Castilla y León acusa al Gobierno de "mercadear" con los menores migrantes y rechaza la "imposición"

La acogida de menores migrantes no acompañados vuelve a estar en el foco del debate político tras el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para la cesión de competencias en inmigración a Cataluña. Una cesión que para la Junta de Castilla y León supone que el Ejecutivo central "mercadea" con los menores migrantes para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, al tiempo que pide que el reparto de estas personas se produzca en los órganos competentes en lugar de ser una "imposición".

En estos términos se expresó este martes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, quien antes de participar en un acto en Salamanca lamentó que "es lo de siempre con el Gobierno de España". "Las competencias de inmigración son propias del Gobierno de España y el Gobierno de España cede ante sus socios independentistas frente a la imposición y la invasión competencial al resto de comunidades autónomas", denunció.

"Nosotros hemos dicho siempre lo mismo", continuó Blanco al respecto. "Somos una comunidad de acogida pero esta acogida ha de debatirse dentro de los órganos correspondientes como ha sido hasta el momento", reivindicó.

Actualmente, y según fuentes de la Consejería de Familia, a día de hoy en Castilla y León hay 180 menores migrantes en acogida. En este contexto, la consejera recordó que el año pasado fueron 21 los menores migrantes que llegaron a Castilla y León "dentro de ese acuerdo de acogimiento en la Conferencia Sectorial", mientras que en el ejercicio precedentes fueron 23. "Entendemos que ese es el órgano en que se tienen que realizar, nunca por imposición y siempre entre todas las comunidades autónomas", insistió Blanco. 

Dentro de sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez, la también vicepresidenta de la Junta aseveró que "el problema es que el Estado no realiza una verdadera política migratoria" y, a este respecto, demandó que "es necesario un control de fronteras, es necesario activar al Frontes, es necesario implementar medidas en origen, es necesario incrementar una financiación y eso es lo que no hace el Estado".

"Para seguir en la Moncloa el señor Sánchez cede permanentemente ante sus socios independentistas, en este caso la imposición de la acogida de menores", agregó Blanco a su argumentación, y denunció en este sentido que "estamos hablando de personas migrantes, de niños y niñas, y no se puede mercadear con ellos que es lo que hace el Gobierno de España".

Preguntada acerca de si en la Comunidad podría producirse una negativa a la acogida de más menores migrantes como ya ha ocurrido en la Comunidad Valenciana fruto de un acuerdo presupuestario entre el PP y VOX, Blanco aseguró que "Castilla y León es una tierra de acogida y Castilla y León va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho con VOX y sin VOX en el gobierno". 

"Llevamos acogiendo menores mucho tiempo, siempre dentro del acuerdo de los órganos correspondientes, en este caso la Conferencia Sectorial de Inmigración. El problema es la falta de una política migratoria real por parte del Estado. Nosotros defendemos una política migratoria legal, una política migratoria ordenada", finalizó la consejera de Familia.

Las comunidades del PP seguirán a Mazón

Junto con las declaraciones de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, este martes también se conoció que las comunidades gobernadas por el PP se negarán a acoger a menores inmigrantes “si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías”, y seguirán así la estela de la Comunidad Valenciana tras el preacuerdo presupuestario entre el presidente valenciano, Carlos Mazón, y VOX, según avanzaron fuentes populares a Servimedia.

“Lo que va a hacer la Comunidad Valenciana es lo que harán todos los territorios del Partido Popular”, señalaron desde la dirección nacional del PP. “Son personas a atender, no paquetes a recepcionar”, añadieron. No aclararon, sin embargo, si explorarán “vías legales” para devolverlos con sus padre, como anunció ayer Mazón, aunque la propuesta del nuevo plan europeo de retornos abre la puerta a esta opción siempre y cuando se identifique a un familiar.

Génova defiende que este planteamiento es “consecuente” con la postura del PP, que fue suscrita en septiembre por el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y por el presidente canario, Fernando Clavijo. Entonces, ambos requirieron al Estado que aporte a las comunidades recursos extraordinarios cuando sus centros de acogida superen el 100% de capacidad en atención de menores no acompañados, y asuma la gestión cuando se supere el 150 por ciento.

“Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país”, explicaron las mismas fuentes.

El PP considera que sus condiciones para modificar la Ley de Extranjería son “muy razonables”, y deploró que el Gobierno “prefiera negociar un decreto con Junts antes que una ley con el PP”. En Génova tachan de “insolidario” que el Ejecutivo esté dispuesto, a su parecer, a “condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados”, como también lo es repartir a los inmigrantes llegados a las costas españolas de “manera asimétrica y siguiendo solo criterios partidistas”. Junts, de hecho, se ha jactado de que a Cataluña llegarán solo entre “20 y 30” menores, mientras que a Madrid le tocan unos 700.

En este contexto, la oposición acusó al Ejecutivo de mercadear con “menores de edad” tras hacerlo en el pasado con leyes como la amnistía, y avanza que analizará “de manera crítica” el decreto que el Consejo de Ministros apruebe hoy “en connivencia con el independentismo”.

“El Gobierno que ya troceó la gestión de fronteras y el control de la inmigración para contentar al independentismo catalán en detrimento del resto de territorios se abre ahora a mandar inmigrantes con carácter discrecional y con criterios políticos. Y con el único objetivo de blindar el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez para continuar en el Palacio de la Moncloa”, concluyeron estas fuentes.