La Junta califica de “maremágnum” las ayudas de Transportes y que sólo cubrían el 9% del gasto

La Junta de Castilla y León decidió de forma “meditada” y “reflexionada” no pedir las ayudas “complementarias” del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por ser un “maremágnum” que no se ajustaba al nuevo esquema de gratuidad de la Comunidad. En concreto, estas subvenciones suponían el nueve por ciento de los 40 millones de euros desembolsados en 2024 -3,6 millones aproximadamente-, según explicó este domingo en Segovia el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

En un acto de Nuevas Generaciones en la capital segoviana, Sanz Merino negó que se les pasara el plazo de solicitud, como deslizó el ministro Óscar Puente y defendió la actuación del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco que mañana presenta en León la tarjeta única para desplazarse de manera gratuita utilizando los autobuses de las líneas dependientes de la Junta.

Asimismo, expuso que los títulos de viaje que contemplaban las ayudas del Ministerio de Transporte eran “complicados” y no se “alineaban” con el esquema de la Comunidad, puesto que recordó recogían más de cuatro o cinco segmentos de población -menores, mayores de 64 años o jóvenes de 15 a 23 años. Todo ello, insistió era un “verdadero maremágnum”, por lo que decidieron no solicitarlas.

En ese sentido, Sanz Merino indicó que la planificación de la Junta “va mucho más allá”, aunque el ministro haga “chanza” de ello, porque apuesta por un sistema gratuito para todas las personas empadronadas y con una única tarjeta. Por ello, frente a ese nueve por ciento que podría haber financiado el Ministerio, el Gobierno autonómico optó por no pedirlo.

También explicó que las bonificaciones que subvenciona el Ministerio de Transporte tienen como periodo de vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre, mientras la Junta las mantendrá en el futuro. Lo mismo ocurre, dijo, con las rebajas en los abonos de la alta velocidad o los Avant, que recordó la Comunidad financia a través de un acuerdo con Renfe al que le quedan cuatro años de vida.

“Mientras uno se dedican a restringir derechos”, con “cierta inquina” a la que es su tierra, señaló el consejero de Movilidad, el Gobierno de Fernández Mañueco diseña un sistema que busca luchar contra la despoblación.

Además, aseguró que seguirán defendiendo que no se supriman las frecuencias de los servicios de alta velocidad en Segovia, Medina del Campo (Valladolid) y Sanabria (Zamora), porque los ciudadanos tienen derecho a la movilidad sin que eso lo condicione el código postal en el que residen.

También, Sanz Merino rechazó que Renfe priorice el criterio de la rentabilidad económica, sobre el de la cohesión social, la solidaridad y la equidad territorial. Además, señaló que la supresión de frecuencias de tren se suma a otras medidas lesivas para la Comunidad por parte de Transportes, al que le recordó su plan para eliminar paradas de autobús en el medio rural.

Por su parte, el alcalde de Segovia, José Mazarías, calificó de “incongruente” que el presidente de Renfe no le reciba porque ya conoce sus demandas, que recordó le hizo llegar en una carta enviada el 25 de marzo. No obstante, consideró que debería explicar por qué se suprimen unas paradas que servirían para asentar población, empresas y que su provincia y Castilla y León sigan creciendo.

Además, el regidor exigió al ministro Óscar Puente que deje de “vapulear” a Segovia y que no haga de menos a una ciudad porque tenga menos población. Además, le recordó que el transporte ferroviario es en su opinión una “obligación de servicio público”, porque indicó son más de 3.000 los usuarios que cada día viajan entre Segovia y Madrid.

Finalmente, la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, reivindicó que se mantengan las frecuencias de alta velocidad y le pidió a Puente que revierta esa situación en Segovia, fruto de “muchos” esfuerzos. “No queremos ser ciudadanos de segunda”, dijo. “Nos parece totalmente desafortunado”, concluyó.

El "muro de Sánchez"

En este contexto, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, denunció este domingo que el “muro de Sánchez” ha llegado también al sistema ferroviario, lo que hace que haya ciudadanos "de primera” y “de segunda”, porque en su opinión lo utiliza para dividir a los españoles. Así se pronunció sobre la supresión de paradas y frecuencias en los servicios de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia en Segovia, Medina del Campo (Valladolid) y Sanabria (Zamora).

