Sanz Merino: "La movilidad es un derecho de última generación"

Tras la ponencia inaugural a cargo de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el desarrollo de la mesa 1, que versó sobre la ruptura de barreras en el ámbito de la movilidad, la primera jornada de la octava edición del congreso Somos Castilla y León, organizado por El Mundo de Castilla y León, viró este lunes hacia otro asunto para cerrar la mañana: los retos de la nueva movilidad.

La segunda mesa del foro, moderada por el director de este medio, Pablo R. Lago, dejó un mapa muy nítido de por dónde discurre hoy el debate sobre la movilidad: derecho social, reto demográfico, descarbonización y electrificación con "flexibilidad", financiación europea y colaboración público-privada. 

El hilo conductor del debate estuvo protagonizado por cinco voces con enfoques complementarios: el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, el consejero autonómico de Movilidad, José Luis Sanz Merino, el presidente de ALSA, Jacobo Cosmen, el eurodiputado por el Partido Popular, Raúl de la Hoz, y el director de Relaciones Institucionales y director general de la Fundación Renault Group España, Ignacio Rodríguez-Solano.

En el plano político y social, Santano subrayó que "la movilidad es un derecho y una palanca de igualdad de oportunidades" porque "abre la puerta al ejercicio de otros derechos", con un énfasis especial en la realidad de una comunidad extensa como Castilla y León. Al mismo tiempo, aseguró que el nuevo mapa concesional "va a respetar todas las paradas" en pueblos pequeños y medianos, combinando esas paradas con nuevas rutas directas.

En la esfera autonómica, Sanz Merino defendió que el "derecho a la movilidad se configura como un derecho de última generación" y vinculó ese principio con políticas concretas ya desplegadas: transporte a demanda, bono rural gratuito y la implantación de BusCyL —gratuidad en todos los servicios autonómicos— con el empadronamiento como vector fundamental para combatir la despoblación.

Desde la empresa, Cosmen (ALSA) pidió hacer "atractivo el transporte colectivo" para lograr un trasvase modal real —recordó que el 76% de los desplazamientos interurbanos siguen haciéndose en coche— y reiteró la ambición de su compañía: "Queremos ser una herramienta útil para acceder a servicios básicos" y operar también "con ruedas de acero" cuando se abran oportunidades ferroviarias.

Por su parte, De la Hoz hizo hincapié en el marco europeo: replantear los objetivos de 2035, los corredores y la financiación, mientras que Rodríguez-Solano pidió "flexibilidad" regulatoria para que la descarbonización no desplace a la industria ni a los empleos que son el motor de Castilla y León.

José Antonio Santano: "La movilidad es un derecho que abre la puerta a otros derechos"

En su intervención, Santano explicó por qué "la movilidad está de moda": nace "de una gran preocupación por la emergencia climática" y de la convicción de que "la movilidad es un derecho y una palanca de igualdad de oportunidades" que habilita educación, trabajo u ocio. "No se entienden si no están acompañados de una movilidad multimodal sostenible", enfatizó, enlazando el contexto europeo con la realidad territorial de Castilla y León.

Aterrizó esa visión en proyectos concretos: revolución ferroviaria con nuevas conexiones a Galicia y Asturias, impulso a la conexión con Santander y a la Y vasca, y un hito "tan importante" como la U de Olmedo para coser España en transversal sin pasar por Madrid. "Vamos a respetar todas las paradas en los pueblos pequeños y medianos y lo vamos a combinar con nuevas rutas directas", dijo, reivindicando el papel del autobús, que puede llegar a los municipios donde la línea ferroviaria no lo hace.

Recalcó que los compromisos se miden "con recursos": "Castilla y León lleva una inversión del Estado en los últimos siete años de aproximadamente 5.000 millones de euros", con reparto equilibrado entre ferrocarril y carretera. Y asumió el reto pendiente: "España no puede ir atrás en la carrera de la electrificación", por lo que hay que impulsar la demanda, acelerar infraestructuras y preservar la competitividad de la industria mientras se descarboniza.

José Luis Sanz Merino: "Un derecho de última generación que hay que concretar"

Sanz Merino abrió su ponencia con una tesis de calado: "el derecho a la movilidad se configura como un derecho de última generación" cuyo alcance "debemos concretar entre todas las administraciones y empresas alineadas por una vocación de servicio público" en un servicio "muy inmediato, muy cotidiano". Recordó que la dispersión geográfica y la debilidad demográfica condicionan la prestación en una comunidad con solo 16 núcleos por encima de 20.000 habitantes.

