Las agresiones a funcionarios de prisiones se triplican, con Dueñas y Topas en cabeza

El número de agresiones a funcionarios de prisiones por parte de los internos ha experimentado un significativo aumento a partir del año 2022, momento convertido en punto de inflexión para Acaip debido a un cambio en la política penitenciaria. Con un régimen disciplinario más laxo desde ese momento, explica el portavoz del sindicato, Joaquín Leyva, la conflictividad se ha triplicado en el conjunto de España y también en Castilla y León, según reflejan sus estadísticas. Baste comprobar que de las 13 contabilizadas en la Comunidad en 2021 –antes de la modificación– se ha pasado a 46 en 2024, el último ejercicio con datos completos. En España la evolución ha ido de 176 a 504.

Y, poniendo el foco en cada uno de los centros autonómicos, destacan los casos de Dueñas (Palencia) y Topas (Salamanca), con 18 y 12 enfrentamientos respectivamente. Estos dos ejemplos, que son los más alarmantes, acaparan el 65% de las agresiones del conjunto regional. Sobre todo porque tienen módulos de presos conflictivos, explicaron desde la organización sindical.

«Aunque en la última década se ha reducido la población reclusa, hay un repunte de agresiones debido a lo que consideramos una política ‘buenista’; si se aplican pautas generales independientemente del perfil de cada preso y si sus actos no tienen consecuencias, las agresiones crecen», valoró Leyva después de explicar que hay otros factores que contribuyen al incremento de los ataques. En el caso concreto de Castilla y León influye el envejecimiento de los trabajadores, el déficit de reposición de la plantilla, la falta de médicos en las cárceles (incluso la ausencia) o el hecho de que haya un elevado número de presos «desarraigados».

«Los internos que no tienen arraigo familiar tienen un comportamiento más díscolo y conflictivo y eso hay que enlazarlo con dos variables: Castilla y León tiene la población de funcionarios más envejecida de España y el mayor número de vacantes», explicó el portavoz de Acaip.

Para entender la fotografía actual de la Comunidad hay que remontarse entre dos y tres décadas en el tiempo, cuando un alto porcentaje de opositores procedía de Castilla y León pero, al no haber plazas suficientes en su territorio, tenían que asentarse en otras comunidades hasta poder concursar para acercarse a su destino. El problema es que cuando consiguen su objetivo «ya tienen una edad» y, «si la reposición de vacantes se hace con personal de edad avanzada, el déficit resulta difícil de revertir».

Según las estadísticas facilitadas por Acaip, en todas las cárceles de Castilla y León la edad media de los empleados públicos supera los 50 años, con Ávila y Soria como las más ‘jóvenes’ y Topas (Salamanca) como la más envejecida, con una referencia de 57 años. Les siguen León y Valladolid, con 55; Dueñas y Segovia, con 52; y Burgos, con 51.

A juicio del representante sindical, si los que reclaman su plaza en Castilla y León llegan ya cerca de la edad de jubilación, la renovación se complica porque la velocidad de reposición va a un ritmo más lento. De ahí que reclamen un «estudio de recursos humanos a largo plazo» para que se cubra la demanda en tiempo real.

Las estadísticas, desde luego, reflejan un elevado índice de vacantes en la Comunidad, con indicadores por encima de la media nacional. Según datos oficiales fechados a marzo de este año y facilitados por Acaip, en la autonomía hay 773 vacantes que, en relación a los 3.054 funcionarios que debe haber, suponen índice del 25,31%.

Llama la atención en este sentido el caso de León, donde el porcentaje de plazas sin cubrir supera el 30% (hay 177 puestos sin cubrir de los 587 estipulados), seguido de Valladolid, con un 28% de déficit (faltan 90 de los 321 necesarios). El ranking lo continúa Topas con un 26,44% (174 vacantes de 658); Soria, con un 25,32% (58 de 229); Dueñas, con un 24,76% (131 de 529); Burgos, con un 22,92% (58 de 253); Segovia, con un 18,44% (57 de 309); y Ávila, con un 16,66% (28 de 168).

Mientras, en el conjunto de España se contabilizan 3.780 vacantes, que representan el 15,57% de las 24.271 totales. Es decir, la proporción en Castilla y León está diez puntos por encima de la registrada a nivel nacional. Y se trata de una tendencia creciente, pues los datos facilitados por Acaip reflejan que en 2021 la cifra de puestos libres estaba por debajo de la actual, con 764.

Sin olvidar que en la actualidad se arrastran las consecuencias de haber disminuido, incluso anulado, la oferta de plazas públicas hace aproximadamente un a década. «Hubo tres años sin convocatorias», recordó Leyva en alusión a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, «en 2015 fue muy limitada» y «hasta 2017 no volvió a haber cierto volumen».

Un conjunto de factores, en definitiva, que tienen su reflejo en las tablas de agresiones a funcionarios en las prisiones. Y aún hay más. En las cárceles faltan médicos y, sin facultativos dentro, hay que trasladar a los reos a centros de salud u hospitales cuando necesitan atención, lo que implica la dedicación de más personas y que haya más riesgos en seguridad.

En esta variable también Castilla y León presenta una realidad más complicada que en el conjunto del país, pues aunque debería haber 53 médicos, sólo hay once, lo que supone que el 79,25% de los puestos están sin cubrir, frente al 70,85% que se registra en España. De hecho, hay dos cárceles de la Comunidad que no tienen ningún facultativo: Ávila y Soria. En ambos casos debería haber tres pero su ‘marcador’ está a cero.

Con uno están en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid; tres tienen en Segovia; y León sobresale con cuatro. Sin embargo, ninguno llega a la cifra que realmente tendría que tener.

El problema, sostuvo Joaquín Leyva, es que en 2003 se aprobó una ley sanitaria donde se establecía que en un plazo de 18 meses las comunidades autónomas tenían que asumir la contratación de los médicos en las cárceles, pero sólo País Vasco, Cataluña y Navarra lo han cumplido. En el resto, una vez que los médicos titulares se jubilan, esas vacantes no se cubre. «Las autonomías, entre ellas Castilla y León, siempre responden que lo están estudiando», explicó el portavoz de Acaip antes de aclarar que el principal escollo es el elevado gasto farmacéutico que tendrían que asumir para gestionar la sanidad penitenciaria.

La ausencia de médicos en las cárceles también influye en el aumento de agresiones, dice el sindicato, porque si un reo se pone violento no le pueden suministrar calmantes si ponerle sujeciones mecánicas.

Para mejorar la seguridad de los trabajadores de los centros penitenciarios Leyva reclama también la necesidad de «redimensionar las plantillas» para que se ajuste al perfil actual de la comunidad de presos, pues antes el perfil era más «homogéneo» y ahora ha cambiado, desde perspectivas multiétnicas y multiculturales.

De hecho, respecto a las agresiones consideró que hay que tener en cuenta que la falta de arraigo también es uno de los factores que contribuye a su aumento. Si están lejos de sus familias, no tienen visitas ni ellos pueden visitar a nadie en sus días de permiso, les puede faltar motivación para tener un buen comportamiento. «En algunas zonas, como Andalucía o levante hay un alto grado de delincuencia por drogas y si no tienen motivo para mantenerlos allí y no hay sitio, los absorben cárceles de la zona centro y por ello llegan hasta aquí».