Castilla y León reclama al Gobierno 6.000 millones por la financiación autonómica deficitaria

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, cifró este jueves en 6.000 millones de euros el déficit de financiación autonómica acumulado en la última década, citando datos hechos públicos por el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Se trata de una media de 600 millones de euros al año, lo que «se acerca mucho», apuntó, a la cifra que se calculaba ya en tiempos de Juan Vicente Herrera, cuando se determinó en 580 millones el capital 'que falta' cada año para cubrir los servicios públicos de la Comunidad, tales como la sanidad o la educación. Y esa será la cifra, previsiblemente, que defenderá de cara al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Ministerio de Hacienda para el próximo miércoles, o 26 de febrero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo remarcó «la cifra última que se ha barajado», esos 6.000 millones: «El cálculo lo ha hecho un órgano independiente como es el Consejo de Cuentas de Castilla y León que certifica la existencia de esa diferencia entre el gasto en los tres principales servicios públicos y la cantidad que recibimos del modelo de financiación autonómica, que ni siquiera cubre todos los servicios porque lógicamente la financiación tendría que cubrir el resto de los servicios más allá de la sanidad, la educación y los servicios sociales, que la financiación autonómica no nos da ni para financiar esto», apuntó. 

El portavoz puso de manifiesto las hondas diferencias entre la sociedad de ahora y la del año en que prescribió el anterior marco financiero de las autonomías: «El actual modelo de financiación se aprobó en el año 2009 y desde entonces hemos tenido una crisis financiera, hemos tenido una crisis sanitaria, hemos tenido una crisis de precios y se ha quedado el modelo claramente anticuado, está lejos de la realidad y los costes en prestar estos servicios públicos son mucho más importantes que los que se preveían en el año 2009», detalló.

«Esto ocurre para la mayoría de los ciudadanos, imaginémonos que un ciudadano tiene su nivel de ingresos acordado en el año 2009. Desde entonces aquí han pasado muchas cosas y todo es mucho más costoso», explicó el consejero de Economía y Hacienda. «El esfuerzo que ha hecho la comunidad autónoma en materia de sanidad y educación y de servicios sociales supera ampliamente las previsiones para las que estaba concebida la financiación autonómica, que ya inicialmente no se acomodaba a la realidad de Castilla y León». 

«Estos son principios que seguimos exigiendo», añadió el portavoz del Ejecutivo autonómico. «También decimos que el problema de infrafinanciación o de insuficiencia de recursos de la financiación autonómica lo tenemos todas las comunidades autónomas en España, especialmente las de régimen común, porque el sistema hace ya 11 años que terminó su vigencia, el sistema se ha quedado anticuado y no permite afrontar las nuevas necesidades, las nuevas realidades y los nuevos costes en sanidad, en educación y en servicios sociales, por poner tan solo esos ejemplos».

Carriedo lamentó, de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que al parecer el Ministerio de Hacienda no considera «lo más prioritario» la financiación autonómica, sino el asunto de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Un asunto que se saca a primer plano «por los acuerdos del Gobierno con grupos separatistas», dijo el portavoz, pero la Junta lo que considera prioritario es «financiar los servicios públicos, no financiar la deuda».

«La principal novedad que se tiene es lo que ha hecho saber el Ministerio de que parece que no es el tema de la financiación autonómica el más importante que va a llevar a esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se va a dar un plazo más de tiempo como consecuencia de que el informe de síntesis que había preparado el Ministerio no ha recibido una buena acogida por parte de la mayoría de las comunidades autónomas», apuntó. «En esta tesitura parece que el Gobierno quiere concentrar como principal asunto la cuestión de la condonación de la deuda». 

«Yo insisto, este problema de la condonación de la deuda no es el problema fundamental que tenemos las comunidades autónomas. Tenemos un problema de financiación de los servicios públicos, de cómo se financia la educación, la sanidad, los servicios sociales, el resto de los servicios que tenemos transferidos», apuntó. «Por tanto lo que necesitamos es un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, que ha concluido su vigencia en el año 2014 hace ahora por tanto 11 años». 

Y es que el asunto de la condonación de la deuda «fundamentalmente interesa a los partidos separatistas y al Gobierno, que han acordado formalizar unas condonaciones de deuda, en este caso firmada con los partidos separatistas por un importe de 15.000 millones de euros», subrayó. «Esta es una cuestión que se ha planteado solo con los partidos separatistas, que los demás no hemos pedido, y que ahora se quiere extender al resto. Se quiere dar solución a un pacto para constituir un Gobierno extendiendo el problema al resto de las comunidades autónomas», puso de manifiesto, a la vez que aseguró que los pactos con los separatistas «perjudican claramente a Castilla y León y al conjunto de España».

