"La eutanasia fue un triunfo social y quien la pide está al límite de sufrimiento"

«Sin ninguna duda, la aprobación de la eutanasia fue un triunfo social», asegura Teresa Ribas, de la asociación Derecho a Morir Dignamente de León, que valora el desarrollo de la ley como «moderadamente satisfactorio, ya que se han beneficiado de ello cientos de personas».

Sin embargo, desde la asociación de la que forma parte muestra varios ámbitos de mejora a su funcionamiento: «A veces no es sencillo encontrar un médico que no sea objetor. Las gestiones son largas, la ley establece que duren unos 40 días, pero la media nacional es de 60 días y la media de nuestra comunidad de 81, según el informe del Ministerio de Sanidad», apunta como principales barreras a sortear. «La burocratización y los requisitos para cumplir la ley son excesivos», concluye.

Desde la perspectiva que le aporta su participación en la asociación realiza un análisis más global: «En España, un tercio de los solicitantes acaban falleciendo durante la tramitación, debido con toda probabilidad a la complejidad del procedimiento. Otro aspecto llamativo es la gran desigualdad entre comunidades, tanto en el número de solicitudes como en su resolución, muy probablemente inducido por las diferencias en las Comisiones de Garantía y Evaluación de cada comunidad», sostiene.

Por estos avatares, y otros que tienen más que ver con las reticencias sobre esta opción por una parte de la sociedad, Teresa explica que la finalidad de Derecho a Morir Dignamente consiste en «luchar por los derechos al final de la vida, promoviendo la facultad de disponer libremente del propio cuerpo y de la propia vida, escogiendo libremente el momento y los medios para finalizarla; con especial énfasis en la defensa de la posibilidad de los enfermos terminales y con padecimientos irreversibles a morir sin sufrimiento, si así lo manifiestan expresamente».

También reconoce que desde la entidad ejercen «presión social para que se cumpla lo que establece la Ley (LORE), asesorando de manera altruista sobre derechos sanitarios al final de la vida y toma de decisiones», y trabajan «para superar el tabú de la muerte».

Pese a algunos ‘peros’ sobre la aplicación de la normativa, Teresa celebra contar con esta garantía que regula la eutanasia. «Tener legalizada la ayuda para morir significa la posibilidad de que una persona con un sufrimiento insoportable y sin capacidad de curación pueda decidir libremente el momento que cree adecuado para acabar con ello. Hay sufrimientos que no tienen ningún tipo de alivio. Y no todo dolor es físico, el sufrimiento psicológico es más complejo de medir», expone.

«No todas las personas quieren soportar duras condiciones hasta que llegue la muerte de forma natural, y legítimamente pueden y deben ser ayudadas a acabar con situaciones irreversibles, bien definidas en el marco de la LORE», subraya.

A quienes se oponen fervientemente a esta práctica, desde Derecho a Morir Dignamente recuerdan que «la eutanasia no es ninguna obligación». «Si no están de acuerdo con ello, nadie les va a obligar, se respeta su opinión. El mismo respeto que se espera para quienes, cumpliendo los requisitos de la Ley, se acogen a ella».

Teresa incide en que «quien solicita la ayuda para morir, está en una situación límite de sufrimiento y dependencia y saber que esa situación tiene una fecha de finalización aporta paz y sosiego. Cuando un paciente tiene la eutanasia concedida, se serena y de una manera tranquila y aceptada va preparando el momento de la despedida».

Ante algún caso mediático polémico, Teresa considera que «es muy difícil hacer entender a algunas personas que no son los dueños de la vida de un hijo o de un padre o madre», pero asegura que, por lo general, «para los familiares que cuidan a alguien inmerso en un sufrimiento intenso, significa poder acompañar en un momento de máxima vulnerabilidad, ofrecer apoyo, empatía y amor».

Reconoce que «para los familiares, supone una cascada de sentimientos a veces encontrados». «Lo que relatan los profesionales que han participado en estos procesos es que la emoción más habitual al ver que ha finalizado el sufrimiento y se ha cumplido la voluntad expresa del enfermo es de una profunda gratitud», precisa.

«Mi padre tuvo la mala suerte de dar con un médico objetor y burocracia»

La experiencia de Judit fue inversa que la de Miguel. Mientras Miguel y Yolanda encontraron en la eutanasia el final que escogieron para ella por culpa de los devastadores estragos de la ELA, el padre de la joven burgalesa Judit falleció antes de ver tramitada su petición. «Tuvimos la mala suerte de dar inicialmente con un médico objetor y una burocracia tremenda», lamenta la joven burgalesa.

«Mi padre, Antonino, era un chispita, no paraba quieto, pero le empezaron a fallar las rodillas en verano de 2023. En enero le dieron el diagnóstico: ELA. La enfermedad le atacó muy rápido y al poco no podía andar», relata.

«Siempre había dicho que su límite era atragantarse y nos dijo que quería la eutanasia. Lo tenía clarísimo. Así que cuando sucedió ya supe que iría a la neuróloga a decírselo».

Precisamente, esa petición fue una de las últimas expresiones que ella escuchó de boca de Antonino. «De las últimas palabras claras que le oí a mi padre fue decirle a la especialista que quería solicitar la eutanasia».

Él vivía en una residencia y acudieron al médico de familia del pueblo. «Tuvimos la mala suerte de dar con un médico objetor. Nos dijo que era objetor y, no conforme con esto, le infantilizó y no le dio credibilidad», protesta y lamenta que en su caso «la burocracia fue terrible».

«Estaba sufriendo tanto... Lo siento mucho por mi padre, ¡me dio tanta rabia! Pienso en cómo habría sido ese día porque hablamos mucho del tema y fue una pena que no pudiéramos hacerlo. Fue muy injusto».

A Judit le gustaría que en la aplicación de la Ley hubiera mejoras: «Que escuchen y cambien la ley para que no haya casos como el nuestro en los que las cosas tarden tanto», pide.