CCOO denuncia “indefensión” de los funcionarios tras 9 agresiones en la cárcel de Salamanca

Comisiones Obreras denunció este miércoles la “indefensión” del personal penitenciario en el desempeño de sus labores tras contabilizar un total de nueva agresiones en la cárcel de Topas, provincia de Salamanca, durante el pasado año 2023. “CCOO lleva mucho tiempo manifestando que el personal penitenciario está indefenso ante las agresiones que padece masivamente, porque las medidas que toman los responsables de Instituciones Penitenciarias dejan sin prevención ni protección al personal”, manifestó el sindicato en un comunicado.

CCOO considera que la Administración Penitenciaria carece de medidas preventivas para afrontar la violencia en el trabajo. “La única actuación que ha adoptado en los últimos 20 años de incremento de agresiones, es la articulación del protocolo ‘Peafa’, que no es preventivo, no protege al personal y recorta los derechos de la Ley de Prevención al personal de prisiones”, matizó la organización, recordando que es la única estatal de la mesa de negociación que así lo ha manifestado, no firmando dicho protocolo, informa Ical.

Según las últimas estadísticas oficiales del año 2023 facilitadas por la Administración a CCOO Topas, las agresiones alcanzaron a nivel nacional un total de 508 , nueve de ellas en el Centro Penitenciario de Topas. “Estas son las agresiones físicas, si incluyéramos las verbales, habría que ampliar a varios miles más”, apuntó la organización sindical.

Las agresiones, por tanto, se han convertido en un “riesgo estructural y endémico” de la actividad laboral en prisiones, una “violencia laboral”, que ha aumentado por cada mil presos en un 113,94 por ciento desde 2010. “El servicio de prevención mira hacia otro lado con las agresiones que se repiten permanentemente año tras año, sin que se haya estudiado las razones que las originan, o las medidas para evitarlas y obviamente, sin ninguna propuesta para evitarlas”, lamentó el sindicato.

Para CCOO, las agresiones se pueden evitar y reducir únicamente con medidas de prevención de riesgos laborales de las que se está privando al personal penitenciario. “La indefensión del personal frente a las agresiones es total, no solamente preventivamente, sino también regimentalmente, toda vez que, en su afán de maquillar los datos, Instituciones Penitenciarias relativiza, infravalora el número y la gravedad de las mismas, transmitiendo una imagen externa totalmente edulcorada para justificar una gestión que, en los hechos, maltrata la salud del personal de prisiones”, consideró.

Propuesta de medidas

Por esta razón, el sindicato propuso medidas para el abordaje de las agresiones que garanticen la integridad y el derecho a la salud de todo el personal de prisiones, basadas en la prevención, la protección y el apoyo a las víctimas de la violencia en el trabajo.

Entre ellas, la aplicación íntegra de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales al personal penitenciario. Además, la evaluación de las causas y los riesgos, la aplicación de medidas preventivas que se anticipen al riesgo la modificación de las medidas que no solucionen el riesgo y la protección del derecho a la salud de la población penal, especialmente en materia de salud mental.

Por otro lado, reclamaron la adecuación de la clasificación regimental a la realidad penitenciaria, la distribución de equipos de protección individuales adecuados a los riesgos afrontados y el apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de las agresiones. Todo ello unido a un reconocimiento como agentes de la autoridad en el ejercicio de su profesión.