Los contratistas de Castilla y León alertan de «falta de capacidad» para edificar las viviendas públicas anunciadas

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, advirtió ayer de que el sector no tiene capacidad para construir todas las viviendas que se necesitan para dar respuesta al problema de acceso y tildó de «frívolo» cualquier anuncio que prometa levantar miles de hogares de un día para otro. «Obras son amores», resumió tirando de un oportuno refrán el portavoz de las constructoras que concurren a adjudicaciones públicas.

«Una cosa es querer y otra es poder», subrayó Pascual al recordar que las empresas no se han recuperado aún del «desastre» registrado a partir de 2007, cuando el sector perdió el 50% de la capacidad productiva con el estallido de la burbuja y la crisis financiera de las subprime, un escenario que condujo al «cierre de empresas de edificación y auxiliares».

Tampoco hay en la actualidad mano de obra suficiente. Los 106.000 ocupados en el sector de la construcción en 2009 han pasado a 68.000 en 2024 en Castilla y León, según los datos de la EPA. «Y no somos capaces de atraer operarios», confesó. «Con 65.000 trabajadores no se van a hacer las viviendas que se necesitan; es imposible», abundó Pascual.

Durante una rueda de prensa convocada para evaluar la evolución de la licitación pública en Castilla y León, el presidente de los contratistas se preguntó «con qué dinero y con qué industria» se va a contar para ejecutar los proyectos anunciados al reclamar más «cuidado con lo que se promete». Citó, por ejemplo, la promesa de la Junta de invertir más de 64 millones de euros para aumentar el parque público (según los fallidos presupuestos, anunciados a la prensa pero no tramitados en las Cortes de Castilla y León por el Gobierno autonómico). Incluso de haberse realizado esa inyección económica, su impacto sería reducido porque si esa cantidad se divide entre los 80.000 euros que puede costar levantar un piso de protección, la partida serviría para construir 750 viviendas en la Comunidad, que son 83 en cada provincia. «La cola para acceder a esas viviendas llegaría hasta Galicia», ilustró al concluir sus cálculos en torno a una inversión que apenas «resolvería el problema de 83 unidades familiares por provincia».

Preguntado por las posibles soluciones para remover los obstáculos en el acceso a la vivienda, mostó su desconfianza ante el avance de la llamada «construcción industrializada», un proceso iniciado «hace mucho tiempo» y que –augura– «se va a acelerar, pero no va a resolver el problema» a medio plazo. «Espero que no caigamos en el error de fabricar cosas raras y llamarlo vivienda; a ver si nos van a hacer vivir en contenedores», añadió.

En cuanto a los datos propiamente dichos, el presidente de los contratistas se declaró «razonablente satisfecho» con la evolución de 2024, cuando la licitación alcanzó los 2.367 millones de euros, apenas un descenso del 2,2%. La caída de las administraciones locales lastró la evolución (442 millones, un retroceso anual del 14,5%). Mientras, avanzó al alza la tramitación de contratos públicos tanto desde la Administración autonómica (726 millones licitados el año pasado, un 2,8% más) como la estatal (1.198 millones, tres décimas de crecimiento).

En cuanto a los importes adjudicados, fueron 1.969 millones el año pasado (1.005 el Estado, 643 la Administración regional y 321 la local).

Al analizar el cumplimiento de las administraciones (lo que finalmente adjudica respecto a lo que había previsto), explicó que el porcentaje asciende al 80% en 2024. Celebró el alto grado de cumplimiento de la Administración central, por elevar el volumen previsto a sabiendas de que la cuantía final será más baja. Esa «administración se comporta con seriedad, le daría un aplauso», sostuvo al contraponer ese porcentaje con el alcanzado a nivel autonómico o local, en ambos casos, el 64%. En su opinión, «se tienen que hacer las cosas de otra manera».

Lo que arroja una peor perspectiva es el ejercicio actual. A la vista del arranque del año, la «preocupación» de la Cámara de Contratistas es que el importe adjudicado sufra una caída. La estimación son 1.644 millones para este año, frente a los 1.969 de 2023.

Crecen los desiertos

Otro indicador que preocupa a los contratistas es el creciente número de procedimientos que quedan desiertos: en lo que va de año, 54 de los 756 han encallado. La tasa supera el 7% entre enero y abril en Castilla y León y la evolución de los últimos ejercicios dibuja una línea ascendente. Lo «normal», según Pascual, es que ronde el 1%, pero ha ido escalando desde el año 2021, a razón de un punto anual, hasta alcanzar el 7,14% en el primer cuatrimestre. De continuar la tendencia, la situación, el temor de la Cámara es llegar al 10%, lo que supondría que se dejen de ejecutar uno de cada diez proyectos, «privando a los territorios de una infraestructura que necesitan». Precisó que los procedimientos desiertos están afectando más a la administración local, por esa «falta de capacidad» en el sector para acometer los trabajos.

Pascual también atribuyó esa insuficiente concurrencia de las empresas a lo ajustado de los precios de licitación. «La administración no ha dado respuesta al aumento de los costes, ni se la espera», lamentó al recordar que muchos procedimientos públicos se ejecutan frente a cuantías que finalmente están muy alejadas de los precios de mercado. Según sus cálculos, a las administraciones adeudan a los contratistas 200 millones de euros.