Cuatro años de la Ley de Eutanasia en Castilla y León: 38 realizadas y 1.205 sanitarios objetores

La Ley de Eutanasia apenas lleva cuatro años en vigor y 38 personas han recibido la prestación y asistencia de ayuda a morir en Castilla y León: 23 hasta el año pasado y 15 en 2024.

Antes de que estos pacientes recibieran el visto bueno de Sanidad, los profesionales sanitarios y jurídicos analizaron la decisión del paciente para comprobar que encajaba en los criterios que recoge la normativa, dado el calibre de la decisión y que tienen que cumplirse unos requisitos establecidos, como «ser mayor de edad legal y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud; sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificada por el médico/médica responsable; haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria [...] y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas», según informa el Ministerio de Sanidad.

En 2024 se presentaron 41 peticiones de eutanasia en la Comunidad. Quince de las peticiones se realizaron, cinco fueron denegadas y al terminar el año había aún dos pendientes de resolución.

Sin embargo, casi la mitad de las solicitudes de eutanasia registradas (16) no llegaron a término porque el paciente falleció a los pocos días de solicitarlo. En casi todos los casos de 2024, salvo en dos, este desenlace sucedió poco después de pedirlo. Uno de ellos murió casi inmediatamente; diez fallecieron después de presentar la primera solicitud; tres, después de la segunda, y dos ya con el informe del médico consultor, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad a este periódico.

Además, hubo tres pacientes que revocaron su propia petición y cambiaron de opinión después de registrar la primera instancia.

El proceso para la autorización de la prestación de ayuda a morir cuenta con unas fases reguladas por la ley en la que intervienen varios profesionales. «La ley es muy garantista. El paciente lo solicita al médico que tiene delante, al médico de Familia o al especialista, y si no es objetor se inicia el procedimiento. A ese sanitario se le llama el médico responsable», explica Paloma Alonso, psiquiatra del Hospital Río Hortega y miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia.

«Los plazos son estrictos y se intenta que sean cortos», apunta Alonso. Recibida la primera solicitud, el médico responsable «inicia con el paciente un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, sobre posibles cuidados paliativos», indica el Ministerio. Si el paciente continúa convencido debe presentar una segunda solicitud en la que se reafirme y se retoma el proceso deliberativo.

Con la decisión ya reafirmada, interviene un segundo facultativo denominado médico consultor, «un especialista que conoce la enfermedad».

«Si ambos médicos emiten un informe favorable, entienden que sí, que se cumple con lo estipulado en la Ley, se eleva a la Comisión de garantías de la comunidad y se elige a un médico y a un jurista, lo que llamamos la dupla, que vuelven a garantizar el cumplimiento de las condiciones legalmente establecidas. Si hay disparidad se elevaría a la comisión», explica Paloma Alonso. «Además de todo esto hay una valoración de enfermería, de trabajo social... Es un conjunto», precisa.

La comisión está formada por profesionales de distintas disciplinas, como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y juristas.

Dado que en Castilla y León más de un millar de sanitarios han mostrado su rechazo a esta práctica y se declaran objetores, cuando un paciente comunica su petición a un profesional que ya ha manifestado su objeción el facultativo debe «informar a la Gerencia para que busque un sustituto que inicie el procedimiento».

Paloma Alonso subraya que su «espíritu», y el de la comisión, «es el de cumplir la ley en beneficio de la persona que libremente lo ha solicitado».

«Los ciudadanos deben confiar en que nuestra voluntad es la de cumplir la ley en el mejor de los sentidos. Si el paciente tiene un sufrimiento y cumple los criterios lo que se quiere siempre es ayudar a la persona, la intención de todos los profesionales que participamos en el proceso es la de beneficiar al paciente, y la ley es muy garantista y obliga a un procedimiento de reevaluación de la situación», señala.

Esta psiquiatra señala que «la comisión funciona bastante bien». «Hemos aprendido desde cero porque se nos nombró cuando salió adelante la ley y ninguno teníamos experiencia. Hay casos en los que lo ves clarísimo y casos que cuesta más ser muy objetivo, pero siempre se intenta tener la máxima delicadeza y compromiso», relata esta psiquiatra del Río Hortega vallisoletano, que apunta que la información para el usuario es clave ante una decisión tan importante y por ello también los sanitarios informan sobre los servicios de Paliativos, fundamentales en la última etapa de la vida.

Cada vez más eutanasias realizadas

El número de eutanasias realizadas en Castilla y León ha ido aumentado paulatinamente conforme pasan los años. Mientras en 2021 se practicó una única eutanasia, hubo diez durante 2022, doce en 2023 y quince el pasado año.

Paloma también se pronuncia sobre la dificultad que supone a veces para un allegado asumir la decisión de su ser querido de solicitar esta práctica: «Es un acto de generosidad por parte de la familia respetar la voluntad del paciente», reconoce.

889 médicos y 303 enfermeras, objetores

No quieren participar en la asistencia para la prestación de la ayuda a morir y tienen derecho a manifestar su renuncia a hacerlo. Más de un millar de profesionales sanitarios de Castilla y León (1.205) se registran como objetores de conciencia ante la eutanasia.

En concreto, ascienden a 889 médicos, 13 farmacéuticos y 303 profesionales de Enfermería los que por convicción personal han informado a Sanidad de que rechazan actuar en estos casos médicos, según los datos facilitados por la Consejería a este periódico.

Alrededor de un año después de que entrara en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), Castilla y León aprobó por decreto el 15 de marzo de 2022 el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia ante esta práctica. «Es decir, que realicen el acto médico para la eutanasia o las prestaciones y auxilios asistenciales necesarios», señaló entonces de la Junta.

El escrito recordaba cómo el artículo 16.1 de la Ley que regula la eutanasia dispone que «los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia» y recoge también que «el rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito».

La declaración de la objeción de conciencia y su inscripción en el registro se limita a los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda y «el Registro es único para toda la Comunidad de Castilla y León, tiene naturaleza administrativa y no tiene carácter público».