En cuanto al documento que la Junta quiere enviar para avanzar en ese nuevo modelo de financiación autonómica, Carriedo anunció que la Junta mantendrá la «coherencia» de las alegaciones presentadas en enero de 2022, un documento que el Gobierno demandó a las autonomías y que se ha tomado «tres años enteros» para responder. Eso sí, la Junta examinará y repasará ese documento e incluirá «las novedades de estos tres años, información complementaria, estadísticas que complementar, y acuerdos tomados en las Cortes de Castilla y León en los últimos tres años».

En cuanto al contenido básico del documento, «lo que seguimos pensando es lo mismo por coherencia: primero, que la financiación tiene que negociarse entre todos. Lo que es de todos debe negociarse entre todos y no solo con unos partidos separatistas y extrapolar el modelo al resto; que la financiación autonómica tiene que basarse en criterios de igualdad, de solidaridad y de financiación de servicios públicos con condiciones de suficiencia; que lo que mide la suficiencia en el coste de los servicios públicos es precisamente el coste efectivo de los servicios públicos, que hay que examinar cuáles son los factores que determinan mayores costes en la prestación de los servicios públicos», explicó

Dispersión territorial

Entre estos costes que determinan el mayor gasto en una prestación de los servicios públicos «están, sin lugar a dudas, factores que son consustanciales a nuestra propia Comunidad Autónoma, como es el tema de la superficie, de la dispersión territorial, del envejecimiento de la población, de la despoblación, que son cuestiones que sin lugar a dudas influyen en el coste en la prestación de los servicios públicos», remarcó el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda. 

Carriedo apuntó como una de las novedades a enviar al Ministerio el último de los acuerdos de las Cortes de Castilla y León, «una posición muy contraria al pacto que se había firmado con los partidos separatistas, que suponía la exclusión de una comunidad autónoma de la Agencia Tributaria Española y que suponía la exclusión de una comunidad autónoma del sistema de régimen común del conjunto de la financiación autonómica».

RIS3

Por otro lado, el Consejo de Gobierno revisó el estado de ejecución de la RIS3 (Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente) 2021-2027. En las tres primeras anualidades de vigencia de la Estrategia, se han movilizado 5.400 millones de euros de recursos públicos y privados, se han desarrollado 503 actuaciones en Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y procesos de digitalización, y se han emitido 346 informes técnicos para garantizar la coherencia de las iniciativas con la Estrategia.

El informe de evaluación intermedia destaca e identifica buenas prácticas en su ejecución. En primer lugar, en materia de I+D+i: se han implementado las ‘Iniciativas Emblemáticas’ como principales palancas de desarrollo de las prioridades de la RIS3 y del proceso de descubrimiento de oportunidades empresariales basadas en la innovación; destacan asimismo el desarrollo del Programa Centr@tec, que engloba actuaciones destinadas a la difusión de la innovación en todo el territorio, coordinadas desde el ICECYL a través de los centros tecnológicos y su recientemente creada asociación Noddo; asimismo, la aceleradora avanzada de startups Wolaria del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL); el programa TCUE de transferencia de conocimiento universidad-empresa; el programa Infrared de infraestructura compartida entre universidades; y la creación de la Red de Institutos de Investigación Biosanitaria.

En segundo lugar, en materia de digitalización: se ha impulsado el programa CyL Digital, desplegado en todo el territorio, con el soporte de la red de espacios CyL Digital y de la red de centros asociados; la Red Argos, uno de los primeros proyectos emblemáticos de transformación digital; el programa de competencias digitales de educación #CompDigEdu, también el proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León; y el Portal de Datos Abiertos, que publica información de la Administración de Castilla y León, con una web de visualización de datos que facilita su utilización.

Para la realización de la evaluación intermedia y de la actualización se han realizado 80 entrevistas, 12 mesas de trabajo y un cuestionario online a empresas, entidades de investigación y ciudadanos, movilizando a 215 personas, con una participación continua de 83 empresas.

El enfoque de la RIS3 pretende favorecer la eficiencia de las inversiones públicas y privadas para mantener la 3ª posición en términos de innovación sobre cifra de negocios, sólo detrás del País Vasco y Cataluña, y el esfuerzo tecnológico de Castilla y León (gasto en I+D sobre el PIB), que la sitúa, según los últimos datos publicados por el INE en diciembre, en el 5º puesto entre las Comunidades Autónomas españolas y también en términos de gasto en I+D por habitante.

La Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 fue aprobada en Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el 23 de septiembre de 2021.