CCOO y UGT piden al Gobierno que aplique el 155 en Castilla y León por su “insumisión” en el Serla

El secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Frail e, anunció hoy que han solicitado junto a UGT al Gobierno, a través de su delegado en Castilla y León, Nicanor Sen , que aplique el artículo 155 de la Constitución en la Comunidad y asuma las competencias de mediación de la Junta porque “se ha declarado en rebeldía” al bloquear la financiación del Serla. Aclaró que ambas organizaciones remitieron un escrito a Sen la semana pasada para exigir la intervención del Gobierno de la Comunidad, ante la falta de financiación de la Junta al Serla, que impide a los trabajadores y empresas a ejercer su derechos a la mediación, como reconoce la legislación laboral. En este sentido, Fraile apeló a la intervención del Gobierno central para garantizar la “igualdad” de los trabajadores de Castilla y León y porque “se está cercenando” su derecho.

“La Junta por la vía de los hechos se viene declarando insumisa, en rebeldía porque no cumple con sus obligaciones, que es ejecutar la legislación laboral y cumplir con la mediación”, dijo. Recordó que hay una sentencia del Tribunal Supremo que otorga al Serla la exclusividad en esta materia en la Comunidad, tras el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC) suscrito entre empresarios y sindicatos, avalado por los servicios jurídicos de la Junta, cuando el actual portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo ejercía las competencias. Así, sus competencias en conflictos colectivos en Castilla y León e individuales también en Valladolid, “no pueden ser asumidas” por los Servicios de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Junta, según informa Ical.

Fernando Fraile recordó que la situación generada también está en el vía judicial en el TS, porque “hay una vulneración de derechos fundamentales, como es la libertad sindical y a la negociación colectiva”, ante el ataque al ASAC suscrito dentro de la autonomía de sindicatos y empresarios. El secretario de CCOO recalcó además que llevan tiempo pidiendo la intervención del Gobierno y reseñó que gracias a la “importante colaboración” de la vicepresidenta tercera y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, y sus requerimientos, lograron que “no se liquidase” el Serla, ya que la Consejería de Empleo, y su consejero Mariano Veganzones, “se vio obligada a dar marcha atrás cuando querían extinguir el organismo”.

El secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT, Raúl Santa Eufemia, explicó a Ical, que el objetivo es buscar otra alternativa más allá de las acciones jurídicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para lograr recuperar la ejecución de la mediación en la Comunidad. Raúl Santa Eufemia recordó que ya anunció este posible paso formal en enero, para que el Gobierno, a través del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asuma ese ámbito competencial que la Junta no quiere ejercer.

Fernando Fraile relató que llevan dos años denunciando el “estrangulamiento financiero” que sufre el Serla, tras la llegada del consejero de Vox a la consejería, lo que supone que “no puede cumplir con los fines de interés general que tiene encomendados”, una situación “ilegal”, porque la Comunidad, tiene “trasferidas las competencias en ejecución de la legislación laboral y asumidas así la conciliación, la mediación y el arbitraje laborales”. “Es un servicio público que debe garantiza la Junta y que en Castilla y León solo puede realizar el Serla, que no cuenten otras coas”, sentenció. Fraile, que compareció junto al mediador del Serla Cándido Alonso, denunció que desde el pasado 22 de enero, el Serla no puede cumplir con sus labores de mediación, y ya hay más de 600 trabajadores afectados. “La Junta impide a los trabajadores su derecho a la mediación para poder llegar a acuerdos y evitar la vía judicial que alarga en el tiempo los conflictos y solo ocasiona problemas”, lamentó.

El secretario de Acción Sindical de CCOO CyL puso de relieve que “cada día hay más problemas” en el Serla, y relató que la arrendadora de la sede ya ha acudido a la vía judicial ante el impago de enero y febrero, al igual que la empresa de limpieza que ya “ha hecho un requerimiento para el abono de esos meses”; así como distintos proveedores de material informático. “Se les adeudan facturas e iniciarán los trámites que corresponda sino se les paga”.

Fernando Fraile lamentó la falta de “voluntad política” para abonar los 400.000 euros comprometido para este año, una cantidad “absolutamente insuficiente”, ya que ya se arrastra un déficit por encima de esa cuantía de 2023. Sospechó que cuando Veganzones afirmó ayer que estaban a la espera de autorización de Hacienda para su abono, lo cierto será que su departamento “que está hecho un solar, no ha hecho las gestiones oportunas”. “Cuando han tenido que hacer otras aportaciones lo han resuelto en dos semanas”, rememoró. Asimismo, criticó que se reproche desde la Junta, que el Serla tenga que abonar un alquiler, cuando se les ha ofrecido el local de la Oficina Territorial de Trabajo, porque ahí solo dispondrían de una sala de forma continuada y otra compartida, cuando necesita cinco diarias. Expuso al respecto que llevan años pidiendo un local público que “no cueste dinero” y que permita prestar el servicio.

Fraile también lamentó los problemas que se está provocando a los trabajadores, que en el mejor de los casos, si el próximo Consejo de Gobierno da luz verde a los 400.000 euros, percibirán su nómina de enero (entre 23.000 y 28.000 euros perciben al año, precisó) con un mes de retraso. “No tiene sentido lo que hacen, ponen en riesgo a las familias de los trabajadores”, dijo, para denunciar también el “hostigamiento” que sufre el director del Serla, que lleva nueve meses sin cobrar. “Es vergonzoso”, enfatizó. “La situación está provocada de mala fe, de forma intencionada por el consejero de Empleo de Vox, y consentida por la parte mayoritaria del Gobierno, al que llamamos al sentido de la responsabilidad para que acabe de una vez por todas con esta situación”, dijo.

Algunos datos

El secretario Acción Sindical de CCOO CyL ensalzó que a pesar de todo, el Serla tramitó el año pasado el mayor número de conflictos laborales en sus 25 años de historia. Precisó que abordó más de 5.200 conflictos individuales en Valladolid, un tercio del total de Castilla y León; así como 394 colectivos, con 153.000 trabajadores implicados, lo que evitó huelgas, desbloqueó convenios, y alivió de trabajo a los juzgados de los Social. Aseveró que más de 20.000 personas pasaron por la sede del servicio en la capital del Pisuerga. Por último, constató que el el 70% de las mediaciones del año pasado, se cerraron con acuerdos, un porcentaje que “ahora irá a la vía judicial”, donde un juicio tarda seis meses en celebrarse y si se recurre, se alarga otros doce meses más, con su “impacto emocional” sobre los trabajadores.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, trasladó hoy que si el Ministerio de Trabajo quiere que la mediación laboral recaiga en un “instrumento privado” que lo “financie”. “No admitimos el ‘yo invito y tú pagas’ del Gobierno”, manifestó Veganzones en un mensaje en su cuenta de X para responder a la petición de los sindicatos de que se aplique el artículo 155 de la Constitución en la Comunidad, y el Estado asuma las competencias en mediación. Veganzones recalca en su mensaje en redes sociales que la “extrema izquierda” entiende que “la mediación es competencia del Ministerio de Trabajo” y sentencia: “Lo que tiene que hacer es financiarlo si quiere que lo haga un instrumento privado sindicatos-patronal (el ASACL) y que lo extienda a toda Castilla y León”, según informa Ical.