ayer de «una chapuza más» del Gobierno de España los fallos en las pulseras utilizadas para controlar las órdenes de alejamientos de agresores de violencia machista. «Es una chapuza más del Gobierno de Pedro Sánchez», señaló la número dos del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Respecto a preguntas de los periodistas sobre si la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debería presentar su dimisión por ese asunto, Isabel Blanco reiteró que se trata de «una chapuza más del Gobierno de Pedro Sánchez».

Defensa del gobierno

Posición totalmente contraria, como era de esperar, mantuvo la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que mostró «todo» el apoyo y respaldo del Ejecutivo a Ana Redondo. Así lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntada por el problema de las pulseras, cuando también recriminó al Partido Popular que esté lanzando «bulos vergonzosos» sobre este tema y, en consecuencia, esté jugando con el «miedo» y la «vulnerabilidad» de las mujeres víctimas de violencia de género.

El contrato actual con la empresa adjudicataria finalizará en mayo de 2026 y el Gobierno ya anunció que, en los próximos meses, se licitará nuevamente este contrato de las pulseras. Así pues, en caso de que haya cambio de empresa adjudicataria, el Gobierno se comprometió a «garantizar» que ese nuevo trasvase sea más seguro y al «100%» de los datos para que no se repitan las «incidencias» conocidas recientemente. Asimismo, Alegría aseguró que ya se trabaja en «mejoras» del contrato y el servicio, informa Ical.

El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntó estos problemas porque los fallos técnicos en el Cometa afectaron a los procesos judiciales de casos de violencia de género en los que un juzgado estuviese investigando un posible quebrantamiento de condena (orden de alejamiento). Los datos que proporcionan las pulseras son una prueba para este proceso y hubo algunos que no se entregaron en tiempo y forma.

Alegría reconoció y señaló que estas incidencias solo significaron «alguna anomalía» que fue «subsanada» de forma rápida. La ministra señaló que todas las incidencias se registraron en cinco meses, entre julio y noviembre del año pasado.

Al mismo tiempo, la portavoz defendió el trabajo del servicio Cometa y de la ministra de Igualdad, aseveró que las mujeres siempre estuvieron y están «seguras y protegidas», envió un mensaje de «tranquilidad y certidumbre» a estas y recordó que desde el Observatorio del CGPJ también aseguraron este martes que las mujeres están «seguras» con las pulseras.