Fúnez, que participó en Segovia en un acto con jóvenes de Nuevas Generaciones, expresó su respaldo a la causa emprendida por el PP en Castilla y León porque consideró que es “absolutamente injusto" y aludió a la situación de aquellos que cada día se desplazan a Madrid o Segovia.

Al respecto, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP recordó que el sistema ferroviario era una de las “banderas” del país gracias a una “gestión adecuada”, porque había “muchos” trenes y frecuencias y su “puntualidad era envidiada”. Todo esto, aseguró, ha cambiado desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.

“Desde que Sánchez llegó al poder, los trenes empezaron a fallar”, dijo la dirigente ‘popular’, acompañada por la presidenta provincial, Paloma Sanz, y el secretario autonómico, Francisco Vázquez, entre otros. Además, recordó que miles de pasajeros se quedaron hacen unas semanas “tirados” en las vías, por lo que aseguró el ferrocarril se encuentran en una situación “desastrosa”.

“España no funciona”, insistió Carmen Fúnez, quien aseguró que los servicios públicos cada vez son peores y, como ejemplo, citó el “apagón histórico” del pasado 28 de abril que para ella fue un “experimento” del Gobierno con las energías renovables, cuyas consecuencias, denunció, pagarán todos los españoles.

Finalmente, al dirigente del PP insistió en que con Sánchez “lo único que es puntual” es el cobro de impuestos, que señaló el Gobierno ha subido en 97 ocasiones y le ha permitido recaudar 136.000 millones de euros más. A su juicio, el Ejecutivo podría dedicar una parte de estos recursos a mantener los servicios ferroviarios en Castilla y León.

Por otro lado, la vicesecretaria de Organización Territorial del PP criticó que la “fracasada” ley de vivienda, aprobado hace dos años, porque a su juicio sólo ha beneficiado a los “okupas” que aseguró “campan a sus anchas”, generan inestabilidad e imposibilitan el acceso de los jóvenes a una casa.

Carmen Fúnez aseguró que esta norma ha supuesto un “fracaso total y absoluto”, porque señaló hay 120.000 viviendas menos en el mercado del alquiler que antes y los precios han subido un 26% de media en España, de forma que arrendar una casa cuesta ya 1.000 euros al menos. A su juicio, “está claro” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sabe gobernar, pero tampoco legislar.

Todo, ello, añadió, perjudica a los jóvenes el colectivo, junto a los autónomos, que en su opinión son los más “perjudicados” por la gestión de Pedro Sánchez. En ese sentido, apuntó que sufren la “inestabilidad laboral”, un problema “muy serio”, junto a una “alta” tasa de paro, que recordó es la más elevada de la Unión Europea. Por tanto, señaló que contratos “inestables” y una “crisis de renta” hacen imposible que ningún joven pueda desarrollar su proyecto de vida con unas garantías “mínimas”.

Asimismo, la dirigente ‘popular’ aseguró que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trabaja en un plan de vivienda que plantea bajar impuestos, aumentar el número de viviendas en el mercado de alquiler o compra y terminar con la ocupación en el país. Al respecto, Carmen Fúnez insistió en que son “delincuentes” sobre los que tiene que recaer el peso de la ley.

Según la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, el presidente del Gobierno está más pendiente de las portadas de los periódicos para ver qué ‘whatsapp’ o mensaje aparece o de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que de gestionar y gobernar de manera “adecuada”. A su juicio, Sánchez está “absolutamente acorralado” por la corrupción porque se le acumulan “media docena de sumarios pendientes”, cuatro tramas, con 23 imputados en su entorno familiar y político.

Precisamente, Carmen Fúnez aseguró que el aforamiento del expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en la asamblea de esa comunidad es un “fraude” en términos políticos como una “catedral de grande”. “Nunca en España había ocurrido algo así”, dijo la dirigente ‘popular’, quien denunció que ha intentado “escaparse” de la justicia para no responder sobre la causa abierta por la contratación del hermano del presidente.

También se refirió a la declaración esta semana de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por la contratación de las “sobrinas” del exministro José Luis Ábalos en empresas públicas. A su juicio, Pedro sigue en La Moncloa porque ha convertido la sede de la Presidencia en un “búnker personal y familiar” para defenderse de la acción de la justicia, los medios de comunicación y el parlamento.