El Procurador del Común pide aire acondicionado en las guarderías tras varias denuncias en León

Los niños no pueden estar expuestos a altas temperaturas en los centros docentes y menos si se trata de menores de cinco años, pues quizá no sepan ni expresar que tienen calor. Es la conclusión a la que llega el Procurador del Común para exigir a la Junta de Castilla y León que implemente las mejoras necesarias en las escuelas públicas de educación infantil, después de hacerse eco de las quejas en Parque de los Reyes, San Pedro y La Inmaculada de León porque en las aulas se superan los 30 grados, según han denunciado.

La institución presidida por Tomás Quintana ha llevado a cabo una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Educación en la que incide en la «urgente necesidad de una rápida intervención» de la Administración para «aplacar» esta situación que se vive en el mes de julio y pide al área de Rocío Lucas que realice inspecciones «de manera inmediata» y plantee soluciones.

En su escrito no alude a ninguna alternativa concreta, pues dependería de las necesidades de cada caso, pero sí insta a que «se arbitren todos los medios que en cada escuela infantil resulten necesarios», con el objetivo de «evitar los efectos de las altas temperaturas» y de «asegurar unas condiciones ambientales adecuadas». Los aparatos de aire acondicionado serían una opción, dentro de un amplio abanico de recursos de climatización que existen en el mercado.

Así, Quintana insiste en que la administración autonómica debe revisar todas las ‘guarderías’ de titularidad pública y «verificar las mejoras que cada centro pueda precisar en materia de eficiencia energética». Y no sólo respecto a las aulas utilizadas por los niños, sino también a las estancias del profesorado.

Para argumentar su resolución, el Procurador del Común 'tira de normativa' y recuerda a la Junta de Castilla y León que está obligada a proteger a los trabajadores de los riesgos laborales relacionados con las altas temperaturas. «La protección normativa debe conducir a la adopción de medidas preventivas y correctoras ante situaciones de riesgo para la salud de las personas trabajadoras en centros educativos frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo las temperaturas extremas», subraya en el escrito.

En el caso de las escuelas infantiles, el Defensor del Pueblo considera mucho más acuciante que se cumpla la legislación vigente porque quienes utilizan las instalaciones son niños tan pequeños que quizá no sepan definir «de forma clara sus sensaciones de calor o malestar» o puedan «tener dificultades para identificar y comunicar que están pasando calor», lo que puede «retrasar la toma de medidas para reducir la exposición a temperaturas extremas».

Además, recuerda que los niños «tienen tendencia a ser activos y estar en constante movimiento», y esa actividad física «aumenta la producción de calor interno y puede dificultar la regulación de la temperatura corporal, especialmente en condiciones de excesivo calor».

Por todo ello, cree que los niños «son más susceptibles a los efectos del calor extremo» y son más propensos a sufrir una deshidratación. Están en una «desventaja termorreguladora en comparación con los adultos» y por eso no puede haber «condiciones térmicas y ambientales inadecuadas» en los centros docentes en general, pero «especialmente» en los de educación infantil. «Ningún miembro de la comunidad educativa puede verse sometido a los efectos perjudiciales para el bienestar y la salud derivados de las altas temperaturas de las instalaciones escolares», apostilló.