El PP confía en que VOX respalde los presupuestos para poder rebajar el IRPF
Tras la ruptura del pacto, las cuentas de 2025 se presentan como la cuestión más importante de lo que resta de mandato / Las consejerías, incluidas las hasta ahora en manos de VOX, ya enviaron sus partidas presupuestarias
Castilla y León ha vivido esta última semana una verdadera tormenta política que ha desembocado en la ruptura del pacto de gobierno entre el PP y VOX y la conformación de un nuevo Ejecutivo autonómico que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se apresuró a reconfigurar para transmitir a los ciudadanos «tranquilidad» y «estabilidad». El objetivo de Mañueco es encarar con la mayor normalidad posible la última etapa de la legislatura con un gobierno en solitario pero que apuesta por el diálogo con otras formaciones, y eso pasa por avanzar en la elaboración de los presupuestos para 2025. Unas cuentas en las que, además, el PP confía en contar con el apoyo de sus exsocios pasa sacar adelante, entre otras medidas, una nueva rebaja del IRPF.
En el último debate sobre el estado de Castilla y León, celebrado la última semana de junio, Fernández Mañueco anunció una nueva rebaja del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) de medio punto en el tipo mínimo de la tarifa autonómica, pasando así del 9% actual al 8,5. Esta reducción, que beneficiará a todos los ciudadanos y consolidaría a la Comunidad como la segunda de España con el tipo más bajo, se pondrá en marcha en 2025.
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La posibilidad que baraja el Ejecutivo castellano y leonés es incluir esta rebaja del IRPF en la ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, también conocida como la ley de acompañamiento, ya que la otra opción es tramitarlo vía Cortes como una disposición con rango de ley.
Ante este escenario la nueva Junta, ahora solo bajo las siglas del Partido Popular, confía en que una vez que los presupuestos y la ley de acompañamiento lleguen a las Cortes reciban el apoyo de los trece procuradores de VOX para así salir adelante, tal y como señalan a este periódico fuentes consultadas. Pese a la ruptura del pacto de gobierno por parte de VOX tras el anuncio de la acogida de 21 niños inmigrantes, representantes de ambas formaciones han insistido en la sintonía que existía en muchos temas, e incluso el propio Mañueco insistió este viernes en su voluntad de apostar por el diálogo. Además, a lo largo de los dos años y medio que ya han transcurrido de legislatura, y también fruto de ese acuerdo, los socios han votado de manera coordinada en un sinfín de asuntos.
El PP trabaja en la elaboración del presupuesto para 2025 que ya ha iniciado su recorrido y dentro de su objetivo de hacer gala de estabilidad a pesar de la convulsión política de las últimas semanas. Además, Mañueco aseguró este viernes que no está en sus planes convocar elecciones anticipadas, más allá de que pudiera optar por un adelante técnico en otoño del año que viene y evitar así unas elecciones en febrero del 2026, algo de lo que no está por la labor. En cualquiera de los casos, las próximas cuentas son una de las cuestiones más importantes de la acción de gobierno de lo que queda de legislatura, de ahí que el trabajo vaya enfocado a sacarlas adelante.
Con todo, y a decir de las mismas fuentes, si no se llegaran a aprobar unos nuevos presupuestos tampoco se interpretaría como una catástrofe, puesto que los que están en vigor para este año 2024 suponen unas cuentas récord, las más altas en la historia de Castilla y León, y podrían prorrogarse.
Futuribles aparte, el PP apela al apoyo de VOX para los presupuestos ya que eso será determinante a la hora de poder aprobar la rebaja del IRPF. La realidad es que, en el caso de que las cuentas naufraguen en las Cortes, la posibilidad que resta para sacar adelante la bajada es tramitarla en el Parlamento como disposición con rango de ley. La tramitación podría alargarse e incluso los grupos de la oposición podrían llegar a tumbar la proposición. Y no solo eso, esta vía abriría la puerta a enmiendas inasumibles para los ‘populares’ que, irremediablemente, deberían desistir en su empeño.
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Pero más allá de la cortesía parlamentaria de la que puedan hacer gala los ya exsocios de gobierno, el principal argumento al que se aferra el PP es que varias consejerías estaban todavía dirigidas por representantes de VOX cuando se inició la tramitación de los presupuestos, como son Industria, Comercio y Empleo; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Cultura, Turismo y Deportes, aunque esta última no ha cambiado de titular ya que Gonzalo Santonja cuenta con la confianza de Mañueco. Estos consejeros también enviaron sus proyectos de presupuestos antes de que pacto saltara por los aires, de manera que las líneas maestras las han definido los de Abascal. Eso no quita, aún así, que durante VOX pueda introducir algunas enmiendas.