Desde esa realidad, la Junta ha tejido una política por vectores: transporte a demanda, bono rural a demanda (gratuidad para el medio rural) y la implantación del BusCyL, "la gratuidad de todos los servicios de transporte urbano de Castilla y León", iniciada el 1 de septiembre, ampliada el 15 y a punto de culminar el 30. Todo con el empadronamiento como "filtro que atiende a la despoblación", y complementados con bonificaciones de Renfe para empadronados en Avant y Media Distancia.

Reconoció la dificultad tecnológica de implantar sistemas en una región con 2.248 municipios, pero agradeció la colaboración de la UE y del Gobierno de España a través de los fondos de recuperación y resiliencia, que aceleran el despliegue. En la réplica final, pidió reforzar los foros de diálogo político —como la conferencia sectorial— para acordar decisiones estratégicas, reclamando "un ámbito de discusión" acorde a la envergadura del reto.

Jacobo Cosmen: "La movilidad tiene que estar pensada y hecha para las personas"

Cosmen resumió la misión de ALSA: "impactar y mejorar la calidad de vida" con una movilidad segura y puntual en un entorno de emisiones cero, lo que requiere "inversión permanente, formación permanente y una colaboración muy estrecha con la administración". Reivindicó la colaboración público-privada de largo plazo y dejó claro un horizonte: "ALSA también quiere ser gestor ferroviario".

Para mover la aguja climática, pidió hacer atractivo el transporte colectivo y evitar que las licitaciones se conviertan en "una subasta de quién es más barato", porque el objetivo debe ser "calidad de servicio, compromiso con la sostenibilidad y excelencia". Recordó datos que invitan a la acción: en interurbano, el 76% de los viajes se hace en coche privado; en urbano, el 20% ya se mueve en público, y Madrid roza el 34% cuando hay coordinación entre administraciones. "Queda mucho por hacer", aseveró.

También defendió soluciones intermodales y de "sentido común" en el medio rural: optimizar recursos (escolares y líneas regulares), usar la tecnología para la información y la accesibilidad, y bajar la barrera económica con apoyos públicos que ya han permitido recuperar y superar viajeros frente a la pandemia. "La movilidad requiere humildad, pero también ambición", remarcó.

Raúl de la Hoz: "Estamos inmersos en un debate fundamental sobre 2035"

El eurodiputado del Partido Popular contextualizó el giro de enfoque —de "objetos" a personas— y llevó el debate a Bruselas: "Estamos inmersos en un debate fundamental para ver qué va a pasar en el año 2035 con ese anuncio de prohibición de los vehículos de combustión y esa apuesta por los 100% eléctricos". Señaló que la UE reevalúa si es "posible o conveniente" y cómo reconfigurar ese futuro, incluidos los impactos en el transporte pesado.

De la Hoz enlazó esa discusión con los corredores europeos: Castilla y León necesita un desarrollo "más avanzado" del eje que la atraviesa porque es "un foco importante de generación de posibilidades de desarrollo", y con el marco financiero comunitario, donde se dirime cómo distribuir el presupuesto de la UE y sostener políticas de cohesión que atiendan también a territorios despoblados.

Concluyó que la política de movilidad "requiere de todos y a todos los niveles una implicación superior", pensando en "el modelo de ciudades, comunidades y territorios", y defendió compatibilizar objetivos climáticos con competitividad industrial, flexibilizando metas y ritmos para no perder industria frente a competidores con normas más laxas.

Ignacio Rodríguez-Solano: "Las decisiones que se toman en Bruselas tienen un impacto directo en Palencia y Valladolid"

El directivo de Renault recordó que la automoción es un sector estratégico: “Casi el 20% del gasto de I+D del continente", 1,9 millones de empleos en España y 13 millones en Europa, un "vector aglutinador" de tecnologías (vehículo autónomo, I+D+i, metaverso). Por eso, "lo que está pasando ahora mismo en Bruselas tiene un impacto directo e inmediato en la actividad de fábricas como Valladolid y Palencia".

Pidió "medios de flexibilidad" para seguir la senda de descarbonización "de una manera ordenada" y reclamó "diálogo con la industria y diálogo político" mientras se debaten los objetivos de 2035: "Las decisiones de hoy van a determinar qué sector tendremos en Europa, cómo va a ser la movilidad de los próximos años y cómo va a impactar la tecnología", con especial incidencia en territorios como Castilla y León.

Advirtió, además, que Europa "no compite en igualdad de condiciones" frente a mercados extracomunitarios —algunos "van una generación por delante" en vehículo eléctrico— y llamó a recuperar liderazgo tecnológico sin renunciar a los objetivos climáticos: competitividad y descarbonización deben caminar juntas para que la transición sea viable y justa para la industria y el empleo.