El único impuesto propio de la Junta recauda 69 millones a las energéticas en Castilla y León

Los parques eólicos, embalses y líneas de alta tensión «ocasionan un importante daño al medio ambiente» y por ese motivo la Junta de Castilla y León implantó en 2014 un tributo para gravar a las compañías por las secuelas de esa producción de energía. Es el llamado impuesto sobre la afección medioambiental, el único tributo propio que mantiene el Ejecutivo autonómico y con que el año pasado recaudó casi 69 millones de euros, un 2% más que en 2023.

Esa es la cuantía que corresponde pagar a las eléctricas por la explotación de instalaciones el año pasado, un dato proporcionado por la Consejería de Economía y Hacienda. Matizan que es un «importe provisional», a falta de la publicación en abril de la memoria tributaria con las cifras consolidadas.

Las mismas fuentes no precisan aún el número de declaraciones que se esconden detrás de ese importe. La anterior referencia es la de 2023, cuando fueron 325 las autoliquidaciones presentadas, que supusieron unos ingresos a la hucha autonómica por valor de 67,71 millones de euros, según figura en la memoria de ese ejercicio previo.

Tampoco desglosan en la Junta el dato por provincias. Ni por tipo de instalación, un nivel de detalle que sí se publicaba en las memorias de cada año hasta 2019, lo que permitía observar qué parte de los ingresos de este tributo procede de la explotación de parques eólicos, de la energía hidráulica o de los tendidos de alta tensión. Los datos de aquel último año de publicidad activa mostraban que ocho de cada día declaraciones correspondía a la explotación de molinos de viento (concentraron 200 de las 246 liquidaciones presentadas entonces), aunque la explotación eólica sólo aportaba un tercio del total de ingresos anuales del tributo propio (25,2 millones de los 77,4 recaudados ese ejercicio). En euros, la actividad hidráulica fue en 2023 la que más ingresos añadía a las arcas públicas, con sólo 32 declaraciones pero que inyectaron 32,6 millones de euros. Mientras, las trece instalaciones de alta tensión supusieron el ingreso de 4,5 millones. Por último, otros 15 millones procedían entonces de la única central nuclear afectada por este impuesto en Castilla y León hasta 2020, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el cobro por parte del Ejecutivo autonómico. La sentencia consideró inconstitucional cobrar por las cargas ambientales derivadas de la actividad de la central nuclear de Garoña y daba la razón así al Gobierno central –que había presentado el recurso– al demandar una doble imposición sobre el mismo concepto por sus residuos radiactivos.

El argumento esgrimido por la Junta para no proporcionar los datos desglosados por provincias y/o tipo de instalación en los últimos años es que se podría llegar a identificar la explotación allí donde concurren un pequeño número de declaraciones. Una excusa para no aportar información pública que, por ejemplo, no impidió durante años conocer la cuantía pagada por la única central nuclear afectada por el tributo en Castilla y León, aunque eso permitiese como es sabido identificar a la propietaria de la mencionada central del valle burgalés de Tobalina.

En total, durante los once ejercicios en que este impuesto lleva en vigor, la Junta ha ingresado casi 701,2 millones de euros: es la suma de las cuantías contenidas en las memorias entre los años 2014 y 2024, ambos incluidos, disponibles en la página web de la Administración autonómica.

La cuantía anual se ha ido incrementando con los años. Alcanzó su pico en el 2019, cuando supero los 77,4 millones de euros, que se desplomó en 2020 (año de la sentencia del Constitucional que suprimió el cobro por la nuclear) hasta los 62,8 millones. Los tres ejercicios posteriores se mantuvo en niveles similares para repuntar luego un 9% en 2023 y otro 2% ahora en el importe recaudado por la actividad de 2024.

Atendiendo al número de declaraciones, durante los seis primeros años de vida del tributo, la cifra de se mantuvo estable, en el entorno de las 250 anuales. Es a partir del año 2020 –precisamente cuando se deja de incluir el desglose para cada tipo de actividad– cuando comienzan a aumentar: 258 en 2020, 312 en 2021, 300 en 2022 (once de ellas complementarias) y 325 en 2023.

A falta de información más precisa, el incremento del importe recaudado obedece, al menos en parte, a la paulatina tributación de nuevas instalaciones, máxime cuando la normativa contempla (desde 2017) exenciones para los nuevos parques eólicos durante los primeros cinco años de actividad. En la última memoria publicada, la de 2023, 39 instalaciones se beneficiaron de esa ‘bula’ fiscal, lo que les ahorró el pago conjunto de 3,14 millones de euros.

Otro motivo de exención es el objetivo de la instalación: aquellas destinadas a investigación y desarrollo también quedan exentas del pago, lo que en 2023 liberó a 18 titulares de pagar 313.000 euros.

Existe una tercera causa de exención, cuando el titular es una administración pública (Estado, Comunidad, entidades locales de Castilla y León o sus organismos y entes públicos), sin que conste ningún caso en el último informe.

La Junta de Castilla y León explica en la propia regulación de este tributo propio que la recaudación «se destinará a financiar aquellos gastos de carácter medioambiental y de eficiencia energética que se determinen en las correspondientes leyes anuales de presupuestos generales autonómicos».

Castilla y León hizo uso por primera vez de su potestad tributaria en 2012 con la regulación de dos nuevos impuestos. En la actualidad, la materia se regula en el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos propios y cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre (BOCyL de 18 de septiembre).

En la actualidad, el de la afección medioambiental es el único tributo propio en vigor, después de que se suprimiera el de residuos en vertederos, concebido para «fomentar el reciclado gravando el daño ambiental provocado por la eliminación de residuos en vertederos, con independencia de quien los gestione». Este impuesto, que venía aportando más de siete millones de euros anuales, fue derogado con efectos 1 de enero de 2023 por la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para la economía circular, que establecía la incompatibilidad del nuevo impuesto estatal por la misma finalidad con cualquier impuesto autonómico.