El envío de estas partidas presupuestarias por parte de todas las consejerías se debe a que el pasado 4 de junio la Junta publicó la orden para iniciar la elaboración de los presupuestos para el año 2025, y con ella dio luz verde a que las distintas carteras se pusieran manos a la obra. Tanto es así, que en este intervalo de tiempo ya se han producido las primeras reuniones de la Comisión de Presupuestos con los secretarios generales para ir perfilando algunas cuestiones. Secretarios generales que, además, se mantienen en sus puestos en Industria y Agricultura a la espera de, si se da el caso, ser cesados y pese a la salida de los consejeros Mariano Veganzones y Gerardo Dueñas.
Después de estos primeros avances que suponen pasos importantes, la Junta está a la espera de que este lunes tenga lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que participarán el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Allí, el Ejecutivo central trasladará la información necesaria en materia de déficit y entregas a cuenta, datos ineludibles a la hora de avanzar en la redacción del proyecto de presupuestos.
Finalmente, para después del verano está previsto también que se lleven a cabo los ajustes realizados por la Consejería de Economía y Hacienda sobre los proyectos de presupuestos presentados por el resto de carteras, es decir, ajustes que en el caso de Industria, Agricultura y Cultura se aplicarán sobre cuentas elaboradas bajo el paraguas de VOX pero que no son algo nuevo, sino que siempre se llevan a cabo sobre los proyectos de todas las consejerías.
Para el PP, que VOX haya sido parte activa en los pasos dados hasta la ruptura del pacto sería razón suficiente para confiar en el apoyo de sus exsocios una vez que las cuentas lleguen las Cortes y, con ellas, esa rebaja del IRPF que Mañueco anunció hace unas pocas semanas y que supone un paso más en su firme apuesta por una fiscalidad «moderada e inteligente». Es más, la aprobación de esta reducción tributaria se produjo en ese mismo pleno sobre el estado de la Comunidad, además de que se aprobó con los votos de VOX, puesto que la formación de Santiago Abascal siempre se ha mostrado partidaria de ir adoptando rebajas fiscales. De hecho, no sería la primera rebaja fiscal que sacarían adelante PP y VOX, dado que ya aprobaron medidas en esta línea en los anteriores presupuestos como gobierno de coalición.
Ceses oficiales
Todo este escenario que baraja el PP nace de la salida de VOX del Gobierno, la cual se hizo oficial y definitiva ayer cuando el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó, en una edición extraordinaria, los ceses y nombramientos que han conformado la reestructuración del nuevo Ejecutivo autonómico. De esta forma queda en negro sobre blanco lo que ya se anunció a lo largo de la mañana del viernes, como son los ceses de dos consejeros, la dimisión del vicepresidente y las nuevas incorporaciones al Consejo de Gobierno.
Con su publicación en el Boletín se certifica el cese por parte de Mañueco del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, y de su compañero en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas. Ambos eran de VOX, al menos hasta que abandonaron la formación de Santiago Abascal en un último interno de mantenerse en el gobierno regional, aunque sin resultado, por lo que ahora tendrán que buscarse otro destino.
Llama la atención también, entre la batería de acuerdos que publicó el Bocyl extraordinario de este sábado, que la salida del ya exvicepresidente, Juan García-Gallardo, del Ejecutivo autonómico, se anunció también como un cese por orden de Mañueco y no a petición propia, a pesar de que fue este viernes cuando el propio García-Gallardo anunció su dimisión del cargo y se la comunicó al presidente mediante carta.
Una cuarta salida en el Ejecutivo autonómico es la de la hasta ahora consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, que en este caso no abandona la Junta sino que se pone al frente de la Consejería de Agricultura.
Asimismo, otro de los acuerdos publicados y que también podría enmarcarse dentro de los cambios de responsabilidades es el corresponde a Isabel Blanco, que asumirá la vicepresidente de la Junta en sustitución de García-Gallardo. Eso sí, solo se hará cargo de las funciones, puesto que el área y sus altos cargos se suprimirán como ya anunció este viernes Mañueco. Además, Blanco, compaginará estas nuevas responsabilidades como número dos del gobierno de Castilla y León con su actual cargo de consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Finalmente, los dos últimos acuerdos que publicó el Bocyl este sábado son los nombramientos, las dos personas elegidas por Mañueco para completar su ejecutivo monocolor después de que VOX hiciera saltar por los aires el pacto. El primero de ellos es el de la hasta ahora delegada territorial de la Junta en Zamora, Leticia García Sánchez, quien ahora se pondrá al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
La segunda incorporación al Ejecutivo autonómico llega también desde otra delegación territorial, en este caso la de Segovia, ya que su hasta ahora titular, José Luis Sanz Merino, se pondrá a los mandos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.
Con esta batería de acuerdos se da por completada la reconfiguración del gobierno de la Junta. Se confirma, además, que al menos por el momento no se han producido dimisiones entre los altos cargos de las consejerías cuyas anteriores cabezas visibles fueron desahuciadas a pesar de que hicieron todo lo posible por conservar el cargo. Una docena de secretarios y directores generales que, al menos por el momento, esquivan la tormenta y mantienen sus responsabilidades.