El informe de la Junta sobre la ley de Concordia determinará si las Cortes piden otro al Consultivo

La Mesa de las Cortes acordó este miércoles esperar al informe preceptivo de la Junta de Castilla y León sobre la proposición de ley de Concordia de Castilla y León y valorar una vez que se cuente con éste si se pide uno al Consejo Consultivo, como requiere el Grupo Socialista, en una decisión que su portavoz, Luis Tudanca, censuró por “la sumisión” del Legislativo al Ejecutivo.

Nada más registrarse por los grupos Popular y de VOX su propuesta para elevar a rango de ley la concordia, conforme a uno de los puntos de su acuerdo de gobernabilidad, la oposición socialista registró un escrito a la Mesa de las Cortes para que solicite un informe al Consejo Consultivo de Castilla y León.

Conforme a la ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, la petición de una consulta facultativa, como solicita el Grupo Socialista, requiere el acuerdo unánime de la Mesa de las Cortes oída la Junta de Portavoces. El órgano rector de la Cámara, que preside Carlos Pollán, vio hoy el escrito socialista que “dejó sobre la mesa”.

En su comparecencia ante la prensa, Tudanca manifestó que “se ha visto la cara más hipócrita” del PP cuando en el último pleno se sumó al PSOE para condenar la dictadura franquista y apoyar a sus víctimas, dejando solo a su socio de VOX, y “quince días después se han visto dudas y tambaleo”.

“El Partido Popular no es capaz de mantener sus convicciones de hace quince días”, censuró el portavoz socialista, que arremetió contra “la sumisión” y contra “si la Junta tiene que decir a las Cortes lo que tiene que tramitar”.

Al respecto, calificó al PP de “rehén” de VOX y se mostró convencido de que la proposición de ley se tomará en consideración sin solicitar el informe al Consultivo, pero advirtió de que el PSOE hará “todo lo que esté en su mano contra esta ley de la discordia”, ya sea a través de los instrumentos del Gobierno o con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, informa Ical.

Poco después, el portavoz popular, Raúl de la Hoz, afeó que el PSOE pida un informe al Consultivo y “se rasgue las vestiduras” aquí cuando en el Congreso el PP solicitó uno al Consejo de Estado en relación a la ley de amnistía, sin que se tuviera en cuenta y siguiera la tramitación de esta norma.

“Ningún problema, ni complejo, ni miedo al Tribunal Constitucional o al Consejo Consultivo”, argumentó de la Hoz, quien, a preguntas de los periodistas en relación a si la PPL se tomará en consideración sin pedir informe al Consultivo, precisó que, una vez se cuente con el de la Junta, se valora si se pide o no, aunque sí defendió la legalidad de la norma registrada junto a VOX.

Senado

Mientras que esto sucedía en las Cortes de Castilla y León, el Grupo Popular defendía en el pleno del Senado las leyes de Concordia, impulsadas por PP y VOX en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, mientras los socialistas exigieron su retirada para que en España no haya dos partidos de “ultraderecha" en una moción que defendió el vallisoletano Javier Izquierdo, quien se dirigió a los ‘populares’ para pedirles que se desprendan de sus socios porque están sufriendo, dijo, el “abrazo del oso" y van a terminar devorados por el “monstruo”.

La iniciativa frente al "blanqueamiento del golpe militar de 1936 y la dictadura", que incorporó enmiendas de los grupos Izquierda Confederal y Plural, fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, a la que se unieron VOX y UPN y la abstención crítica de Esquerra Republicana de Cataluña, si bien la votación no se producirá hasta el final del pleno. El PSOE y el resto de grupos apoyaron el texto en el que se reafirma el carácter democrático del Estado y la legitimidad del Gobierno y se pide a las comunidades que cumplan con lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, si bien los socios del Gobierno exigieron su desarrollo normativo.

El senador ‘popular’ Miguel Ángel Jerez expresó la condena de su partido de “todas las dictaduras” sufridas en España, pero también en Cuba y Venezuela, y de los “dictadores vivos y muertos”. “Atrévanse”, dijo retando a los socialistas, a quienes acusó de intentar un nuevo “ejercicio de revisionismo”, con el fin de “ensanchar el terreno de la diferencia”, algo en lo que no participarán, por lo que descartó esta moción por ser “incoherente”.

El socialista Javier Izquierdo indicó que el problema de fondo es el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró ha abierto la puerta a la “ultraderecha” a cambio de negar la memoria democrática y la dignidad de las víctimas. “Tienen un serio problema con VOX”, dijo para plantearles un “test de valores democráticos” al PP sobre si España es una dictadura, si Franco, Hitler y Stalin fueron unos dictadores o personajes históricos o si el golpe del 36 fue la “última cruzada de liberación”.

Además, el senador ‘popular’ señaló que rechazar las iniciativas legislativas de Concordia supone “deslegitimar” a los parlamentos autonómicos, porque en su opinión los socialistas no soportan una “verdad distinta” y tratan de “imponer su relato”, porque -dijo- quieren que la historia sólo se escriba “de una manera”. “Les guste o no, es igual de democrático que sus leyes de memoria”, dijo para apostillar: “Lo tienen que aceptar”, porque lo contrario es hablar de parlamentos “buenos” y “malos”.

Izquierdo pidió un “mínimo sentido común” al PP, tras asegurar que de VOX no esperaba nada, a quienes pidió que renieguen del “blanqueamiento” del golpe militar y la dictadura, tras recordarles las sedes atacadas y la agresión física al socialista Olegario Ramón, exalcalde de Ponferrada (León). De esta forma, criticó la "vía regresiva" de Alfonso Fernández Mañueco y Feijóo y acusó al vicepresidente Juan García-Gallardo (VOX) de sembrar “discordia” y “odio”, porque en su opinión tiene todas las “fobias”, porque además “amenaza” con sus palabras a sindicatos, inmigrantes o mujeres.

Por contra, el PP, que aseguró pretende honrar a “todas” las víctimas, no discutió la legitimidad del Gobierno para constituirse, pero sí para mantenerse en el poder por sus pactos, al tiempo que puso en valor la Transición española y rechazó la “revancha”, porque en su opinión lo que corresponde es el abrazo entre todos para no “deshacer” el camino de concordia de los antepasados. Sin embargo, Javier Izquierdo insistió en que recuperar los cadáveres de víctimas del golpe o la dictadura es una cuestión de “mínima humanidad” y puso de ejemplo el caso de Julia, hija de un fusilado en Valladolid, que todavía no ha encontrado el cuerpo de su padre.

Apoyos y críticas

En nombre del Grupo Izquierda Confederal, Carla Delgado formuló una enmienda al texto para recoger el compromiso de desarrollar la Ley de Memoria Democrática. También, la senadora María del Carmen da Silva, del Grupo Plural, planteó exigir y no sólo recordar a las comunidades su obligación de cumplir las leyes y medidas contra la dictadura franquista y pidió investigar la represión contra las mujeres.

El socialista Juan Antonio Sagredo aceptó la propuesta de la Izquierda Confederal y dos de las planteadas por el Grupo Plural, al tiempo que pidió al PP volver al centro. “Recapaciten. España les estará esperando”, dijo.

Desde el Grupo Mixto, el senador de VOX Ángel Gordillo aseguró que es su partido quien promueve la “eliminación en España de la censura” frente a quienes consideró querían imponer en España su visión “sesgada” de la historia. “Cada uno tendrá su visión de los hechos”, replicó para rechazar la imposición del “pensamiento único” y expresó su respeto a “todos”, a los casos de las víctimas y a los que lucharon en una época de crisis de las democracias europeas.