Castilla y León exige al Gobierno que "deje de lado los motivos ideológicos" en la gestión del lobo

Nuevos reproches de la Junta de Castilla y León al Gobierno por la gestión del lobo. El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, pidió al Ejecutivo que "deje de lado los motivos y que piense más en el territorio". Bajo esta premisa, aseguró que el Ejecutivo regional se encuentra "del lado de las organizaciones agrarias, los ganaderos y los habitantes del mundo rural".

El también consejero de Economía y Hacienda mostró su deseo de que "el Gobierno empiece a hacer caso a lo que dice una ley aprobada en el Congreso de los Diputados". De esta manera, enumeró varias instituciones que respaldan la posición de Castilla y León como el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea o diversos tratados internacionales: "No todos podemos estar equivocados". "Sería bueno que la posición de todos fuera también la del Gobierno de España. No se puede gobernar contra todos, alguna vez hay que escuchar", recriminó al Ejecutivo central mientras reclamó que se cumpla la ley que permite cazar al lobo al norte del río Duero. "No todo el mundo puede estar equivocado y el único que tenga razón sea el Gobierno de España", criticó. 

El portavoz fue preguntado tras el Consejo de Gobierno por la paralización dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de la caza del lobo. Al respecto, sentenció que la posición del Gobierno autonómico es "muy clara" y argumentó que en Castilla y León se han "aumentado el número de manadas" y apostó por proteger "al ser humano en el mundo rural". 

"En Castilla y León hemos hecho un esfuerzo por la biodiversidad y queremos hacer compatible la presencia del lobo con la ganadería. Hemos aumentado el número de manadas, pero también queremos proteger al ser humano en el mundo rural, y estamos muy contentos de que esa posición sea la misma que defienden desde el Parlamento Europeo y el tratado mundial de la protección del lobo", sentenció.

Menas

Carriedo también volvió a mostrar sus discrepancias con el Gobierno, en esta ocasión por el reparto de menores inmigrantes no acompañados (menas). Aseguró que presentará un recurso después de examinar el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo y lamentó que esta decisión se haya tomado "sin consenso ni igualdad". "No sabemos cuándo van a llegar, cómo ni en qué fechas. Quizá lo tenga más claro el País Vasco que recibe cero", deslizó con un toque de ironía. 

De esta manera, criticó el reparto porque Castilla y León recibirá 197 menores, Cataluña 31 y País Vasco ninguno: "No se nos ha explicado", sostuvo el portavoz sobre esta decisión del Ejecutivo y criticó las reuniones con los partidos separatistas. A la par, mostró su deseo de conocer cuál es el motivo de esta distribución: "No nos dan documentación, no nos dan información", sostuvo mientras recordó que comunidades de distinta ideología política tienen previsto presentar un recurso ante este Real Decreto.

Carriedo recordó que la Junta dispone de "recursos al límite" y lamenta que se utilice a menores migrantes "en la negociación con partidos separatistas".