Historiadores rechazan la Ley de Concordia de PP y VOX por "ausencia de rigor histórico y criterio científico"

Historiadores, investigadores y profesores de Castilla y León se han unido para mostrar su frontal rechazo a la proposición de ley de Concordia presentada por PP y VOX en las Cortes. Una iniciativa que según la declaración que ya han firmado más de un centenar de personas, "apela a un supuesto 'rigor histórico' y un 'criterio científico' que brillan por su ausencia". "Desvirtúa las políticas de memora democrática actualmente vigentes", agrega el texto, al tiempo que añade que "se basa en una visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931 a 1978".

La declaración, titulada 'No hay concordia sin memoria' y publicada en el blog Conversación sobre la historia, cuenta ya con 107 firmantes entre los que figuran profesores universitarios de distintas ramas de conocimiento de la Comunidad, así como representantes de asociaciones, investigadores y personalidades de otros ámbitos. Igualmente, existen otros 226 nombres que muestran su apoyo a la declaración y entre los que aparecen los de miembros de distintas universidades de España y del mundo, historiadores y empleados públicos, entre muchos otros.

En total 333 personas que a día de hoy respaldan la declaración de los historiadores de Castilla y León que asegura que la proposición de ley de PP y VOX "evidencia un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en las políticas de memoria democrática que, con demasiada lentitud, se han ido abriendo paso en España y, más aún, en Castilla y León".

"Como investigadores y estudiosos de la historia contemporánea de España, señalamos nuestras discrepancias con la citada proposición de ley, que apela a un supuesto 'rigor histórico' y un 'criterio científico' que, en nuestra opinión, brillan por su ausencia", agrega la declaración.

Ahondando en el contenido de la proposición de ley, los historiadores coinciden en que "no existe un relato absolutamente consensuado sobre la II República", pero aclaran que "hay un amplio acuerdo en el ámbito académico al considerar que fue un régimen democrático con alternancia política, elecciones libres y amplio catálogo de libertades y derechos ciudadanos".

"Integrar los años de la II República en el mismo periodo de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la primera transición, sugiriendo una continuidad homogénea en cuanto a conflictos, persecuciones y violencias, resulta altamente distorsionador de la realidad histórica y supone casi tanto como equiparar democracia y dictadura", explican, al mismo tiempo que agregan que lejos de "idealizar" la República, está considerada "el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podamos contemplar al mirar nuestro pasado".

Más adelante, la declaración 'No hay concordia sin memoria' detalla que se han podido acreditar "unas 16.000 víctimas mortales, como mínimo, debidas a la represión franquista en las provincias de Castilla y León, ya fuera por sentencia de consejo de guerra, asesinato extrajudicial o muertes en cárceles o campos de concentración".

"No podemos asumir que a día de hoy las instituciones democráticas españolas no otorguen una atención prioritaria a las víctimas del terror franquista y a sus familiares, puesto que durante décadas, incluso en la democracia, fueron desatendidas y ni siquiera pudieron tener en muchos casos el duelo y las honras fúnebres debidas en una sociedad civilizada, mientras que las otras, los llamados 'caídos por Dios y por España', recibieron ayudas y atención memorial de las instituciones desde el primer momento", relatan.

Ante esta premisa, defienden que "esta atención específica a las víctimas de la violencia franquista, que es la médula de las normas estatales y autonómicas hoy vigentes sobre memoria democrática, está ausente en la proposición de ley, en la cual se mezclan indebidamente todo tipo de víctimas desde 1931 hasta 1978, haciendo una innecesaria referencia a las víctimas del terrorismo posterior".

Ya en otro punto de la declaración, los historiadores firmantes lamentan que el artículo 4.4 de la proposición de ley, que habla de preservar la identidad de las personas involucradas en los procesos de recuperación, "es tanto como impedir el conocimiento de los hechos históricos, el derecho a la verdad y a la libertad de investigación, sin perjuicio de lo establecido por las leyes para la protección de datos personales".

En cuanto a la Comisión de Exhumaciones que la proposición de ley pretende crear, los historiadores lo valoran como "un retroceso respecto del decreto de 2018" cuando excluye "a las asociaciones de memoria histórica, a la universidad, a las Cortes y otros estamentos, a los que se otorgaba una función consultiva".

"La concordia se ejerce más que se legisla sobre ella", asevera la declaración, "de lo contrario resulta una expresión vacía de contenido que de una u otra forma conduce al olvido de las víctimas y de los orígenes de la dictadura". "No tan difícil debería ser consensuar una memoria histórica entre cuantos compartimos los valores democráticos y de convivencia amparados por la Constitución. En todo caso, es un deber moral y una obra de justicia que nos obliga a todos atender las demandas de todas las víctimas de la violencia política, empezando por las de la Guerra Civil y la dictadura franquista, que son las que más tiempo llevan esperando", concluyen los historiadores, no sin antes exigir "a los grupos de PP y VOX de las Cortes de Castilla y León la retirada de la proposición de ley de Concordia".