Castilla y León deja de ingresar 27 millones por la bonificación de licencias de caza y pesca

La Junta de Castilla y León dejó de ingresar –o bien los cazadores y pescadores se ahorraron, según cómo se mire–, casi 27 millones de euros por la gratuidad de las licencias de caza y pesca en 2023 y 2024. Y aún quedan tres años de bonificación del 100% de esas tasas, según estableció la Ley 2/2022 de 1 de diciembre, de rebajas tributarias en Castilla y León.

Así lo puso de manifiesto el pasado 7 de marzo, en las Cortes de Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por nueve procuradores socialistas. El ahorro estimado durante esos dos años, más concretamente, alcanza los 26.914.059 euros, para un total de 235.688 licencias.

El ahorro, según la respuesta del consejero, «viene determinado por la bonificación al 100% de las licencias de caza tipo A, B y licencia de pesca y la conversión de 1 a 5 años de su vigencia». El importe de las tasas objeto de bonificación es de 15,20 euros para las licencia de pesca, 42,65 euros para las de caza Tipo A y 13,70 euros para la de caza con galgo, licencias que habilitan a la práctica de la caza o de la pesca en todo el territorio de la Comunidad.

Esta bonificación, que a priori es positiva sin ambages puesto que supone un ahorro para los ciudadanos, a posteriori causa efectos no previstos e, incluso, ha suscitado una sorprendente indiferencia entre cazadores y pescadores. Entre esas consecuencias no previstas, por ejemplo, el ‘efecto llamada’ a cazadores de otras comunidades autónomas que sacan en Castilla y León su licencia gratuita, lo que les facilita tramitar una licencia interautonómica, vigente en varias autonomías, más barata.

«Así, hemos pasado de ser 70.000 cazadores inscritos en la Comunidad a doscientos y pico mil» explica, en respuesta a este periódico, el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi. «Yo entiendo que no hay más cazadores por el hecho de que no haya que pagar tasas. Lo que ocurre es que ha venido mucha gente de otras partes de España a sacar la licencia de caza en Castilla y León, porque es gratis».

«El que vengan a cazar aquí cazadores de otras partes es muy bueno, es muy favorable. El problema es que no vienen a cazar, sino que solo tramitan aquí su licencia. Que hagan eso y no cacen aquí, no aporta nada», añade Iturmendi. Esa licencia interautonómica no es gratis, cuesta más de 60 euros, pero como hay que tener licencia previa en una región para adquirirla, abaratan esa condición.

«En las cifras que maneja la Administración el número de cazadores se ha disparado, pero en realidad, los del territorio no hemos aumentado sensiblemente, estaremos entre los 70.000 y los 80.000», calcula.

Mejoras

En cuanto a si la Federación de Caza vería mejor volver a poner la tasa, su presidente no se decanta, y prefiere matizar: «Las tasas, si cumplen la finalidad de su concepto, que es un pago que se realiza la Administración para recibir algo a cambio, desde ese punto de vista, seguramente la inmensa mayoría de los cazadores preferirían pagar una tasa y que les repercutiera en tener más caza, en tener mejoras, en que se invirtiera en caza para mejorar el hábitat de los animales».

Sin embargo, «por ahora no hay ninguna contrapartida, no hay mejor caza, ni mejores cotos o instalaciones. De momento la Junta no invierte lo que nos gustaría a los cazadores que invirtiera en el mundo de la caza, que es una fuente de recursos espectacular para la Comunidad, y que mueve en torno a 500 o 600 millones de euros, de manera directa e indirecta», afirma.

Según el presidente de los cazadores, la Junta debería invertir, por ejemplo, «en ayudas que se contemplan en la Ley de Caza, a los clubes de cazadores, a las sociedades de cazadores y a los cotos en general, para la mejora de hábitats, pues entonces repercutiría directamente en la calidad de vida de los animales y en la cantidad de animales que habría en el campo».

Se trata de ayudas que «existieron en su día, hasta la crisis de 2008, cuando se dejaron de publicar. Se publicaban todos los años y había una apertura presupuestaria bastante importante para ese concepto, a la que se acogían los cotos que reunían las condiciones exigidas, y luego realizaban mejoras en el campo, como siempre, selectivas para la protección, para la alimentación. Era una medida que yo creo que era muy positiva y, de hecho, la contempló la Ley de Caza, pero de momento los presupuestos no deben de dar de sí lo que pensaban cuando la hicieron», lamenta.

Por el momento, los cazadores están a la espera del 1 de abril, cuando se abre la veda de la caza del corzo. Una campaña que empieza «con el pequeño revuelo que ha habido con el cambio del control del precinto digital, pero bueno, como hay alternativas como es imprimirlo a través de la aplicación informática, tardaremos más o menos, pero estaremos la inmensa mayoría al día para poder empezar», vaticina.

De parecida opinión es el presidente de la Federación de Pesca de Castilla y León, Carlos Campelo. «La gratuidad de las licencias continuará al menos tres años más, y luego los que decidan, porque es una norma que pusieron desde la Junta por su cuenta, sin consultarnos», apunta. En cuanto a si consideran positiva la norma, dice más o menos lo mismo que su homólogo de la caza: «Depende, porque si tú tienes en cuenta que una licencia de pesca puede valer 14 o 15 euros al año, no sé yo hasta qué punto una persona que le gusta practicar un deporte como la pesca le supone una cantidad preocupante de dinero».

Sin embargo, «si la Junta recauda un dinero y ese dinero después repercute en la mejora de la pesca, pues ahora no lo podría repercutir, claro, porque de las tasas no lo tiene», añade. «Estamos hablando de una cuota de 14 euros anuales, que tampoco lo veo yo como que se acabara el mundo».

A su juicio, lo que debería regular la Junta es que quien quisiera practicar la pesca «debería tener la obligación de estar federado, y en todos los deportes, y tener de ese modo un seguro deportivo. Eso sí que es importante», asegura. «En los tiempos que corren, que una persona, por ejemplo, vaya a hacer montañismo y se pierda, o una persona que vaya a pescar y se quede en la montaña y se rompa una pierna, vale un dineral evacuarla. Pero si todo el mundo tuviera un seguro, estaría solucionado».

«Nosotros cuidamos y defendemos que se ponga solución a esos problemas. Nuestra federativa, que vale 30 euros al año, ya incluye un seguro deportivo al pescador. Yo creo que eso sí que es bueno para los pescadores. En la caza lo primero que te exigen es un seguro, y en la pesca tendría que ser igual», concluye.