Frente común del campo de Castilla y León para conseguir mejoras en la próxima PAC

La Unión Europea ya ha comenzado a trabajar en el diseño de la próxima Política Agraria Común (PAC) –por la que se rijan las ayudas en el periodo 2028-2034– y, en Castilla y León, los representantes del campo han decidido aunar voces, junto a la del Gobierno autonómico, para reivindicar al unísono propuestas encaminadas a la profesionalización del sector, al establecimiento de precios justos para que las ventas no se realicen por debajo del coste de producción, a la incorporación de jóvenes con medidas «atractivas y eficaces» o a la reducción de los trámites burocráticos a la hora de realizar los trámites.

Este miércoles el Consejo Agrario de Castilla y León celebró una reunión en el Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) y, en el encuentro, las principales organizaciones agrarias de la Comunidad y la consejera del área, María González Corral, rubricaron una declaración institucional sobre una posición común en aras de lograr una «adecuada concreción y aplicación» de la nueva PAC que resulte «beneficiosa para el desarrollo, fomento y sostenibilidad del sector agrario en el futuro próximo», expusieron.

El documento, según resumió González Corral en declaraciones recogidas por Ical, aborda «la necesaria simplificación administrativa, la necesidad de incorporar jóvenes al campo y de priorizar a los agricultores profesionales, de mantener los principios de reciprocidad y los dos pilares que tiene actualmente en la PAC con un presupuesto que sea, al menos, el que mantenemos hasta ahora».

Se trata de un texto firmado por el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla y León, Asaja, Donaciano Dujo; por los representantes de Alianza por la Unidad de Campo UPA-COAG, Aurelio González y Lorenzo Rivera; y por el coordinador regional de Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, Jesús Manuel González Palacín. En él, declaran que la autonomía «es un importante referente en materia agraria» que representa «el 12% del PIB» y ensalzan que se trata de un sector «pujante, líder en numerosos cultivos y producciones ganaderas».

Así, bajo la premisa de «unir esfuerzos y trabajar conjuntamente con espíritu de unidad y diálogo», han suscrito un comunicado «para exigir al Gobierno de España que defienda una Política Agrícola Común 2028-2034 adaptada», en lo que se refiere a las necesidades de Castilla y León.

En este sentido, proponen que la despoblación sea un criterio «especialmente tenido en cuenta» en el próximo marco financiero, con medidas «que impongan a los Estados miembros la obligatoriedad de emplear dicho criterio para incrementar la territorialización de fondos».

También consideran esencial que no haya medidas de degresividad en el pago de las ayudas «dadas las especiales características» de las explotaciones de la Comunidad, lo que supone el rechazo a la reducción gradual de los fondos a los agricultores en función del tamaño de las parcelas de aprovechamiento. En este epígrafe añaden que se deben respetar las explotaciones asociativas y determinadas formas jurídicas, «así como el importe vinculado al nivel de empleo generado en la explotación, incluidas las cotizaciones sociales e impuestos».

Entre las veinte reivindicaciones incluidas en el anexo de la declaración institucional también solicitan que la protección del medio ambiente no se traduzca en una limitación de la capacidad productiva –piden que las normas de protección medioambiental tengan un carácter incentivador– y proponen un «sistema de retorno económico» a los agricultores y ganaderos que contribuyan a la reducción de emisiones contaminantes.

Además, consideran que no se debería prohibir el uso de fitosanitarios si no hay alternativas efectivas para evitar la propagación de plagas y enfermedades. En esta línea, añaden que debe «profundizarse en el principio de reciprocidad» en cuanto a la aplicación de productos importados para que cumplan con los preceptos de la Unión. No sólo en referencia a la utilización de productos fitosanitarios, sino también a medidas de bienestar animal.

Con el objetivo de equiparar las exigencias de Europa a las de otros países, las Opas de Castilla y León reivindican una legislación sobre técnicas genómicas (las que modifican el ADN de los cultivos) que permita «competir en condiciones de igualdad con producciones foráneas» que estén acogidas a «legislaciones más permisivas».

En el listado rubricado en conjunto por Asaja, UPA-COAG, UCCL y la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, los peticionarios incluyen la defensa específica de las «regiones del sur de Europa» para mejorar la financiación «necesaria para el desarrollo de infraestructuras hídricas» con el propósito de aumentar la superficie de cultivos de regadío y, en paralelo, requieren ayudas para «sectores con problemas específicos» que sean «más vulnerables desde el punto de vista económico, social o medioambiental» o que «no respondan al modelo general basado en la disposición de base territorial». Por eso ensalzan que deben priorizarse las ayudas en explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones.

En cuanto a la profesionalización del sector, hacen hincapié en que resulta «imprescindible» que se dé preferencia a la figura del agricultor profesional en la percepción de las ayudas, para beneficiar a aquellos cuyas rentas proceden de la actividad agraria. Sin pasar por alto que, según puntualizan, se debe «analizar otros condicionantes, como la acreditación de la Seguridad Social y el régimen fiscal correspondiente con la actividad».

El objetivo es que no se mida con el mismo rasero al que desarrolla su actividad principal en el campo y al que tiene otros recursos y «el fin de semana se sube al tractor viejo de su padre», como explicaba de forma gráfica el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, en el Club de Prensa ‘La fuerza del sector agrario de Castilla y León’ que organizó este periódico el martes.

La diferencia es que es el primer perfil el que invierte en tecnología aplicada al sector primario y, en este sentido, las Opas y la Junta también piden que la futura PAC incorpore medidas que «impulsen la innovación y la digitalización» de la agricultura. Por ejemplo, con apoyo específico a la investigación sobre cultivos resistentes a la sequía y tecnología de riego eficientes.

Respecto a la propuesta de simplificación del ‘papeleo’ para tramitar las ayudas que anunció la Comisión Europea hace apenas unos días, los agentes del campo aplauden que se reduzca la burocracia y, en la declaración institucional recién firmada subrayan la necesidad de que se implemente esta medida de forma «decidida». Añaden, eso sí, que «para que el sector sea capaz de asimilar los objetivos y retos a los que se enfrena, las normas de cumplimiento deben ser claras y precisas».

Entre esos retos citan el establecimiento de aranceles a productos agroalimentarios por parte de Estados Unidos y consideran necesario «tener muy en cuenta» la «compleja situación geopolítica» a la hora de diseñar la próxima PAC. Piden, por eso, que sea «necesariamente ágil, flexible y adaptada a las necesidades de la agricultura profesional», para afrontar los «desafíos» en panorama geopolítico que tildan de «complejo». «Esta vez», reflexionó el representante de UPA-COAG, Lorenzo Rivera, «es más importante por la situación complicada de mercados».

El presidente de Asaja en la Comunidad, por su parte, defendió que haya un «presupuesto digno» y que los fondos se repartan con «criterios de profesionalidad», poniendo el foco en la necesidad de «dar rentabilidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas»; mientras el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, destacó que todas las organizaciones agrarias hayan cedido ante las «tensiones y líneas rojas», en aras de formar un frente común, según declaraciones recogidas por Ical.

A juicio de las organizaciones agrarias de Castilla y León, la futura PAC «ha de garantizar unos sistemas alimentarios sanos y sostenibles», con la premisa de que resulta necesaria una «soberanía alimentaria de la Unión Europea», aunque sin dejar de «articular mecanismos» para que continúe siendo una «potencia exportadora». En este sentido, recordaron que en 2024 las ventas a terceros países alcanzaron un valor récord que superó los 235.000 millones de euros.