Presupuestos
Amilivia advierte que la falta de Presupuestos provoca una «disfunción» en la Autoridad contra la Corrupción
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León pide a las Cortes que se corrija esa anomalía en el nuevo organismo a través de una partida específica
La Comisión de Economía y Hacienda aprueba el Plan Anual de Fiscalizaciones con la abstención del PSOE

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes. ICAL
Nace un nuevo organismo, pero sin consignación presupuestaria. El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, advirtió este lunes de que la prórroga del Presupuesto de 2024 crea «una disfunción» en el funcionamiento de la recién creada Autoridad Independiente contra la corrupción, dado que la dotación prevista no está recogida en las cuentas al no haberse aprobado las de este año. Así lo manifestó durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el Proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2025, que requiere la aprobación de la Cámara, donde explicó que el coste de las seis plazas para el funcionamiento de este órgano interno, adscrito al Consejo de Cuentas, asciende a 365.564 euros y otros 80.000 euros para su funcionamiento.
Esta situación ha llevado al Consejo de Cuentas a remitir un escrito a la Mesa de las Cortes, a la que está adscrito el presupuesto de las instituciones propias, en el que se solicita que se corrija esa disfuncionalidad para el funcionamiento de la Autoridad Independiente, creada el pasado mes de junio, informa Ical.
Este órgano interno, adscrito al Consejo aunque con funcionamiento autónomo, cuenta con seis plazas ya convocadas, de las que se han cubierto dos, una de asesor y otra de letrado, pero insistió en que la partida no está en el presupuesto de 2024, prorrogado a inicios de este año. Luis Gracia Romero, con rango de director general, dirige la Autoridad contra la corrupción desde el pasado mes de junio.

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Amilivia también llamó la atención a los procuradores sobre la necesidad de aprobar la reforma de la ley de la institución para reforzar su independencia y no tener que necesitar la aprobación de este plan de trabajo por las Cortes. En su intervención, subrayó también que están en funciones desde hace un año, aunque aclaró que se realiza el trabajo asignado con total normalidad.
Plan Anual de Fiscalizaciones
La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes aprobó este lunes, con el voto a favor de PP, Vox y UPL-Soria Ya y la abstención del PSOE, el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León para este año, formado por 51 auditorias entre las 17 nuevas y las 34 ya iniciadas, según explicó el presidente de este órgano, Mario Amilivia. A la Comisión acudió el procurador de Vox Javier Teira, que será expulsado del partido, sin saber que «había sido sustituido».
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, aprovechó su intervención para reivindicar la reforma normativa de la institución de manera que se refuerce su independencia y su plan de trabajo no requiera de la aprobación de las Cortes, como subrayó que ocurre con el resto de los órganos de fiscalización autonómico.
No obstante, propuso un derecho de peticiones para que se pueda recoger cualquier propuesta de los grupos parlamentarios, aunque el Consejo reivindique la aprobación autónoma de su plan de trabajo sin que tenga que pasar por las Cortes.

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Todos los grupos destacaron que el plan recoja la fiscalización del endeudamiento de la Comunidad, aunque PP y PSOE entraron en un cruce de reproches en esta materia, mientras que el presidente del Consejo de Cuentas precisó que es un complemento a la cuenta general de la Comunidad y destacó, como novedad, que se informará de la ejecución funcional del gasto.
Amilivia detalló a los procuradores cómo se encuentran algunos de los informes que se arrastran de ejercicios anteriores y precisó que de esos 34 se pueden aprobar ocho o nueve en este primer trimestre, a la vez que recogió la propuesta de analizar también la formación profesional.
La ‘popular’ Paloma Vallejo, que defendió la autonomía e independencia del Consejo, calificó de “ambicioso” el plan presentado y destacó también la auditoria especial del endeudamiento de la Comunidad ante “datos sesgados” de algunos grupos. Vallejo recordó al Grupo Socialista que existe un informe de funcionamiento del HUBU, aunque “parece que no cumple con las expectativas” de la oposición, y le reclamó que “no tiene sentido alabar el trabajo del Consejo de Cuentas y no votar a favor del plan”, por lo que insistió a los socialistas que “recapacitaran”.
El informe de gastos de funcionamiento de centros docentes concertados servirá para que “no se demonice” a los mismos por la oposición argumentó la procuradora del PP, que respaldó las auditorias que propone el órgano de fiscalización para el próximo ejercicio. Por respeto a las instituciones auditadas, explicó que su grupo rechaza las propuestas de resolución de los grupos de la oposición.

