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Bruselas advierte a España que debe abrir nueva licitación por la prórroga de la autopista León-Asturias

La Comisión Europea amenaza al Gobierno español con llevarle ante la justicia europea y multarle

Autovía AP-66 a la altura de Rioseco de Tapia

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Diario de Castilla y León | El Mundo
Valladolid

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La Comisión Europea envió este jueves un dictamen motivado contra España para que respete las normas de la Unión Europea en materia de contratación pública y, concretamente, por lo que respeta a la legislación relativa a los contratos de concesión. Así, Bruselas considera que el Gobierno central vulneró la Directiva 93/37/CEE en la prórroga de la duración de la concesión de la AP-66, la autopista del Huerna, que une León y el Principado de Asturias.

El comunicado emitido este jueves por la Comisión Europea explica que España prorrogó la duración de la concesión de la autopista en cuestión 29 años, y posteriormente se la asignó a la concesionaria “sin poner en marcha procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a nivel de la Unión Europea”, actuación que considera vulnera el derecho comunitario.

De esta forma, según el ejecutivo europeo, “tales prórrogas constituyen modificaciones sustanciales que equivalen a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación competitivo”.

Así, la Comisión Europea considera que España vulneró “los principios de igualdad de trato y transparencia en que se basan las normas de contratación pública de la Unión Europea”. “Por consiguiente, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a España”, anuncia el ejecutivo comunitario en el comunicado recogido por Ical.

Después de que España haya recibido este dictamen motivado, ahora tiene dos meses para responder a las peticiones de la Comisión Europea y para adoptar las medidas necesarias que le pide el ejecutivo comunitario, que también juega un rol de guardián de los tratados de la Unión Europea. En caso de que España no responda ni tome las medidas que pide Bruselas, la Comisión Europea puede llevar el caso a la corte de primera instancia de la justicia europea, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), y aplicarle sanciones económicas.

Además, la Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España por hacer lo mismo con la autopista AP-9. En este caso, la prorrogó durante 25 años y posteriormente vendió la concesionaria “sin poner en marcha procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a nivel de la Unión Europea.

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