El Estado condonará 3.643 millones a Castilla y León y la Junta lo rechaza: «Es un acuerdo inmoral con los separatistas»

El Estado asumirá 3.643 millones de euros de la deuda de Castilla y León, lo que supone reducir la deuda de la Comunidad en un 26% respecto al cierre registrado en 2023. Lo hace en el marco de una 'condonación' general a todas las comunidades autónomas por valor de 83.252 millones de euros, una medida anunciada en la mañana de este lunes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo de la propuesta, que ha sido remitida a los gobiernos autonómicos para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles, es «corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera que contrasta con el apoyo que han recibido durante el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania», informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

La asunción de 83.252 millones de euros de deuda por parte del Estado es una medida sin precedentes que, según el Gobierno, beneficia a todas las comunidades del régimen común, «independientemente de que hayan contraído deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) u otro mecanismo de financiación extraordinario del Estado».

Muy distinta es la visión del consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, para quien esta 'condonación' de la deuda «es un acuerdo con los separatistas para que Sánchez siga en el Gobierno». Se trata, a su juicio, de un acuerdo «inmoral» con los separatistas. Tanto es así, remarcó, que lo anunció el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras. 

Por ello, la Junta de Castilla y León rechaza este pacto y votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: «Es un acuerdo inmoral que se someta a la votación de los gobiernos autonómicos sin haberlo pactado», remarcó Carriedo en respuesta a este periódico. «Vamos a votar que no a este pacto con los separatistas, porque nosotros no queremos que nos convoquen en Waterloo ni en Suiza, ni queremos tener un mediador internacional, creemos que lo que es de todos debe decidirse entre todos».

Así, se trata de un pacto que le vale «al gobierno y a los separatistas», pero la Junta «no puede aceptar este pacto inmoral». El consejero de Hacienda hizo hincapié en que no se trata realmente de una 'condonación', ya que la deuda sigue existiendo, solo que la asume el Estado, es decir, que «la tendrán que pagar todos los españoles». Una reducción de la deuda que beneficia a unas regiones más que a otras, y no particularmente a Castilla y León, pues «es una comunidad que paga sus deudas y que solo quiere una financiación justa y solidaria».

Carriedo lamentó también que, en el orden del día del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, no hay «un solo punto» que trate del cambio de la financiación autonómica, un sistema «que lleva once años caducado, ya que perdió su vigor en 2014». Precisamente esa financiación es lo que llevan demandando las comunidades autónomas de régimen común, y sin embargo, «el Gobierno convierte la condonación de la deuda en el primer asunto, cuando solo responde a los pactos con los independentistas para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder», remarcó.

Por su parte la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la asunción de la deuda de las autonomías por parte del Estado es buena para los españoles, ya que «con menos deuda hay más Estado de Bienestar», señaló, y aseguró que, gracias a esta medida del Gobierno, las comunidades autónomas «verán reducido de forma significativa su pasivo» y estarán «en mejor posición para reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia».

La titular de Hacienda resaltó que esta actuación «inédita» permite a las comunidades ganar autonomía financiera y poder salir a los mercados en mejores condiciones. También señaló que es «coherente con la política de apoyo a las comunidades autónomas» que el «Gobierno progresista» ha brindado «desde el primer día» para «garantizar los recursos suficientes para prestar servicios públicos de calidad en contextos muy complejos como una pandemia o el impacto de la guerra de Ucrania».

Se trata de una política de apoyo a las autonomías que, según el relato del Ministerio de Hacienda, «ha permitido que, en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, la comunidad de Castilla y León reciba, excluyendo los fondos europeos, 15.548 millones más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy». Entre esos recursos que menciona en Gobierno se cuentan los 1.584 millones de fondos Covid transferidos por el Estado a Castilla y León, o los 373 millones de las liquidaciones negativas de 2020 de Castilla y León que el Estado asumió, entre otras actuaciones.

Cómo se 'condonará'

La 'condonación', o mejor dicho, la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica «cumple el acuerdo de investidura alcanzado con ERC y permitirá a todas las comunidades de régimen común liberar recursos del pago de la deuda para destinarlos a servicios públicos en beneficio de todos los ciudadanos», señala el Ministerio de Montero. Parte de la premisa de reconocer que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera por parte del Gobierno central «no fue adecuada», lo que supuso «un fuerte deterioro de las cuentas de las Comunidades Autónomas, que se vieron obligadas a sobreendeudarse a través de mecanismos como el FLA y, además, a someterse a fuertes restricciones financieras».

La metodología parte, precisamente, del cálculo del sobreendeudamiento. Compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, del 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones, lo que refleja el apoyo que han recibido del Estado.

Según explicó el Ministerio, el diferencial alcanza los 80.310 millones de euros y esa es la cuantía inicial a condonar. El siguiente paso es fijar el reparto entre Comunidades Autónomas. Para ello, la metodología se divide en tres fases. La primera de ellas calcula el grueso del reparto de la condonación, que se realiza a través del criterio de población ajustada. El 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Para Castilla y León esta distribución alcanza los 3.643 millones de euros de condonación, el 26% de su deuda, un porcentaje por encima de la media del 19,3% del conjunto de CCAA.

En la segunda, el objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19,3% de condonación de deuda. Castilla y León no se ve afectada en esta fase porque se sitúa por encima de la media.

Por último, se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que tuvieron durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media.

En segundo lugar, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En el caso de Castilla y León tampoco sería necesario efectuar ningún ajuste.

Los ajustes de estas fases tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son susceptibles de generar comparaciones, como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. De esta forma, el importe total de la condonación para Castilla y León se sitúa en los 3.643 millones de euros.

«Se trata de un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, tengan o no deuda con el Estado», señaló Montero. La vicepresidenta primera emplazó a todas las comunidades a tener un debate constructivo y en positivo sobre esta medida en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Creo que sería difícil de entender para los ciudadanos rechazar algo así», sentenció Montero.