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El socialista Eugenio Miguel Hernández subrayó que su grupo convierte las recomendaciones del Consejo de Cuentas en iniciativas parlamentarias y centró su intervención en las fiscalizaciones especiales recogidas en el plan, donde aplaudió que se incluyan una auditoria sobre el endeudamiento de la Comunidad, de la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados y del gasto de la Junta.
Hernández animó a incluir en próximos planes el gasto en las externalizaciones sanitarias para reducir listas de espera y volvió a anunciar que presentarán la propuesta de reversión del Hospital Universitario de Burgos a la sanidad pública ante el sobrecoste del canon. “No revertir el HUBU causa graves gastos a la Comunidad”, aseveró.
En su turno, la ‘popular’ rebatió los datos de aumento del pago de intereses de la deuda con bancos al pasar de 154 millones en 2022 a 278 en 2024, apuntados por Miguel Hernández, y le recordó que de ser así no se podrían prestar los servicios públicos de calidad que “están entre los mejores de España”.
También, Amilivia sostuvo que existe una auditoria del HUBU y están en disposición de recoger cualquier propuesta de los grupos, pero recordó que no pueden fiscalizar a una empresa privada en referencia a la sociedad a la que se paga el canon por la construcción de este hospital.
Por su parte, Miguel Suárez (Vox), que intervino como portavoz de Vox en la Comisión, calificó de “interesante” la incorporación del derecho de peticiones que podrían utilizar los grupos, valoró las fiscalizaciones por mandato legal y apoyó, entre las especiales, las auditorias en ciberseguidad, centros docentes públicos y concertados.
Igualmente, respaldó la auditoria en el ámbito local de la contratación administrativa celebrada por los ayuntamientos capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2024, y llamó la atención para conocer la realidad de los planes de igualdad en los municipios de más de 20.000 habitantes.
Por parte de UPL-Soria Ya, José Ramón García expresó el respeto al trabajo del Consejo de Cuentas, valoró que se incluyan los informes sin terminar de ejercicios anteriores y vio fundamental que se fiscalice la actividad económica y financiera de la Comunidad y que se añada un análisis de la situación de los centros de formación profesional.
También, estimó relevante que se audite la deuda pública y se realice un estudio de las partidas presupuestarias que no se ejecutan y dónde al ser dinero de los ciudadanos de la Comunidad, al tiempo que expresó el apoyo al grueso de los informes de fiscalización propuestos.
El presidente de la Comisión, el ‘popular’ José Alberto Castro, dio la palabra al final de la misma a Javier Teira, que será expulsado de Vox. «El vertiginoso acontecer político ha querido que llegase a estas Cortes sin saber que había sido sustituido, pero como no me gusta hacer lo viajes de balde, quiero aprovechar para tomar brevemente la palabra en esta oportunidad que me brinda generosamente el presidente», apuntó el procurador, quien en tono de despedida, agradeció el trabajo del Consejo de Cuentas y su equipo «en favor de la transparencia, el principio de legalidad y del rigor en el manejo de las cuentas públicas», el cual extendió a la labor “fructífera” hacia los parlamentarios en las las comisiones, “de gran valor en estos meses”.
Y concluyó con una pregunta «retórica, de resonancias agustinianas«. «Si quitamos la palabra, ¿para qué sirve la voz? La voz llega al oído, pero no edifica el corazón», reflexionó Teira, sobre la situación que vive estos días.
Nuevos informes
El Consejo de Cuentas proyecta 17 nuevos informes para su Plan de Fiscalizaciones de este año, al que suma otros 34 en elaboración. Cuatro de las auditorías son por mandato legal: Cuenta General de la Comunidad, Fondo de Compensación Interterritorial, Contratación administrativa general e institucional y cuentas del sector público local de Castilla y León.
Entre las fiscalizaciones especiales están el análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2024, análisis de la gobernanza en materia de ciberseguridad de la Universidad de Burgos, fiscalización de la gestión del personal de las universidades públicas de Castilla y León, ejercicio 2023 y fiscalización de la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y centros concertados de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ejercicio 2024.
En el ámbito local se recogen la fiscalización de la asistencia técnica-informática prestada a los municipios por las diputaciones y entidades equivalentes de la Comunidad Autónoma con especial incidencia en el ámbito de la seguridad informática, el seguimiento de recomendaciones y actualización de la situación de la seguridad informática del Ayuntamiento de Palencia y la contratación administrativa celebrada por los ayuntamientos capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2024.
Se iniciarán además dos auditorías específicas sobre los ayuntamientos de Medina del Campo (Valladolid) y Trabanca (Salamanca) atendiendo a criterios de riesgo, y se fiscalizará la contratación de los 9 ayuntamientos capitales de provincia.
En este mismo ámbito municipal, se profundizará con una auditoría más, continuación de la actualmente en elaboración, que pretende analizar los procesos de estabilización llevados a cabo para paliar las altas tasas de temporalidad en los ayuntamientos de Castilla y León. Se ha proyectado también la actualización y seguimiento de otra auditoría de ciberseguridad ya efectuada, en este caso sobre el Ayuntamiento de Palencia.