El TSJCyL ordena a la Mesa de las Cortes reponer en su puesto a la funcionaria que denunció por acoso al jurídico

Varapalo judicial a la Mesa de las Cortes, presidida por Carlos Pollán de VOX. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nula de pleno derecho la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada el 10 de julio de 2024 por la Mesa de las Cortes regionales, que permitía que la Jefatura del Servicio de Gestión Administrativa pudiera ser ocupada por personal de la Escala de Ingeniería, además del Cuerpo Técnico, dando así la razón a la funcionaria que denunció por acoso al secretario general y letrado mayor de las Cortes, Marcos Herrero.

El fallo de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, también anula la convocatoria y adjudicación de ese puesto a un funcionario de la Escala de Ingeniería y ordena la restitución de la funcionaria cesada en su puesto en régimen de adscripción provisional, según recoge el auto remitido a los medios  a través del gabinete de comunicación del alto tribunal castellano y leonés, en el que se ordena que se reponga a la funcionaria en su puesto. 

La sentencia considera que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la convocatoria posterior "se han dictado con la finalidad de eludir el cumplimiento del fallo de la sentencia", que ya había declarado nulo el cese de la funcionaria en mayo de 2022. El tribunal subraya que "no se explica, más allá de que con ello se pretende eludir el cumplimiento de la sentencia, la modificación de la RPT para que pueda participar en la convocatoria para cubrir el puesto de Jefe de Servicio de Gestión Administrativa el que ya fue nombrado en adscripción provisional y después al resolver la convocatoria".

El auto establece que la Mesa de las Cortes de Castilla y León, que preside Pollán quien viene defendiendo el trabajo del letrado mayor que como tal ejerce las labores de jefe de personal tal y como recoge el artículo 61 del reglamento de las Cortes, es el órgano responsable de la ejecución de la sentencia y ordena notificar personalmente esta decisión a su presidente Carlos Pollán. La Sala recuerda que "el órgano responsable de la ejecución de la sentencia es la Mesa de las Cortes, como órgano rector de la institución", y no la Secretaría General, como sostenía la parte ejecutada.

Estudio de responsabilidad penal

Además, según recoge el auto, el tribunal acuerda remitir testimonio de particulares al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid para que se investigue si los hechos pudieran ser constitutivos de responsabilidad penal. "Constando que existen las Diligencias previas no 1321/2024 del Juzgado de Instrucción no 4 de Valladolid, por hechos relacionados en el presente auto y a efectos de que se pueda dilucidar si se ha incurrido en responsabilidad penal, procede acordar la remisión de testimonio de particulares al referido Juzgado", señala la resolución.

Por último, la Sala impone las costas del incidente a la parte ejecutada, es decir a la Mesa de las Cortes, y recuerda que contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación.

Declaración en junio de la junta de personal

Las diligencias a las que hace referencia el TSJCyL y que se siguen en Instrucción número 4 de Valladolid, según Europa Press, fueron abiertas a raíz de la denuncia de la citada funcionaria que fue revocada en su puesto de Jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes y que acusó al secretario general y letrado mayor de dicha institución, Marcos Herrero, por acoso laboral, investigación que tendrá un nuevo capítulo el día 5 de junio cuando declaren como testigos los integrantes de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León.

Los integrantes de la Junta de Personal, en un informe de 44 páginas remitido a Instrucción 4, asegura que "no tiene conocimiento de ninguna actuación referida al personal de la Cámara constitutiva de acoso laboral" y apunta también que "los hechos relatados" por la denunciante, a su juicio, "no pueden entenderse constitutivos de tal delito", a lo que añade que en el informe de comunicaciones laborales la supuesta víctima "nunca ha comunicado ni referido en sus escritos episodios de desavenencias, conflictos de carácter interpersonal o situaciones tensas en el ambiente de trabajo que constituyan un patrón repetido de abuso".

El secretario general y letrado mayor de las Cortes, Marcos Herrero, ya declaró por estos hechos, en calidad de investigado, el pasado día 16 de diciembre de 2024 y entonces negó mantener cualquier animadversión personal hacia la funcionaria que le denunció por acoso y sostuvo que todas sus decisiones se ajustaron a derecho, sin incurrir en ninguna actuación delictiva.

La denuncia contra él ante la Fiscalía de Valladolid fue interpuesta por la funcionaria, estando ya de baja laboral psicológica como consecuencia de estos supuestos hechos, a partir de que el denunciado la apartara del puesto de jefa del Servicio de Gestión Administrativa de las Cortes, al que había accedido por la fórmula de adscripción provisional el 21 de mayo de 2018 y en el que se mantuvo hasta mayo de 2022.

La revocación del cargo le fue comunicada por el ahora investigado vía telefónica y cuando ella se encontraba de vacaciones, momento a partir del cual, según recoge la denuncia, fue privada de todos los permisos informáticos, aplicaciones, accesos a unidades de red y certificados de firma electrónica.

Es desde entonces cuando, como así sostiene la denunciante, todas las acciones adoptadas por el investigado no han tenido otra finalidad que humillarla, aislarla laboral y sociolaboralmente, a la vez que perjudicarla en su carrera profesional, realizando además actuaciones encaminadas a que el único puesto de trabajo que pueda obtener en las Cortes de Castilla y León carezca de funciones, se encuentre al margen de las tareas de administración y económicas y tenga un nivel y un salario inferior al que le corresponde y al del resto de sus compañeros del mismo cuerpo.

Por todos los medios, siempre según la denuncia, se trata de impedir que la funcionaria pudiera acceder a puestos relacionados con la gestión administrativa, la contratación pública y también a la nueva Escala Económico Financiera, para lo que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se crearon convocatorias que por sus requisitos impedían la participación de la denunciante, actos que considera una auténtica represalia.